En Nicaragua las mujeres acceden al aborto de manera clandestina. Aunque es un problema de salud pública, el Estado se niega a reconocerlo.
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A pesar que el aborto está penalizado de manera absoluta en Nicaragua, las mujeres nicaragüenses se las ingenian para acceder a él, aunque sea de forma oculta y clandestina. Pues que esté penalizado, no significa que no ocurra, significa que ocurre en condiciones de riesgo y expone la salud de las mujeres.
En medio de dolores y sangrados que no habían parado en casi tres días, Samantha fue con miedo al Hospital Bertha Calderón. Días anteriores se realizó un aborto con misoprostol, un medicamento calificado como esencial por la Organización Mundial de la Salud (OMS), pero que en Nicaragua está arbitrariamente prohibido.
Una amiga de ella la había ayudado a conseguir las pastillas “por debajera”. Ninguna de las dos tenían conocimiento sobre el procedimiento, así que con artículos de Internet se guiaron para saber cómo realizarlo.
Tampoco había tiempo para encontrar a alguien de confianza que supiera sobre el tema y las acompañara. Solo en conseguir las pastillas tardaron casi un mes, y el límite adecuado para realizar un aborto con misoprostol son 12 semanas de gestación. Samantha ya tenía nueve.
El aborto con misoprostol es uno de los métodos de interrupción del embarazo más seguros que hay, siempre y cuando la mujer embarazada tenga un acompañamiento médico, reciba previamente una evaluación y consuma las pastillas con las indicaciones adecuadas.
Antes de conseguir la pastilla, el doctor que le anunció el embarazo a Samantha fue el mismo que le ofreció realizarle un aborto. Le estaba cobrando C$10 mil córdobas sin anestesia y C$15 mil si la incluía, pero no le quiso informar qué tipo de procedimiento le iba a realizar, ni las condiciones de este.
Además, el médico la maltrataba verbalmente y le decía que si abortaba “iba a matar a su hijo”; aunque estaba dispuesto a hacer la intervención.
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Debido a la desconfianza que le daba, decidió que mejor iba a buscar las pastillas. Samantha se informó a través de instrucciones de una página médica sobre cómo consumir el misoprostol. Sin embargo, no recibió ningún acompañamiento de personal médico o personal capacitado para asistir abortos.
La única persona que estaba con ella era su amiga, quien también solo contaba con información sacada de Internet. Este escenario es común en países donde se penaliza el aborto, debido a los riesgos de criminalización que existen, mientras que en otros lugares es un derecho.
Una vez que siguió las instrucciones, el aborto comenzó.
Decidió que no quería contarle a nadie más. No sabía qué reacciones de la gente iba a recibir por decidir sobre su cuerpo, aunque señala que le hubiera gustado haber estado acompañada de su familia, pero por temor, ni siquiera les informó sobre su embarazo.
Samantha utilizaba inyecciones trimestrales como método anticonceptivo. Aunque era puntual en su aplicación y en sus citas con la ginecóloga, el embarazo ocurrió. “No tenía las condiciones, ni el plan para tener un hijo, y yo creo en mi derecho de elegir si tener hijos o no”, dice firme.
El sangrado comenzó poco a poco y leyó que era normal pasadas unas horas de la primera tanda de misoprostol, pero se mantuvo durante dos días más, al igual que los fuertes dolores y no sabía si era normal.
Pensó muchas veces en no ir al hospital por miedo a que descubrieran que su aborto fue inducido y no tenía dinero para ir una clínica privada. Finalmente por miedo a poner en riesgo su vida, decidió ir al Hospital Bertha Calderón.
En hospital descubrió que tenía un aborto incompleto y debía ser sometida a un legrado, a pesar que es una práctica no recomendada por la OMS, pero muy frecuente en Nicaragua.
“Yo fui pidiendo ayuda y dije que no sabía qué me había pasado, pero la enfermera no me creyó. Me comenzó a decir que todas las mujeres llegan diciendo lo mismo y que igual las tienen que atender, que no merecía atención médica, que eran un montón de casos iguales todos los días”, expresa Samantha.
El aborto clandestino es de conocimiento del Ministerio de Salud, pero nunca ha querido reconocer su existencia y mucho menos ha querido reconocerlo como una problemática de salud pública.
Samantha ya había perdido bastante sangre y se encontraba débil. Se tuvo que quedar hospitalizada durante dos días totalmente sola, ya que no le permitieron recibir visitas de su amiga. Samantha se considera afortunada porque pudo realizarse el aborto y contar su historia.
Dice que tiene muchas cosas que sanar todavía. No le gusta contar a profundidad su experiencia en el hospital porque dice que fue degradante, tampoco le gusta recordar el momento en que se hizo el procedimiento, ni las circunstancias en que se dieron: sola, oculta y con mucho miedo.
A pesar que la sociedad y el Estado le pone un estigma y una condena al aborto, Samantha considera que los abortos son tan naturales como los partos, y que todas las mujeres y jóvenes deberían acceder a él de manera segura en la sanidad pública, como es establecido en tratados internacionales a los que está suscrita Nicaragua, pero que lamentablemente no se cumple.
En Nicaragua el aborto estuvo aprobado por razones médicas desde el año 1837, es decir que fue legal durante casi 170 años, según la legislación de ese momento. Fue uno de los primeros países de la región en reconocer el aborto como un procedimiento médico necesario para atender la salud de las mujeres, aunque su aplicación siempre tuvo reservas y demoras.
“El aborto terapéutico sobrevivió por más de 170 años a varios gobiernos conservadores, liberales, a varias guerras nacionales y una guerra de liberación, al propio gobierno sandinista que entre 1979 y 1990 nunca tuvo la iniciativa de derogarlo”, dice la investigación médica Mortalidad materna: Crónica de una epidemia silenciada
La investigación refleja que en los años ochenta las mujeres solicitaban el procedimiento en el Hospital Bertha Calderón y un poco más de la mitad de las solicitudes eran aprobadas. Según el estudio, el propio Estado aprobaba y realizaba la interrupción del embarazo por diversas causas, desde los servicios públicos de salud y a través de programaciones semanales para dar respuesta a las demandas.
El Gobierno sandinista que dirigía las instituciones de salud en ese entonces y daba el visto bueno para que se realizaran los procedimientos, fue el mismo que criminalizó el aborto en todas las circunstancias en el año 2007, con una pena de hasta tres años en el Código Penal.
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Y la derogación del artículo que permitía el aborto desde hace 170 año, se realizó de manera inconstitucional, secreta, rápida, sin consultar a nadie y violando diversos artículos de la Constitución que protegían los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes.
“Por esta razón, resulta difícil comprender por qué, el mismo partido, al regresar al poder diecisiete años más tarde, decidió hacer un acuerdo con las jerarquías religiosas con las que se había enfrentado durante la Revolución Sandinista en los 80. De ese modo, abandonó el compromiso del Frente Sandinista de lograr “la emancipación” de las mujeres nicaragüenses”, indica el estudio.
Desde el 2007, las mujeres están obligadas a llevar a término sus embarazos aún cuando su vida esté en riesgo, cuando el feto no tenga posibilidad de vida extrauterina o cuando sea producto de una violación, causas por las que sí se permite el aborto en otras partes del mundo.
Otras circunstancias como las condiciones sociales y económicas de las mujeres tampoco valen, a pesar que el 43.4% de la población de mujeres nicaragüenses viven en la pobreza general y el 8.9% en la pobreza extrema, según la Encuesta de Hogares para Medir la Pobreza en Nicaragua Informe de resultados 2019 de la Fundación Internacional para el Desafío Económico Global (FIDEG).
La penalización del aborto tampoco hace excepciones si la gestante es una niña o adolescente. Cabe destacar que en el país, el 25 por ciento de los embarazos anuales son de menores de edad, de acuerdo con los informes del Compendio de Estadísticas Vitales del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE).
Los últimos datos actualizados muestran que entre 2015 y 2019, al menos 170,205 niñas y adolescentes entre los 10 y 19 años se convirtieron en madres. Esto convierte a Nicaragua en uno de los principales países con mayor número de embarazos infantiles y adolescentes en Latinoamérica y Centroamérica.
Todas son forzadas a ser madres y a asumir solas las consecuencias de un embarazo a tan temprana edad, como abandonar los estudios o tener uniones tempranas, ya que tampoco existe ninguna política del Estado para atender a las menores y a sus hijos e hijas.
«Carmen», médica cirujana, especialista en Ginecología y Obstetricia e investigadora, indica que esto viola profundamente los derechos de las mujeres, adolescentes y niñas y las vuelve desiguales ante la ley.
“Vos tenés a las mujeres en manos del sistema patriarcal, es decir, en manos de doctores, políticos, ministros, empresarios, abogados o policías. Eso hace que las mujeres no tengan igualdad ante la ley, porque a los hombres en ninguna circunstancias se les exige que pidan permiso o les prohíbe un procedimiento para un asunto relativo a su salud o su vida”, explica la especialista.
Llevar un embarazo no deseado a término, especialmente en las circunstancias antes mencionadas, está catalogado como tortura por la OMS. Este hecho viola los derechos a la vida, la salud, la integridad y el principio de no discriminación de la Constitución Política.
Aunque en los años siguientes a la penalización del aborto, entre el 2008 y 2010, la sociedad civil interpuso más de 72 amparos inconstituciones ante el Poder Judicial, poco valieron porque ninguno fue respondido. Nicaragua forma parte de los tres únicos países que penaliza el aborto en todas sus formas en el continente.
La penalización del aborto fue justificada por Estado bajo discursos religiosos y carentes de información científica, en los cuales se prioriza la “vida del no nacido” sobre la vida de las mujeres y las menores de edad, pese a la Constitución Política no reconoce a Nicaragua como un país con religión.
“En Nicaragua nuestros diputados y diputadas actúan como feligreses de una parroquia. No actúan como funcionarios de un Estado laico. Entonces hacen prevalecer su religión, comienzan a repetir discursos religiosos por la idea de que eso los va a acercar a su electorado”, señala Carmen.
Debido a que la prohibición absoluta del aborto puso en claro riesgo la vida de las mujeres que sufrieran emergencias obstétricas, el Estado de Nicaragua con apoyo de la Organización Panamericana de la Salud, publicó en tiempo récord (dos meses después) el protocolo de emergencias obstétricas.
Se trató de un manual que indicaba a los médicos y médicas cómo debían de actuar ante situaciones donde la vida de las mujeres embarazadas peligraba, y que contradictoriamente contemplaba la interrupción del embarazo en situaciones donde es la única intervención posible para salvar la vida de las mujeres como los embarazos ectópicos.
Pero la doctora explica que el protocolo solo sirvió para la propaganda del Gobierno de Enrique Bolaños (el cual derogó el artículo que permitía el aborto), y para la prograganda del Gobierno sandinista (que lo penalizó). En ningún momento el protocolo tuvo una utilidad real, pues el Código Penal tiene mayor jerarquía que cualquier protocolo médico.
“Eso solo sirvió para que muchas médicas y médicos hicieran una propaganda de que Nicaragua sí estaba atendiendo las emergencias obstétricas y que no era cierto de que las mujeres eran libradas a su suerte en caso de complicaciones graves. Pero la realidad era completamente diferente”, indica la médica.
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Desde la penalización del aborto en el 2007, las mujeres que tienen complicaciones médicas que requieran de la interrupción del embarazo caen en el azar de si reciben intervención o no, como en los casos de embarazos ectópicos. La OMS estima que cerca de dos de cada 100 embarazos son ectópicos.
“Las mujeres quedan libradas a una suerte de lotería. Depende de quién te toque, quién sea sensible a tu problemática, quién tema que si te deja morir o no. Al final, todo depende del médico que te atienda en los centros de salud y eso no se puede celebrar en ningún país del mundo. No se puede dejar a la voluntad de las personas que la quieran atender”, señala Carmen.
Pero que el aborto fuera penalizado no significó que fuera erradicado. El aborto existe en todas las partes del mundo, incluso donde no está permitido. En Nicaragua las mujeres acceden al aborto de manera clandestina.
Sin embargo, no todas se lo realizan en las mismas condiciones, pues las mujeres en situación de pobreza son más propensas a realizarse el aborto en condiciones inseguras, sin garantías médicas y corren más riesgo a perder la vida o tener complicaciones posteriores.
La clandestinidad del aborto es un negocio que siempre ha existido en Nicaragua, pero que nunca se ha tratado oportunamente. Así como a Samantha le iban a cobrar entre C$10 mil y C$15 mil córdobas por hacerle un aborto, otros médicos ofertan lo mismo con precios muchos más altos. No se sabe exactamente bajo qué condiciones.
Pero las mujeres en situación de pobreza se ven obligadas a acceder a procedimientos que tampoco son baratos, pero que sí son en condiciones de riesgo para su vida y su salud, señala la especialista en ginecología e investigadora, Carmen.
“La pobreza es un factor que agrava la situación y muchas veces define la búsqueda de soluciones que solo están al alcance de la mano de las pobres, pues no están asegurando que los procedimientos que usan sean seguros para su salud y su vida”, señala.
Mientras que las mujeres con mayores recursos económicos, mayores conocimientos y mayores redes de contacto, pueden acceder a abortos que son igualmente realizados en la clandestinidad, pero que tienen mayores garantías médicas que aseguran su vida.
Las mujeres con mayores recursos también pueden pagar un seguimiento médico después para asegurarse que no haya complicaciones, a diferencia de las mujeres en situación de pobreza que se ven obligadas a ir a los hospitales públicos donde son maltratadas y criminalizadas.
De acuerdo con la OMS, el 45 por ciento de los abortos en mundo se realizan en condiciones peligrosas, y es una de las principales causas de mortalidad materna en los países donde está penalizado, a pesar que las muertes y hospitalizaciones por dicha causa son totalmente prevenibles con sistemas de salud públicos que garanticen la interrupción del embarazo a todas las mujeres.
«La imposibilidad de acceder a una atención para el aborto segura, oportuna, asequible y respetuosa es un grave problema para la salud pública y una violación de los derechos humanos«, señala la Organización.
En Nicaragua no hay ningún dato actual sobre cuántas mujeres egresan de los hospitales por abortos inseguros, cuántas mueren y cuánto dinero del gasto público de utiliza para atender complicaciones por abortos clandestinos, así como Samantha ingresó el año pasado al Hospital Bertha Calderón.
Tampoco hay datos sobre cómo la penalización ha impactado en la vida de las mujeres en los últimos 16 años.
El año pasado, el Mapa de Salud del MINSA registró 8,604 abortos, pero no señala cuántos de ellos fueron inducidos y cuántas mujeres perecieron por las complicaciones del aborto clandestino.
«Carmen», médica cirujana, especialista en Ginecología y Obstetricia e investigadora, señala que los abortos clandestinos e inseguros son una realidad que el Estado de Nicaragua ha ocultado a toda costa, por lo que no se puede medir con exactitud la magnitud del problema.
“Información sobre salud pública hace muchos años que ha dejado de ser accesible, tanto para la gente que hace investigación en salud como para el público en general. Anualmente se publican en un mapa de salud unos gráficos que dan cuenta que hay muchos éxitos y reducciones en muertes maternas y demás, pero no tenés la fuente de dónde sale y cómo consiguieron esa información”, señala la investigadora.
Carmen, quien también ha trabajado como médica en los hospitales públicos de Nicaragua, expone que el Ministerio de Salud (Minsa) oculta a propósito el número de mujeres que ingresan a los hospitales por abortos o que fallecen por complicaciones del mismo, así que les cambian los motivos de ingresos o las razones del fallecimiento.
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“Ponen «sangrado uterino» como motivo de ingreso cuando saben que lo que hay es un aborto en curso. Así van con el resto de las estadísticas y las van modificando en función de los requerimientos políticos de quiénes están gobernando”, explica.
Según la especialista, el Estado de Nicaragua necesita decir que el problema no existe o es mínimo, por lo que reducen el número de egresos, muertes y diagnósticos.
Mientras el Estado de Nicaragua se pone una venda en los ojos para no reconocer una realidad que existe en todas partes del país y que cobra vidas silenciosamente, las mujeres continúan accediendo al aborto desde los pocos recursos que tienen. La historia de Samantha es la historia de muchas.
