Abusos a los derechos humanos, fraude electoral y corrupción le precede a los 15 funcionarios orteguistas sancionados por Estados Unidos

Con la inclusión del segundo jefe de la policía orteguista comisionado Ramón Avellán; el presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE) Lumberto Campbell, y el director del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) Roberto López, la lista de sancionados por el gobierno de Estados Unidos alcanza a 15 funcionarios orteguistas.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, dio a conocer en nota de prensa, sobre la imposición de sanciones para tres nuevos funcionarios nicaragüense, aplicadas conforme la Ley Global Magnitsky, que autoriza al presidente de Estados Unidos a cancelar casos de ingreso a ese país, congelar bienes y activos que estén en territorio o jurisdicción estadounidense.

En la comunicación oficial se explica que la sanción para Campbell es por «haber propiciado fraudes electorales» que han favorecido al orteguismo. Campbell se convierte en el segundo presidente del CSE en ser sancionado por los Estados Unidos. Su antecesor Roberto Rivas corrió igual suerte por actos de corrupción y también, por haber propiciado fraudes electorales.

El comisionado orteguista, Ramón Avellán Medal, señalado de dirigir las sangrienta «Operación Limpieza» en Masaya y Carazo, fue sancionado por violación a los derechos humanos. Avellán, también es señalado de la desaparición de manifestantes opositores y de ejecuciones extrajudiciales.

Mientras que Roberto López Gómez, presidente del INSS ha sido sancionado por «presuntos actos de corrupción al frente de esa entidad» que según expertos en Seguridad Social se encuentra técnicamente quebrada.

21 de diciembre de 2017

La aplicación de sanciones contra funcionarios de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, se volvieron comunes desde 2017 cuando la sociedad civil comenzó una reiterada denuncia por la comisión de delitos y la violación de los derechos humanos de la población nicaragüenses que en la crisis de abril de 2018 se recrudeció.

La primer sanción se registró el 21 de diciembre de 2017 contra el expresidente del CSE, Roberto Rivas, incluido en una lista de 13 personas de diferentes países sancionadas financieramente por Estados Unidos bajo la Ley Global Magnisky, y por abuso de derechos humanos y corrupción.

Mediante una orden ejecutiva, el presidente Donald Trump, bloqueó todas las propiedades pertenecientes a Rivas. La sanción, según la orden ejecutiva, se debió a «la prevalencia y severidad de los abusos de derechos humanos y la corrupción».

05 de julio de 2018

El comisionado general, Francisco Javier Díaz, jefe de la policía orteguista; José Francisco López Centeno, tesorero del FSLN y vicepresidente Alba de Nicaragua; y Fidel Antonio Moreno Briones, secretario general de la Alcaldía de Managua, ingresaron a la lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC).

Les impusieron sanciones financieras y restricciones de visa para ingresar a territorio estadounidense.

27 de noviembre de 2018

El Departamento del Tesoro, anunció sanciones financiera para la vicedictadora de Nicaragua, Rosario Murillo y el Asesor en Seguridad de la presidencia Néstor Moncada Lau, por graves violaciones a los derechos humanos durante las protestas ciudadanas iniciadas en abril.

Las sanciones contemplan el bloqueo de toda propiedad o transacción que se ejecute dentro de su jurisdicción y que implique beneficio a los funcionarios sancionados.

12 de diciembre de 2018

El 12 de diciembre de 2018 el secretario de Estados Unidos Mike Pompeo, extendió sanciones contra Ileana Patricia Lacayo Delgado, esposa de Roberto Rivas, y a la que Estados Unidos acusó de «corrupción significativa». El Departamento de Estado explicó que incluyó a Rivas en una «lista negra» por corrupción y como consecuencia decidió prohibir a él y a su esposa la entrada a territorio nicaragüense.

17 de abril de 2019

Laureano Ortega y Bancorp, fueron incluidos por su vinculo con corrupción y violaciones a los derechos humanos. El Departamento del Tesoro, público que aplicó la orden ejecutiva 13851 que sanciona casos de redes de corrupción.

«La persona (Laureano Ortega) y la entidad (Bancorp) designados hoy respaldan un régimen que desde abril de 2018 ha atacado a la oposición política provocado la muerte de 325 personas, lesionado a más de 2000 personas, arrestado a cientos de persona y obligado a más de 42.000 a buscar refugio en Costa Rica», indicó.

21 de junio de 2019

El departamento del tesoro de Estados Unidos sanciones contra cuatro funcionarios del gobierno de Nicaragua: Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional; Sonia Castro, quien en ese entonces era Ministra de Salud y quien ordenara negar la atención a la población lesionada en las protestas; Orlando José Castillo, presidente ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correo (Telcor); y al ministro de transporte infraestructura, Oscar Salvador Mójica.