La pena máxima de cadena perpetua que se aplica contra algunos femicidas en Nicaragua “no sirve de nada” cuando en el país no hay garantías de cumplimiento de esas condenas, ya que pueden ser sometidas a revisión o, en el peor de los casos, los agresores podrían ser liberados a través de indultos, aprobados por la dictadura Ortega-Murillo, afirma una feminista y defensora de derechos humanos.
“De nada sirven estas sentencias si no se está previniendo la violencia, si no hay recursos para las mujeres, si la mayoría de los centros y refugios están cerrados, si no están trabajando las organizaciones de mujeres por el cierre masivo, no se trata solo de la sanción jurídica, no es solamente eso, debería también haber sanción social, que la gente esté sensibilizada para condenar la violencia, para proteger a las mujeres», señaló la defensora bajo condición de anonimato.
Por otro lado explica que debe haber «acceso a la justicia real, integral, no solo en algunos casos para ocuparlos de mampara, de forma mediática, o cuando al sistema político le conviene».
En las primeras dos semanas de abril, la justicia orteguista aplicó y solicitó dictar la pena de cadena perpetua para dos femicidas. Claudio Benjamín Martínez, de 41 años, fue sentenciado el 4 de abril pasado a cadena perpetua por haber asesinado y violado a su prima Esther Damaris Martínez Alaníz, de 35 años.
Martínez Alaníz fue la primera víctima de femicidio de 2023. Claudio Benjamín, en complicidad con José Esteban Morales, que falleció en cárcel mientras esperaba la condena, interceptó a la ciudadana el 5 de enero pasado, la llevó bajo amenaza a un cañaveral de la comarca Cuitanca Sur, en Chichigalpa, Chinandega, y ahí la estranguló con un mecate y después la violó.
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El 11 de abril, el Ministerio Público también solicitó la pena de cadena perpetua contra Bayardo Antonio Obando Tijerino, de 44 años, quien asesinó de 18 cuchilladas a su pareja María Auxiliadora Jiménez Hernández, de 28 años, el pasado 6 de abril.
El femicidio ocurrió en la comarca Clihuate, en Santa Teresa, Carazo. El hombre mató a la ciudadana frente a sus dos hijos y su suegra y aseguró, durante el juicio, que la mató “por un arrebato de cólera”. La lectura de sentencia para el femicida fue programada por la jueza Socorro López Pérez, de los tribunales de Carazo, para el próximo 27 de abril.
La defensora de los derechos de las mujeres destacó que en el país el acceso a este tipo de justicia, con sentencia de cadena perpetua, es mínimo y casi el 90% de los casos de femicidios quedan en la impunidad. Además, señaló que el mismo Estado, dirigido por el régimen Ortega Murillo, ha ordenado la liberación de agresores de mujeres a través de indultos masivos.
“Si hablamos de sentencias y acceso a la justicia es mínimo, entonces, de nada sirve porque hay un montón de hombres afuera que andan matando, violentando, y muchos de ellos son indultados, entonces, hay muchas incoherencias, inconsistencias sobre lo que está ocurriendo sobre femicidios y violencia en Nicaragua», alertó.
En 2020, la Red de Mujeres Contra la Violencia identificó a cinco hombres femicidas, golpeadores y violadores, con condenas de 15 y 20 años, que fueron liberados sin cumplir la mitad de la condena a través de indultos y desde entonces las organizaciones de mujeres han alertado de que el número ha seguido en aumento, sobre todo ante las constantes liberaciones ordenadas bajo esa figura por la dictadura orteguista.
La defensora recordó que la violencia machista, pese al incremento en los años de las condenas aplicadas en algunos de los casos de femicidios, sigue en aumento, resaltando que marzo es hasta ahora el mes más sangriento para las mujeres en este 2023, registrando 12 femicidios en solo cuatro semanas.
El observatorio de Católicas por el Derecho a Decidir, desde inicios de año hasta la fecha, registra un total de 30 femicidios; 8 en enero, 6 en febrero, 12 en marzo y 4 en abril. La organización explicó a La Lupa que 11 de esos crímenes ocurrieron contra mujeres nicaragüenses que residían en el extranjero.
