María Asunción Moreno: “Régimen autoritario está legalizando patrones privativos de derechos fundamentales”
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Por 150 Gran parte de la población en la región centroamericana vive en países donde impera la pobreza, la violencia y la inseguridad y Nicaragua no está fuera de esas circunstancias, afirma la jurista y académica, María Asunción Moreno Castillo. Pero desde hace casi tres años, los nicaragüenses además viven bajo un patrón de “represión y persecución por motivos políticos”.
A partir de noviembre de 2020, el régimen aprobó más de siete leyes con las que se “legalizan” patrones privativos de derechos fundamentales, afirma.
En esta entrevista, Moreno Castillo analiza la situación de derechos humanos a nivel de la región, particularmente de Nicaragua.
Al hacer una mirada retrospectiva ¿Qué patrones de violaciones de derechos humanos considera que prevalecen en Centroamérica?
En Centroamérica, gran parte de la población vive bajo una débil institucionalidad y Estado de Derecho, lo cual trae como consecuencia que los centroamericanos vivan en países donde los niveles de pobreza, violencia e inseguridad van en incremento como consecuencia de la ineficacia de los cuerpos policiales y sistemas de justicia.
Asimismo, la implementación de “leyes de mano dura” frente a la violencia de las maras, el crimen organizado y el narcotráfico ha dado lugar a que los gobiernos cometan graves violaciones a los derechos humanos.
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Por otra parte, uno de los graves problemas de violencia que registra los países centroamericanos es la violencia contra la mujer y la violencia intrafamiliar, los femicidios, violaciones y abusos sexuales contra las mujeres los cuales en algunos casos quedan sin castigo, aumentando el temor y la vulnerabilidad entre las mujeres y niñas. También encontramos que existe un alarmante aumento de la violencia por motivos políticos contra los ciudadanos que ejercen alguna actividad política o partidaria, defensores de los derechos humanos y profesionales del Derecho dedicados a investigar y denunciar ante la justicia a los responsables de graves violaciones de derechos humanos.
Debido a la falta de oportunidades, cientos de miles de centroamericanos eligen emigrar a otros países, principalmente a Estados Unidos, pese a los peligros de la migración ilegal, muchos de ellos son llevados a centros de detención de inmigración, desde donde son deportados a sus países donde viven sin oportunidades educativas y sin empleo, los jóvenes y la niñez están sometidos a la injusticia, la desigualdad y la exclusión social.
En cada uno de los países de la región, las violaciones de derechos humanos, son cada vez más constantes. ¿Qué hace falta para incidir en procesos formales y resolver estos conflictos?
Entre muchas otras cosas, hace falta el diseño e implantación de políticas públicas dirigidas a reducir la desigualdad y la exclusión social que genera el incremento de los niveles de pobreza y criminalidad en la región. Todo indica que los gobiernos centroamericanos no tienen voluntad política para abordar este tema de forma responsable.
En un escenario donde la mujer sigue siendo víctima de la violencia machista, en el caso de Honduras, por ejemplo, donde recientemente se prohibió legalizar el aborto ¿Qué obligaciones internacionales en materia de derechos humanos contraviene esa decisión?
Al respecto habría que señalar que, en la mayoría de los países, se garantiza el acceso al aborto legal y seguro como medio para salvar la vida de la mujer embarazada, o cuando el embarazo es el resultado de violación o de incesto. Son muy pocos los países en los que no solo se prohíbe, sino que se penaliza a la mujer entre los que podemos citar el Salvador, Honduras y Nicaragua.
En el derecho internacional de los derechos humanos cada vez es más explícito el fundamento legal y humano del derecho de las mujeres a tomar decisiones autónomas con respecto al aborto por lo que su prohibición de forma absoluta es una acción legislativa contraria al desarrollo de este derecho, ya que con ello se pone en peligro la vigencia y garantía de una amplia gama de derechos humanos de las mujeres, se debe tener claro que las restricciones legales al aborto tienen un impacto devastador en el derecho a la vida de las mujeres, en el derecho a la salud y a la atención médica oportuna, sobre su libertad y seguridad personal, entre otros.
La inseguridad ciudadana, como en el caso de El Salvador con las pandillas o las ejecuciones en el campo, como ocurren en Nicaragua ¿Siguen siendo solo el resultado de la falta de políticas efectivas en materia de seguridad o entran en juego otros factores?
Además de la ausencia de políticas públicas en materia de seguridad, hace falta la voluntad política de implementar políticas sociales dirigidas a reducir los niveles de pobreza en los que vive sumergida gran parte de la población centroamericana ante la falta de oportunidades.
En Nicaragua el año pasado se aprobaron varias leyes represivas ¿Podrían desaparecer los derechos fundamentales de las personas?
Esa es la intención del gobierno Ortega-Murillo, el cual desde las protestas de abril del 2018 viene implementando una estrategia de represión y persecución contra los ciudadanos que se declaran “disidentes u opositores del gobierno”, de tal forma que miles de nicaragüenses han sido sometidos a procesos penales ilegales, detenciones arbitrarias, torturas, malos tratos, exilio, y más de 300 personas perdieron su vida.
De tal forma que tenemos casi tres años de vivir en un estado de facto en el que tenemos suspendidos el ejercicio de gran parte de nuestros derechos y libertades fundamentales.
Con la aprobación de más de siete leyes desde noviembre hasta la fecha lo que observamos es un proceso de legalización de patrones de represión y persecución por motivos políticos, que dan lugar a etapa de “radicalización de la dictadura en Nicaragua” que tiene como objetivo eliminar el ejercicio de nuestros derechos individuales, sociales y políticos.
¿Esas leyes preparan el camino hacia un Estado totalitario?
Realmente con la aprobación y entrada en vigencia de estas leyes represivas se está implantando un régimen autoritario y absolutista con las que se “legalizan” patrones privativos de derechos fundamentales y de participación política en un año electoral.
Ante la falta de institucionalidad y el rompimiento del Estado de derecho ¿Cree que las leyes aprobadas castigan a toda la población o buscan solamente controlar a la oposición de este país?
Las leyes son aplicables a todas las personas que se encuentren en el territorio, no obstante, lo más probable es que su aplicación sea selectiva, es decir, que se apliquen con todo el rigor a los opositores.
¿Esas leyes eliminan la posibilidad de tener elecciones bajo estándares democráticos?
Si, todas las leyes aprobadas recientemente vienen a eliminar de raíz la mínima posibilidad de tener un proceso libre, justo y transparente, principalmente las relacionadas con las inhibiciones para optar a cargos públicos y de elección popular, y el ejercicio de los derechos a la asociación, reunión, manifestación y derechos de participación política.
¿Qué retroceso ha tenido el país con la aprobación de estas leyes?
Con la aprobación de estas leyes de corte autoritario lo que estamos viendo es un gran retroceso en materia de derechos humanos ya que estas leyes son violatorias de gran parte de los derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución y en los tratados de derechos humanos.
Ejemplo de ello, es la incorporación de la prisión perpetua dentro del sistema de penas y la reforma al Código Procesal penal en la que se “incorpora” la detención de una persona hasta por 90 días, tiempo que estará detenida para ser investigada, lo cual representa una grave violación a garantías del debido proceso como la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y a una justicia pronta, y a la tutela judicial efectiva.
