Mientras el régimen Ortega Murillo cancela las personerías jurídicas de organizaciones de la sociedad civil ha creado “asociaciones paraestatales”, como la llamada organización Defensores de la Patria, lo que representaría la legalización del “paramilitarismo” en Nicaragua, advierte presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Vilma Núñez.

“Nos destruyen y paralelamente están creando asociaciones paraestatales, otorgándoles personería jurídica, la más preocupante es la llamada ‘Defensores de la Patria’, publicada en La Gaceta el pasado 24 de abril del presente año y está compuesta por antiguos desmovilizados del Ejército, del Ministerio del Interior y de la antigua seguridad del Estado, prácticamente es la legalización del paramilitarismo en nuestro país”, sostuvo Núñez.

Esta fue parte de la intervención de la defensora de derechos humanos durante la audiencia referida a derechos humanos, desarrollo y libertad de asociación en el 172 período de sesiones de la Comisión Interamericanas de Derechos Humanos (CIDH), celebrada en Jamaica.

De esa manera, Núñez expuso la cancelación de la personería jurídica y la usurpación de los bienes e instalaciones de nueve organizaciones de la sociedad civil, entre estos la organización que preside por lo cual exigió su restablecimiento inmediato.

“Las puertas de CENIDH ya no se abren, están tomadas por la Policía (y) personas encapuchados”, denunció Núñez, lo que repercute en las miles de víctimas que han confiado en esa organización, al tiempo que destacó la urgencia de la presencia física de la CIDH en Nicaragua.

“¿Qué desarrollo se puede esperar si se priva de todo bienestar económico a una población cada vez más asediada, militar y económicamente por el desempleo, las cargas tributarias, el encarecimiento de la canasta básica que limita el derecho a la alimentación? ¿Dónde denunciar?”, expuso la defensora de derechos humanos.

También afecta las posibilidades de desarrollo de nuestro país, puesto que el desarrollo requiere de un diálogo básico entre el Gobierno y sociedad civil, de una fluida cooperación entre gobernantes y gobernados y el CENIDH es una expresión legítima de participación ciudadana para la defensa y promoción de los derechos humanos.

“¿Cómo se puede pensar en el rendimiento académico de estudiantes o el rendimiento laboral de trabajadores inestables amenazados en sus puestos de trabajo? ¿Que desarrollo se puede esperar si se priva de todo bienestar económico a una población cada vez más asediada, militar y económicamente por el desempleo, las cargas tributarias, el encarecimiento de la canasta básica que limita el derecho a la alimentación? ¿Dónde denunciar?»

La defensoras de derechos humanos expuso a los comisionados de la CIDH como pese a la situación de represión existente en el país la ciudadanía resiste, por lo que como CENIDH seguirán con la defensa de sus derechos, pese al desgaste emocional y capacidades reducidas por el daño institucional.

No obstante, se preguntó “¿Hasta cuándo?”, pues “la realización de los derechos económicos y sociales se aleja y con ello, derecho al desarrollo de nuestro país”. Por tanto Núñez, elevó la petición en esa audiencia que la CIDH para que junto al relator especial sobre el Derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, que le demande al régimen en representación del Estado de Nicaragua, “el respeto a nuestro derecho de libertad de asociación y por consiguiente el restablecimiento inmediato de la personería jurídica del CENIDH y de las otras ocho organizaciones despojadas de la misma así como la devolución de todos los bienes y activos que ilegalmente sustrajeron y de los cuales se han apropiado”.

Solidaridad con el CENIDH

Durante la misma, el relator de libertad de expresión por CIDH, Edison Lanza, manifestó que en la región ocurren situaciones de gravedad que les preocupan, al tiempo que se solidarizó con organizaciones que tienen cancelada su personería como es el caso del CENIDH.

Y anunció que esa Relatoría trabaja en un informe temático sobre protestas en las Américas, y según explicó la idea es trabajar en estándares claros como derecho a reunión, manifestación pacífica, entre otros.

El relator especial de sobre el derecho a la libertad de reunión pacifica y de asociación por Naciones Unidas (ONU), Clemente Bullet, indicó que las condiciones de vida para la población en países como Venezuela y Nicaragua están deteriorándose, porque la sociedad civil no puede ofrecer sus servicios.

“Es importante que se eliminen estas restricciones a la sociedad civil”, recomendó el relator especial, tras recordar que uno de los mandatos que le ha dado el Consejo de Derechos Humanos es estudiar el contexto en que ocurre y cómo son restringidos estos derechos en los países.

*Cortesía de Obrera de la tecla.

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La Lupa Nicaragua