78 % de las amenazas en Nicaragua tienen en el foco a las mujeres
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Las mujeres continúan siendo el blanco principal de amenazas por parte del régimen de Daniel Ortega, según el informe de septiembre de 2025 del Monitoreo Azul y Blanco, que documentó 17 actos caracterizados por su «crueldad y el impacto emocional en las víctimas».
El informe revela que el 78%, es decir 14 de las amenazas registradas se dirigen contra mujeres familiares de personas detenidas, lo que constituye un patrón de violencia de género en el marco de la represión estatal.
La Policía Nacional, las autoridades penitenciarias, simpatizantes del FSLN y grupos parapoliciales ejecutan estas amenazas, que incluyen advertencias de detención si las familias denuncian ante medios u organizaciones de derechos humanos.
Las amenazas, agrega el informe, “se caracterizan por la crueldad y el impacto emocional en las víctimas”, utilizadas como una herramienta para infundir miedo.
De acuerdo con el informe, la Policía orteguista, las autoridades penitenciarias, simpatizantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y grupos parapoliciales “emplean el miedo como herramienta de control social”.
En septiembre se registraron al menos 17 actos de amenazas y 12 de hostigamientos, principalmente en los departamentos de Managua, León y Matagalpa.
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Según el Monitoreo Azul y Blanco se documentaron casos donde la Policía “ordenó a familiares abandonar el país en un plazo de 24 horas, bajo amenaza de encarcelamiento”, por lo que estas acciones han provocado “desplazamientos forzados”.
Violaciones a derechos humanos registradas en Nicaragua
En este periodo se registraron 53 incidentes de violaciones a derechos humanos, los cuales afectaron directamente a 55 mujeres, 67 hombres y cinco menores de edad.
El Monitoreo Azul y Blanco señaló que “el deterioro del aparato estatal agrava la situación de derechos humanos en Nicaragua” y señala que, aunque el número de incidentes disminuyó levemente en septiembre, fue el mes con mayor cantidad de agresiones registradas. Un solo hecho, subrayó, “puede contener más de un tipo de violación simultáneamente”.
Entre las principales violaciones a los derechos humanos se reportaron las siguientes:
- 150 despidos injustificados.
- 23 detenciones arbitrarias.
- 17 amenazas.
- 15 casos de represión migratoria.
- 12 hostigamientos.
- 11 malos tratos o torturas.
- 10 casos de judicialización o estigmatización.
- 4 Confiscación de propiedades y robo de equipos.
- 2 Fallecimiento por aparente motivación política.
- 2 Extorsión a familiares de personas presas políticas.
No denuncian por temor a represalias
En los últimos tres meses —julio, agosto y septiembre—, el Monitoreo registró 96 detenciones relacionadas con motivos políticos. De las 150 personas detenidas durante el año, solo 40 han sido liberadas, mientras 23 fueron incorporadas a la lista de personas presas políticas y 87 permanecen sin información sobre su situación o paradero.
El informe agrega que la represión no se limita a opositores o activistas visibles, sino que también alcanza a trabajadoras estatales, simpatizantes sandinistas, trabajadores vinculados a la Iglesia, excarcelados, sacerdotes, médicos, entre otros. “Nadie está a salvo de la arbitrariedad estatal”, apuntan en el documento.
“El uso sistemático de detenciones arbitrarias, tortura, despidos masivos, confiscaciones y destierro confirma la existencia de una política estatal de persecución y control social, en la que la ciudadanía vive bajo amenaza permanente”, agregaron.
Estas prácticas, según la organización, configuran un esquema prolongado de violaciones a los derechos fundamentales que se mantiene desde 2018.
La represión migratoria, apunta el informe, se ha convertido en una nueva forma de castigo político, con casos de personas impedidas de salir del país o despojadas de sus pasaportes. Asimismo, periodistas, defensoras de derechos humanos y familiares de presos políticos han sido objeto de hostigamientos y amenazas.
El Monitoreo Azul y Blanco concluye con un llamado urgente “al cese inmediato de la represión y a la liberación de todas las personas presas políticas”.
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