Entre las violaciones más recurrentes se encuentran agresiones y ataques, discursos estigmatizantes y procesos civiles y penales, revela informe de FLED.
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Entre abril de 2018 y abril 2023 se documentaron un total 1,329 violaciones a la libertad de prensa, de acuerdo a la Sistematización de las Violaciones a la Libertad de Prensa en Nicaragua, realizado por la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED). Estas violaciones recayeron en 338 víctimas, de las cuales 244 fueron hombres y 93 fueron mujeres.
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De las 1,329 violaciones contra la libertad de prensa, 759 casos corresponden a agresiones y ataques contra periodistas. Entre las agresiones se documentan ataques a la integridad física que generaron daños corporales, allanamientos a viviendas, destrucción y confiscación de equipos y materiales periodísticos. También se reportan desplazamientos forzados, amenazas, acoso, Atentados, intento de secuestro y torturas, violencia sexual y tocamientos.
Las violaciones a la libertad de prensa más recurrentes, además de los ataques y agresiones, fueron los discursos estigmatizantes con 161 casos, seguido de las restricciones al acceso a la información con 137 casos y procesos civiles y penales con 92 casos y las detenciones arbitrarias con 80 casos.
Los años más violentos para las personas de prensa fueron 2018, año del inicio de la crisis sociopolítica y 2021, año de la farsa electoral. En estos dos se reportaron más agresiones físicas, desplazamientos forzados, detenciones arbitrarias y judicializaciones. El aumento de la violencia en esos años dejó como resultado a 185 periodistas en el exilio.
“La primera ola de exilio se registró en abril de 2018 cuando 58 periodistas tuvieron que abandonar Nicaragua para resguardar su integridad física y la de sus familiares, y una segunda ola corresponde al año 2021, posterior al juicio que promovió la Fiscalía General de la República en contra de la extinta Fundación Violeta B. Chamorro; y que también tuvo como objetivo la intimidación, persecución, hostigamiento y persecución de periodistas, ante lo cual, hasta abril del 2023 se contabilizan un total de al menos 185 periodistas exiliados”, expone la sistematización.
Sin embargo, la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia advierte que es posible que las cifras de violencia en contra de la prensa independiente sean mayores que las documentadas. Además, que la disminución de las denuncias de las víctimas de agresiones por el temor infundido por el régimen Ortega-Murillo también afectó la recolección de los datos.
De acuerdo con la sistematización, las mujeres periodistas fueron unas de las víctimas más recurrentes. Al menos 410 de las violaciones totales contra la prensa independiente, es decir el 30 por ciento de los casos, fueron ejecutadas contra mujeres.
La persona de prensa que más agresiones sufrió fue Kalúa Salazar, jefa de prensa de radio La Costeñísima con 48 ataques, dos procesos civiles y penales y dos restricciones al acceso al internet. Las siguientes mujeres más agredidas fueron Lucía Pineda Ubau, Tania López, Verónica Chávez, Daliana Zelaya Ocaña, Jennifer Ortiz y Leticia Gaitán.
«La intimidación y hostigamientos incluyeron amenazas con armas de fuego, como le sucedió a la periodista Leticia Gaitán del canal 100% Noticias, quien fue interceptada por grupos paramilitares cuando se disponía junto a su camarógrafo a brindar cobertura de las protestas en la ciudad de Ticuantepe, Managua”, refleja uno de los casos.
“Los obligaron a bajar del vehículo, la tiraron al piso, le robaron sus pertenencias (celular, bolso y dinero) y uno de los encapuchados le apuntó con un arma en la cabeza diciéndole al oído: Quiero ver si ahora sos tan ‘güevoncita’ y valiente como cuando estás entrevistando», continúa.
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Mientras que los hombres fueron mayoritariamente víctimas de secuestros, violencia física y desplazamiento forzados, las mujeres fueron víctimas de violencia psicológica, burlas por su apariencia física y amenazas con su entorno familiar.
Sin embargo, las mujeres también sufrieron detenciones arbitrarias, discursos estigmatizantes, procesos civiles y penales, restricciones al acceso a la información y al internet y torturas.
Los principales ejecutores de las violaciones a la libertad de prensa fueron la Policía Nacional en el 76 por ciento de los casos, seguido del Ministerio Público, la Asamblea Nacional y el Poder Judicial.
«Los datos exponen como se mantiene una cultura de agresiones y censura como una política del gobierno actual, que lejos de brindar garantías e información desde todos los espacios públicos utiliza a la Policía y otras entidades de gobiernos como agentes represores», expone la sistematización.
