La crisis sanitaria causada por la COVID-19 en Nicaragua ha provocado mayores “restricciones del espacio cívico y democrático”, sostuvo Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

“El discurso oficial estigmatiza a las personas que critican la respuesta estatal o difunden información contradiciendo las fuentes oficiales”, refirió Bachelet al presentar ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas su más reciente actualización oral sobre Nicaragua en la 44 sesión.

En su discurso, la Alta Comisionada resaltó que existe “poca transparencia y falta de claridad en la información pública sobre los casos” de COVID-19 en Nicaragua. En el país, el Ministerio de Salud (Minsa) únicamente informa una vez a la semana sobre la situación de la pandemia, pero brinda informes con pocos detalles de cada uno de los casos.

“Aunque el Gobierno ha señalado que ha estado trabajando para fortalecer la salud pública, la salud comunitaria, visitando casa a casa para detectar casos, algunas medidas gubernamentales no se ajustan a las recomendaciones de la OMS, la OPS y la comunidad médica nicaragüense, especialmente respecto al distanciamiento físico”, reiteró la Alta Comisionada.

En respuesta a lo dicho por Bachelet, el representante de la delegación nicaragüense ante el Consejo de Derechos Humanos defendió la gestión del régimen en el contexto de la pandemia, utilizando el mismo mensaje de la vocera, Rosario Murillo, aduciendo que “Nicaragua, además de luchar contra la pandemia, debe también combatir las campañas de desinformación y odio que emanan de sectores adversos al Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional”.

Hace un mes, Murillo acusó que «hay quienes se especializan en crear, lo que decíamos, pandemias de miedo, de odio, a partir de noticias falsas (…) Pretenden crear, seguir creando, realidades falsas y usan vídeos de otros país pretendiendo creer que son videos de Nicaragua”.

No obstante, la pandemia –agregó Bachelet- también ha incrementado la violencia contra las mujeres, particularmente los “feminicidios”.

“Durante los cinco primeros meses de este año, organizaciones de la sociedad civil han registrado 32 feminicidios, mientras que en el mismo período del año pasado habrían registrado 27 casos”, señaló.

Violaciones persisten

Según Bachelet, desde su pasada actualización oral sobre Nicaragua en febrero pasado, poco ha cambiado en el país porque se “siguen registrando persistentes violaciones de derechos humanos contra quienes el Gobierno percibe como opositores”.

Esas violaciones de derechos humanos alcanzan a personas defensoras de derechos humanos, periodistas, líderes sociales y excarcelados políticos, señaló.

“El derecho a la reunión pacífica continúa siendo sistemáticamente coartado con despliegues policiales, detenciones arbitrarias y ataques de elementos pro-gubernamentales cuando  críticos al Gobierno intentan reunirse pacíficamente”, dijo.

Recordó que entre marzo y junio de este año, su Oficina documentó 43 denuncias sobre “presuntas violaciones a los derechos humanos, allanamientos domiciliarios sin orden judicial, arrestos y detenciones arbitrarias, amenazas, acoso e intimidación” que son ejecutadas por policías o elementos progubernamentales contra personas percibidas como opositoras.

El asesinato de cuatro indígenas y dos heridos en el territorio Tuahka, Región Autónoma Costa Caribe Norte, ocurridos entre el 26 y 27 de marzo, además de los incidentes violentos del pasado 19 y 20 de abril en Esquipulas, Isla de Ometepe, que dejaron al menos dos personas de la localidad y tres policías heridos, son algunos de los hechos que destacó Bachelet durante su intervención.

“Igualmente preocupante es el homicidio de un opositor en Jinotega en marzo, y la falta de información sobre avances en las investigaciones en 10 de los 14 homicidios en esa región, mencionados en mi actualización oral anterior”, dijo en su intervención.

La Alta Comisionada reiteró que todavía no se conocen investigaciones o procesos penales para identificar, juzgar y sancionar a los responsables de graves violaciones de los derechos humanos ocurridas en los últimos dos años y causa de ello puede ser la Ley de Amnistía.

“Esta persistente impunidad erosiona la confianza en las autoridades, y junto con la falta de reformas legales e institucionales, incrementa el riesgo de nuevas violaciones a los derechos humanos”, puntualizó.

Presos políticos

La Alta Comisionada criticó que el régimen en las más recientes liberaciones –en las que otorgó el beneficio de convivencia familiar a 4,515 reclusos- no haya incluido a ninguno de los presos políticos.

“Ninguno de los 86 presos políticos registrados por sociedad civil al cuatro de mayo de 2020, fue beneficiado con esta medida. Reitero mi recomendación de liberar a todas las personas detenidas en el contexto de las protestas durante los últimos dos años”, dijo.

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