Espacios públicos en 132 municipios de Nicaragua amanecieron este martes con cárteles de la imagen del dictador Daniel Ortega, junto a la frase «¡Se va!», en forma de protesta masiva contra la represión y el asedio continuo del régimen nombrada «Operación Preso-198».

El levantamiento fue dirigido por las bases territoriales de la Alianza Cívica (AC) en Nicaragua, en una coordinación clandestina, «como un ejercicio de coordinación nacional de cara a reactivar la lucha cívica por la libertad de los nicaragüenses», así como defender la lucha en contra de la Policía de Nicaragua dirigida por el régimen, que persiste en la persecución de la ciudadanía que se levanta en su contra.

Nicaragua lleva más de 29 meses inmersa en una crisis sociopolítica y económica tras el levantamiento del pueblo ante las reformas al Sistema de Seguridad Social, que dejó alrededor de 325 personas fallecidos, miles en exilio y la permanencia de casi 100 presos políticos, que aún esperan la justicia en los sistemas penitenciarios del país.

Exitosa protesta pasiva

Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la AC señaló a través de sus redes sociales lo exitoso que ha sido el «operativo de protesta pacífica de la Alianza Cívica».

Añadió que el éxito fue visible gracias a más de dos mil miembros a lo largo de 132 municipios, situados desde El Jícaro Nueva Segovia (donde fueron colgadas en la estación de Policía), hasta Río San Juan «pasando por todos los distritos de Managua».

Pandemia ha agudizado la crisis

Organismos internacionales de derechos humanos han señalado en sus informes, que a través de sus monitoreos constantes de las violaciones de derechos humanos en el país, que el régimen Ortega Murillo, persiste en su tare constante de represión a todo aquel que demande o luche por su salida del poder.

La pandemia del COVID-19 provocó que la crisis se agudizara aún más, mostrando a su vez el mal manejo del régimen ante la crisis sanitaria de cara a las necesidades de salud pública del pueblo nicaragüense.

Familiares de las víctimas del régimen, así como las familias de los presos políticos de Nicaragua han demandado con mayor persistencia un apoyo sólido y de calidad de parte de las instancias internacionales, para restablecer la democracia y justicia en el país.

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