Las mujeres y las niñas de Tomayunka, una de las comunidades rurales ubicada en el departamento de Jinotega, se sienten «en peligro con un violador en potencia suelto» por las calles de la localidad. Se trata de un hombre que recientemente recibió el beneficio de convivencia familiar que le fue otorgado por el régimen y que cumplió solo tres meses de los cuatro años a los que había sido condenado.

“Es un peligro para nosotras las mujeres (…) Desde que anda suelto es un peligro para las niñas que iban a la escuela, para las mujeres que no tienen agua y salen a lavar a las quebradas o que van a traer leña, las que van al molino en las mañanas y pasan por lugares solos, es un riesgo y una amenaza para todas”, señaló Marbely Morales Castro, enlace de la Red de Mujeres del Norte “Ana Lucila” en esta comunidad.

En mayo pasado, el Ministerio de Gobernación ordenó la liberación de 2,815 reos comunes de los distintos Sistemas Penitenciarios del país, una lista que también estaba conformada por violadores de niñas, agresores de mujeres y femicidas.

Algunos de los reos todavía no habían cumplido su condena, según han denunciado diversos movimientos que trabajan en atención a las mujeres que son víctimas de la violencia machista en el país.

El caso de Tomayunka es un ejemplo de lo que han denunciado en las últimas semanas estas organizaciones.

El violador que ahora deambula por las calles de esta comunidad y acecha a las mujeres, apenas cumplió tres meses de su condena en prisión.

“Hasta me sorprendí cuando lo vi libre al hombre, tenía una condena de cuatro años y apenas estuvo tres meses y lo liberaron. Ese hombre es un peligro, porque personas que lo conocen bien aseguran que ese hombre no cambió nada en la cárcel, porque estaba morboseando un día a unas chavalas que iban para la escuela”, denunció Morales Castro.

Liberación reos
La liberación de reos comunes, que no habían cumplido condena, pone en peligro a las mujeres, denuncian organizaciones. Foto tomada del 19 Digital.

Un mes antes, en abril pasado el régimen también había anunciado la liberación de unas 1,700 personas bajo el mismo beneficio.

Una maestra asesinada

El pasado 15 de junio, una maestra fue asesinada a balazos en la comunidad de Malacatoya, en el departamento de Granada, cuando regresaba de ejercer sus labores.

El hecho, tomó particular relevancia en los medios de comunicación y redes sociales, porque el asesino fue su expareja que fue identificado como Edgar Meneses, uno de los reos comunes que también recibió el beneficio de convivencia familiar.

“Han soltado a asesinos femicidas. Karla Duarte, una víctima más de las atrocidades que comete el Poder Judicial, dejando libre a personas que no cumplen con los requisitos de ley”, escribió en su cuenta de Twitter la abogada y activista de derechos humanos, Yonarqui Martínez.

Meneses recién había salido de la cárcel, donde estuvo recluido por la violencia machista que ejercía en contra de la maestra, pero no cumplió su condena.

Después de asesinar a Duarte, quien deja dos menores en la orfandad, se suicidó en el mismo lugar.

Retroceso en la justicia

Para Martínez, la liberación masiva que hizo el régimen en ocasión al mes de las madres en Nicaragua, evidencia un retroceso en materia de justicia y de derechos humanos, debido a que no se tomaron en cuenta los antecedentes del reo al momento de proporcionarle el beneficio.

violencia
Las organizaciones han denunciado que la violencia contra las mujeres puede incrementarse. Foto referencial.

“Este señor que tenía antecedentes por violencia intrafamiliar, procesado también por otro delito y que al momento de salir comete el ilícito nos trae como consecuencia un retroceso, no tan solo vía judicial, sino un retroceso al comportamiento del ser humano”, añadió Martínez.

En su alocución del miércoles, la vocera del régimen, Rosario Murillo, declaró que en el departamento de Granada se reabrirá la Comisaría de la Mujer, para que 105 mil mujeres puedan tener sus “derechos protegidos”.

No obstante, el sentimiento de que hay un retroceso en materia de justicia, también es compartido por Morales Castro en Tomayunka, quien afirma que las mujeres podrían perder la confianza de denuncia hechos de abuso sexual, violaciones o la violencia machista que se esconde en los hogares.

“Al darse cuenta que están siendo liberados, obviamente que es un retroceso y para nosotras es como comenzar de cero nuevamente, porque las mujeres no se van a atrever a poner en evidencia lo que están viviendo en su casa, en la calle o en la iglesia, van a sentir que no tienen respuesta”, reiteró Morales Castro.

Esa reapertura de las Comisarías solamente son solamente un “disfraz” del régimen para aparentar que están atendiendo los casos de violencia en el país, pero “la realidad es otra”.

“Voz evaluativa”

La abogada Martínez, explicó que cuando a un reo va a recibir un beneficio de este tipo, el caso debe ser sometido a una figura que se llama “voz evaluativa”, donde un grupo de personas evalúa el “comportamiento del reo” en prisión.

“Y evalúa si tiene el tiempo debido para poder ser beneficiado con una libertad, en este caso lo que hemos visto es que la mayoría de los liberados, son liberaciones masivas sin cumplir con los requisitos, en algunos casos los liberan y ni siquiera les entregan documentos de su situación legal”,  denunció Martínez.

La activista de derechos humanos considera “lamentable la mala decisión” del régimen en dejar a este tipo de personas en libertad, que en poco tiempo trajo como consecuencia el asesinato de una mujer.

Meneses había sido condenado a cuatro años de cárcel en enero de 2019, por la violencia machista que ejercía contra la maestra, no obstante había sido puesto en libertad en mayo pasado.

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La Lupa es un medio con perspectiva de género y derechos humanos que surgió en mayo de 2019.