Por tercer año consecutivo, las mujeres de Nicaragua reciben el #8M2021 sin poder salir a las calles en medio de una crisis sociopolítica que criminalizó, desde septiembre de 2018, cualquier tipo de marchas hasta declararlas ilegales por parte de la policía al servicio del presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.

En esta entrevista, la docente, socióloga y activista feminista que dirige La Corriente, una organización dedicada a promover los derechos de las mujeres en Nicaragua y Centroamérica, nos relata la situación “violatoria de derechos humanos que viven las mujeres y la población en general” de Nicaragua, en un año “electoral” que para el movimiento feminista “no termina de estar claro”.

¿Cómo reciben las mujeres de Nicaragua este #8M2021 cuando no pueden tomarse las calles?
No es que no podamos marchar por prevención del covid-19, que sería una razón, sino porque el régimen Ortega-Murillo ha instalado un Estado policial que prohíbe a cualquiera que no sean las fuerzas del Frente Sandinista salir a las calles. Esto nos pasó desde 2018, pero todavía el año pasado hicimos una celebración bajo techo, pero la Policía nos rodeó y nos impidió salir del local, de tal manera que ni siquiera haciendo actividades en nuestros propios locales estamos seguras.

Recibimos el 8 de marzo sintiendo la represión, resistiendo la conculcación de nuestros más elementales derechos, sintiendo también el deterioro de los más mínimos niveles de participación en este país, y también lo recibimos con muchas incertidumbres en un año que todo el mundo ha llamado “un año electoral”, pero que para nosotras las feministas no termina de estar claro.

Comentas que el año pasado intentaron celebrar el 8 de marzo bajo techo y aun así no fue posible. ¿Hay una situación de persecución a las organizaciones de mujeres?
Tendríamos que hablar de varias realidades. Por un lado están las redes locales, que existen muchas, que vienen trabajando, desde hace muchos años, pero que durante los últimos tres años han tenido casi que dejar de hacer su labor de defensoría y de promoción de derechos porque tienen miedo, porque permanentemente les están asediando los paramilitares o les están amenazando o vigilando los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), que son las estructuras del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

Hay también colectivos de mujeres que trabajaban, y recibían algún tipo de apoyo de la cooperación internacional para hacer su trabajo y han tenido que cerrar porque ya había hostilidad y amenazas hacia ellas, pero ahora con la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros, de manera absoluta el Gobierno dice que si no cumplen con los requisitos que plantea la ley, te pueden cerrar y confiscar tus bienes. Entonces, hay organizaciones colectivos que han tenido que cerrar.

Luego hay una minoría de organizaciones, en esa misma condición, que todavía no han cerrado, es decir que están esperando a ver en qué momento se aplica esa ley y que, mientras tanto, siguen haciendo el tipo de trabajo que venían haciendo desde antes, o por lo menos intentándolo a pesar de las limitaciones. Y finalmente ha habido nuevos reagrupamientos en el movimiento, tenemos una plataforma internacional, que permanentemente ha estado reuniéndose y debatiendo sobre los problemas que enfrenta el país en general y las mujeres en particular.

Hay compañeras de colectivos de mujeres en distintas localidades del país que han sido víctimas de amenazas. Esto ha ocurrido, por ejemplo, en el departamento de Estelí. Ha ocurrido también en Ocotal, en general en toda esta región, también en el departamento de Matagalpa, en Jinotega, donde han sido víctimas de acoso, amenaza y persecución. Muchas han sido obligadas a salir del país. A algunas, policías y paramilitares las han ido a buscar a sus casas a decirles que no sigan haciendo el trabajo que están realizando. Hay una abierta hostilidad y una amenaza descarada, ya no es ni siquiera encubierta, hacia ciertos colectivos y activistas feministas.

Algunas organizaciones han denunciado el incremento de los feminicidios. ¿A qué lo atribuyen? ¿Tiene relación con este panorama que describes?
En los últimos 14 meses, es decir, hasta febrero de este año, llevamos 82 mujeres y niñas asesinadas. Va creciendo la cantidad de femicidios y lamentablemente está creciendo la crueldad con que se están cometiendo estos crímenes. Y no es que el machismo se haya exacerbado, no, es que hay un ambiente general en este país de violencia, una violencia que viene desde el Estado, que la cometen los propios policías, policías que actúan abiertamente con la complicidad de los paramilitares, violencia que tienen funcionarios de Gobierno, de las alcaldías, dirigentes del partido de Gobierno. Hay un clima de violencia que viene desde el propio Estado y a esto habrá que sumarle un clima de impunidad.

No tenemos que olvidarnos que dentro de los de más de 22.000 presos que ha liberado el régimen Ortega-Murillo en los últimos dos años hay violadores, agresores de mujeres, pederastas y lamentablemente incluso femicidas. Femicidas que han ido a amenazar a personas que testificaron en los juicios por asesinato de mujeres. Además de la violencia en la que el propio Estado es perpetrador, tienes un clima de impunidad que hace pensar a los agresores que pueden salir indemnes o que pueden estar unos años en la cárcel y después van a salir o que si tienen cercanía con la policía y con los paramilitares pueden evadir la justicia como efectivamente ha ocurrido.

Y luego también hay un desprecio muy grande de las propias instituciones del Estado por la vida de las mujeres. Hay un desprecio por la vida, por la seguridad de las mujeres, hay una acción tardía incluso, hay mujeres que ya habían denunciado violencia y no les hicieron caso. No hicieron nada para sancionar a los agresores, entonces en ese clima de impunidad y en ese clima de violencia en la que el Estado es perpetrador, entonces es que podés entender ese incremento en la violencia letal contra las mujeres.

¿Cuál es la situación del acceso a la justicia en el caso de los otros tipos de delitos en los que las mujeres son víctimas?
En Nicaragua hay un clima de impunidad deliberada, es decir, deliberadamente el propio Estado erosiona las leyes que aprueba. Esto paso con la ley 779 y el reglamento, y luego con la indolencia que tienen ciertos jueces a la hora de tratar casos de violencia. Del femicidio se habla porque es imposible ocultarlo y porque las organizaciones de mujeres no vamos a permitir que eso quede en el silencio, pero aun así imagínate que las cifras que maneja las organizaciones de mujeres y las organizaciones feministas distan mucho de las propias cifras policiales.

La Policía no investiga. Se han incrementado el número de mujeres desaparecidas desde los últimos años y tampoco vemos una reacción oficial de la policía para saber si investigaron. Las familias tienen que ir muchas veces a la Policía para que alguna vez les puedan hacer caso, y de otros delitos como los delitos de violencia física y psicológica en el marco de las relaciones de pareja, es que ni siquiera se habla. Ni siquiera tenemos información estadística porque la mayoría de mujeres no denuncia. En muchos casos ni siquiera las denuncias a la policía son reportadas, porque hay una deliberada intención de ocultar la gravedad de la violencia machista en nuestro país.

Organismos de derechos humanos han denunciado la aprobación y reforma de leyes exprés. ¿De qué manera estas leyes menoscaban los derechos de la población nicaragüense?
Lo que pasa es que hay un retroceso no solo en el plano factual, hay un retroceso porque tenemos un Estado policial. Pero, además de eso, hay un estado generalizado de indefensión, y eso no solo pasa con las mujeres, pasa con todos los nicaragüenses porque el Parlamento, la Asamblea Nacional, que está totalmente controlada por el régimen Ortega-Murillo, se ha convertido en un bastión para legalizar la violación de derechos humanos, derechos ciudadanos, derechos civiles y políticos, económicos. Hay cuatro leyes en particular que se aprobaron de manera acelerada entre el mes de octubres de 2020 a enero de 2021 y todas, todas, están encaminadas a arrebatarnos derechos.

La Ley de Agentes Extranjeros evidentemente vulnera el derecho a la libertad de asociación y plantea una injerencia abusiva, desmedida por parte del Gobierno a organizaciones desde la sociedad civil. De lo que se trata es de desarticular a la sociedad civil, para poder imponer o reforzar o perpetuar un Estado autoritario, y para impedir que se documenten estas violaciones a los derechos humanos y es grave, porque lo que están buscando con eso es impunidad, impunidad para los perpetradores.

Luego también aprobaron la llamada Ley Mordaza o la Ley de Ciberdelitos, que es un golpe letal a la libertad de expresión y también a la libertad de prensa. No solo se trata de atacar al periodismo independiente o al periodismo critico, sino también a la ciudadanía en general, que tiene derecho a compartir información, a compartir denuncia, de protestar frente a la violación de derechos humanos. Esta ley puede intervenir en la información privada entre organizaciones, entre ciudadanos, es decir, es como si nos metiéramos otra vez al tiempo de la Guerra Fría y darle a los órganos de seguridad del Estado el derecho a intervenir en la vida privada de los ciudadanos, para impedir por tanto cualquier posibilidad de protesta, de movilización, de organización.

Simultáneamente hay una ley que es terrible, que requirió la reforma al Código Penal, que autoriza a la policía a tener preso a un ciudadano hasta por 90 días. Esto es terrible, el código planteaba 48 horas para que la policía hiciera las pesquisas necesarias y en caso de no encontrar razones pues liberar al presunto o al indiciado, ahora no, ahora el Estado tranquilamente puede tener 90 días preso a un ciudadano, a una ciudadana, y en el ambiente que tenemos sabemos que pueden utilizar esa ley fundamentalmente en contra de activista, en contra de defensores de derechos humanos, de periodistas, pero también de líderes políticos que optan a cargo de elección popular.

Y luego, para cerrar este círculo mortal también aprobaron una ley de cárcel de por vida, dicen ellos que para los crímenes horrendos, pero nunca terminaron de decidir cuáles eran los crímenes horrendos, pero ahora decidieron que esos crímenes de odio pueden ser objeto de condena para toda la vida. Son leyes muy severas, nunca hicieron un proceso de consulta con la ciudadanía, violando olímpicamente la Constitución misma y la Ley de Participación Ciudadana que obliga a consultar ese tipo de leyes que tienen un severo impacto en la ciudadanía.

En este contexto se habla de más de 100 personas presas políticas.  ¿Cuál es la situación actual?
Si, teníamos 113, ahora tenemos supongo que un poco más de 120 porque han capturado a otras personas. ¿Quiénes son los presos? Bueno ahí hay un grupo de diez presos fueron falsamente acusados hace casi diez años, no tuvieron derecho a un juicio justo. Bueno, en realidad, fue un juicio muy amañado. Luego están los presos de abril, los que han apresado en el contexto de las protestas sociales que empezaron en abril del 2018.

La situación de los presos es muy complicada. A algunos los tienen en las celdas de máxima seguridad, tienen algunos ya meses de estar completamente aislados, se han quejado las familias de las presas políticas del maltrato, de la mala alimentación, de las condiciones antihigiénicas que viven, incluyendo el pésimo consumo de agua, ha habido hechos lamentables, como el de Justo Rodríguez, que lo sacaron en diciembre del año pasado, que quedó prácticamente en una cama sin poder moverse, después de que lo capturaron sin ninguna evidencia de que hubiese participado en nada. Lo golpearon, le pusieron una llanta de camioneta en el pecho, le dio un derrame en la cárcel y lo llevaron tardíamente al hospital. Ese es un acto de máxima crueldad, luego se lo regresaron a su familia en un estado completamente lamentable. De hecho, no puede caminar, tiene severas afectaciones.

Recientemente, hace tres o cuatro días, recibimos la noticia de un preso que fue acuchillado por otro preso común. Ha sido muy común las denuncias de que estimulan a los presos comunes para que agredan a los presos políticos. Esa es una vieja práctica muy terrible, y con eso se liberan también los carceleros de ser ellos quienes intervienen directamente.

El otro tema es el de los juicios: prácticamente todos los presos políticos han sido acusados de narcotraficantes, de portadores de armas, de robo a mano armada, acusados de delitos comunes, pero los testigos normalmente son paramilitares o policías. Los juicios son completamente infundados, pero aunque tengan ellos una defensa, los jueces, que son todos jueces muy subordinados a la pareja Ortega-Murillo, desestiman las pruebas que han presentado los abogados y las abogadas, lo cual los deja realmente de facto en la indefensión.

¿Cuál sería la posición del movimiento organizado de mujeres frente a estas elecciones de 2021? En especial cuando vemos un Gobierno que no está dispuesto, aparentemente, a unas reformas electorales.
El movimiento feminista tiene distintas expresiones, también tendrá posturas afines en algunos aspectos o divergentes en otras. Nosotras creemos, muchas creemos que no es posible ir a elecciones si no tenemos reformas electorales, es decir, si Ortega mantiene el control del Poder Electoral, de la Corte Suprema de Justicia, si no suspende el Estado Policial y continua reprimiendo a todo el que quiera protestar, aunque sea de la manera más inocua, si continua persiguiendo a las y los periodistas independientes, si continua cerrando ONG y continua encarcelando a activistas de la oposición, si además de eso continua militarizando las comunidades rurales para aterrorizar a la gente, si se niega a una observación electoral independiente no como la que ha traído los últimos años, que son sus socios… No es posible para nosotras ir a elecciones, sería una farsa, iríamos únicamente a unas elecciones para decir públicamente que se las robó, pero eso ya es una obviedad, todo el mundo ya sabe que el régimen Ortega-Murillo está trabajando para hacer un nuevo fraude electoral porque hay mucho en juego, ellos tienen mucho que perder, incluyendo el tema de pagar sobre esos crímenes de lesa humanidad. Entonces si no hay esas condiciones para nosotras sería una insensatez, una irresponsabilidad, una falta de respeto al pueblo de Nicaragua.

Esta entrevista fue originalmente publicada en El Salto.

+ posts

Comunicadora Social especializada en derechos humanos y género con experiencia en medios tradicionales y digitales, y organizaciones de Cooperación Internacional. En 2019 se exilió de Nicaragua, y desde España fundó el medio de comunicación digital: www.lalupa.press