La Cartilla para Cuidado Amoroso de Niñas y Niños lanzada por el Ministerio de Salud (MINSA) y promocionada para «fortalecer las acciones de protección para la primera infancia» es vacía en acciones para garantizar los derechos de la niñez, indica «Lidia», defensora del Colectivo de Mujeres de Matagalpa, quien solicitó el anonimato.
También se trata de un doble discurso del régimen Ortega-Murillo, ya que han violentado constantemente dichos derechos, y se ha profundizado a partir de la crisis sociopolítica en 2018, agrega.
“En las cartillas se habla de bienestar ¿Pero quién vive en bienestar en este país? Habla de que las familias deben estar unidas, cuando las familias en Nicaragua están exiliadas, desterradas y dispersas por el mismo régimen. Los niños y niñas están en el completo abandono y viven situaciones de violencia, y el Gobierno nunca se ha hecho cargo de eso”, expresa la defensora.
La Lupa analiza tres acciones del régimen Ortega-Murillo que se contradice con su discurso de protección a la niñez.
«En esta Nicaragua vamos adelante en educación, en salud, protegiendo a la niñez que debe ser protegida con todos sus derechos», dijo la vicepresidenta Rosario Murillo y esposa del dictador Daniel Ortega, cuando se anunció la creación de la cartilla para la niñez.
Pero el discurso de protección de derechos y las acciones realizadas por su régimen distan mucho de lo que ocurre realmente.
La Asamblea orteguista ha cerrado más de 3,200 organizaciones sin fines de lucro en el país a partir de 2018, a través de las cancelaciones de personerías jurídicas, la mayoría de ellas ocurridas en 2022.
Por su parte, el Ministerio de Gobernación ha forzado el cierre de otro número desconocido de organizaciones sociales, a las cuales no se les ha permitido la renovación de su documentación legal para operar y se ven obligadas a clausurar.
De las 3,234 organizaciones canceladas por la Asamblea hasta febrero de 2023, al menos 170 se dedicaban a trabajar con niños en situaciones vulnerables como la violencia, pobreza, abandono o deserción escolar, de acuerdo con una investigación realizada por Confidencial. Estas organizaciones beneficiaban a miles de niños y niñas en todo el país.
Según Confidencial, el 46 por ciento de las ONG’s desarrollaban proyectos sociales para estas poblaciones vulnerables, y el resto aportaban a la educación, salud, medioambiente y otras áreas.
El Colectivo de Mujeres de Matagalpa (CMM) trabajaba con niños, niñas y adolescentes del área rural y urbana de Matagalpa desde hace más de 30 años. Docenas de niños y niñas llegaban a las instalaciones para participar en los proyectos de educación popular.
Ahí recibían clases de arte, lectura, matemática o reforzamientos, acompañado de actividades lúdicas como la pintura, la poesía o el teatro.
“Nosotras le dábamos becas a los niños y a los jóvenes para que estudiaran bibliotecología, es decir, en el estudio de los libros y las bibliotecas, sino les dábamos clases de español o de otras clases. Leíamos cuentos, novelas y a los muchachos les gustaba”, dice Lidia, quien participaba como maestra en el proyecto de educación popular.
El CMM trabajaba especialmente con niños y niñas en situación de pobreza, de calle o de trabajo infantil, y ellas ofrecían el proyecto de educación popular para que esos menores no quedaran fuera del sistema educativo.
Pero cuando en agosto de 2021 se les arrebató su personería jurídica por órdenes de la Asamblea orteguista, no pudieron continuar trabajando. En septiembre del año pasado, la Policía orteguista tomó sus instalaciones de manera ilegal.
“Un día los muchachos llegaron con sus cuadernos y lápices como de costumbre, y les tuvimos que decir que se fueran para sus casas porque teníamos prohibido darles clases. Fue muy duro”, relata la educadora.
Las niñas y niños de 0 a 12 años son una de las principales víctimas de violencia sexual, solo seguido después de las adolescentes entre los 13 y 17 años.
En 2022, se realizaron 2,101 peritajes médicos legales por violencia sexual a niños y niñas entre los 0 y 12 años, esto representa casi la mitad de los peritajes nacionales que fueron 4,984 en total, según los registros del Instituto de Medicina Legal (IML).
Según la activista feminista, Lidia, la violencia sexual contra la niñez se trata de una de las mayores problemáticas que nunca ha sido atendida por el régimen Ortega-Murillo desde los 16 años que han estado en el poder.
Más de 4,500 peritajes por violencia sexual a mujeres y niñas en 2022
A pesar que diversas organizaciones han demandado al Ministerio de Educación la enseñanza de la educación sexual a tutores y estudiantes para la identificación del abuso, así como la coordinación interinstitucional para atender esta problemática de manera integral, el régimen Ortega-Murillo nunca ha realizado ninguna acción para prevenir esta violencia.
Las organizaciones sociales eran las únicas que trabajaban en la prevención del abuso y atender los efectos en las y los menores, pero la mayoría ya no existen en el país debido a las clausuras y cancelaciones.
“Las únicas que trabajamos el abuso sexual fuimos las organizaciones. Nosotras hacíamos talleres, llegábamos a los colegios, dábamos charlas. Brindamos atención psicológica, asesoría legal, movilización, incluso dábamos la gasolina para que las mujeres pusieran la denuncia, pero ya nada de eso es posible”, indica.
Otra de las grandes problemáticas que vive la niñez en Nicaragua es la pobreza y el abandono.
Los menores de edad en Nicaragua representan el 38.8 por ciento de la población, es decir, 2.6 millones de niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, gran parte de ellos viven en hogares donde no pueden satisfacer sus necesidades básicas.
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El 44.4 por ciento de la población nicaragüense vivía en condiciones de pobreza general y el 8.9 por ciento en pobreza extrema, según el último estudio de la Fundación Internacional para el Desafío Económico Global (FIDEG) en 2019.
Y los resultados en comparación a años anteriores indican que los hogares transitaron a menores condiciones de bienestar, debido al desempleo. Datos estatales actualizados sobre esta situación no hay.
La pobreza general y extrema ha tenido consecuencias en la desnutrición de niños y niñas de la primera infancia. El estudio refleja que el 11.8 por ciento de los niños y niñas menores de cinco años viven en desnutrición crónica. Esto no incluye a los menores de otras edades.
“La cartilla del gobierno dice que la mamá debe asegurar la alimentación al niño, pero ¿Cómo lo va alimentar si no tiene comida? ¿Cómo le va a dar pecho si ni siquiera la propia mamá ha comido”, señala Lidia.
