Alertan sobre estado de salud de presa política Suyen Barahona
Su familia muestra en un retrato hablado los efectos del aislamiento total al que ha sido sometida Barahona desde hace más de 420 días.
Su familia muestra en un retrato hablado los efectos del aislamiento total al que ha sido sometida Barahona desde hace más de 420 días.
Suyen Barahona es una de las presas políticas de las que se ha manifestado mayor preocupación por su salud, debido a que ha estado en total aislamiento desde hace 14 meses. Hasta ahora, no parece que su situación vaya a cambiar, pese a las presiones internacionales que ha tenido el régimen Ortega-Murillo, para que al menos cumpla con las Reglas Nelson Mandela.
Desde su arresto, ejecutado de manera arbitraria y violenta el 13 de junio de 2021, Suyen ha estado más de 420 días en una celda solitaria, sin la oportunidad de tener contacto humano y sin poder comunicarse con su hijo de 5 años, o con nadie más.
En esta soledad forzada, tampoco se le permite leer, escribir o hacer alguna actividad para mantener su bienestar psicológico; al contrario, la mantienen con frío, hambre y con las luces encendidas siempre para privarle del sueño.
«Imagino al inicio a Suyen sin saber a ciencia cierta si es de día o de noche, con la luz encendida las 24 horas y la contradicción de no tener permitido ni un libro, ni siquiera la biblia, para hacer menos largos los días de encierro en solitario. La privación sensorial es otra de las características del aislamiento», expresa Xenia Barahona en una carta dirigida a su hermana.
Como a la mayoría de las personas presas políticas que se encuentran apresadas en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), a Suyen se le ha permitido pocas veces recibir luz solar, tan solo unos minutos cada diez días. Debido a esto, su piel se muestra pálida y débil en el retrato hablado que realizaron sus familiares.
Su familia también ha denunciado que ha sufrido hongos en la piel por la humedad de la celda en la que se mantiene, se mantiene decaída por la falta de alimentación apropiada y su pérdida de peso se refleja notoriamente.
“Después de tres semanas de la última visita me empiezo a poner inquieta. Pasan 30, 35, 40 días y me entra la zozobra de no saber cómo la encontraremos, que si estará más delgada, que si estará mejor de los hongos en la piel, que si estará sufriendo de algún otro padecimiento. A medida que van pasando las semanas la expectativa aumenta”, señala su hermana.
Además del confinamiento prolongado e indefinido al que está sometida, la incomunicación total con su hijo, es otra de las preocupaciones de su familia. Las autoridades de la DAJ no permiten ni siquiera llamadas, intercambios de cartas y mucho menos visitas.
Xenia Barahona denuncia en su carta la violación al derecho a recibir visitas periódicas de familiares y amigos. Las pocas visitas que se le han permitido, solo han podido asistir familiares adultos, y aunque han solicitado en reiteradas ocasiones permitir el contacto con su hijo o al menos, dejarla tener una foto de él, las autoridades policiales mantienen una política de prohibición.
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“Es imposible no sentir el dolor de Miguelito, un joven con discapacidad lleno de amor para su padre (Miguel Mora) que lo único que quiere es poder abrazarla. Siento dolor por la angustia que siente la niña de Tamara (Dávila) que quiere cerciorarse de que su madre vive y que no la olvida. Siento dolor por la rabia de la niña de Miguel Mendoza, porque su mamá puede verlo y ella no. O la de mi sobrino que con cualquier mención de su mamá se vuelve a la ventana, buscándola y queriendo escuchar su voz”, manifiesta.
Organizaciones internacionales han denunciado que privar del derecho a la visita a los hijos e hijas menores de esas de las personas presas políticas, violenta los derechos de la niñez y tiene severas consecuencias psicológicas y emocionales que afectan su desarrollo.
Actualmente más de 180 personas se encuentran privadas de libertad por motivos políticos desde 2018, entre ellas se encuentran personas defensoras de derechos humanos, líderes estudiantiles y comunitarios, periodistas, entre otras que han manifestado públicamente rechazo a las violaciones de derechos que ha cometido el régimen Ortega-Murillo.