Una de cada tres víctimas mortales por violencia machista en España es de origen extranjero, siendo  evidencia más cruel de la desigualdad entre hombres y mujeres sobre todo de migrantes, así lo refleja el estudio  Tirar del hilo: historias de mujeres migradas supervivientes de violencia machista, presentado por la  Asociación de Investigación y Especialización sobre temas Iberoamericanos (AIETI) en coordinación con la Red de Mujeres Latinoamericanas y el Caribe.

«Esto nos lleva a afirmar que la violencia de género golpea especialmente a las mujeres migradas”, dice el informe.

El estudio indica que hay una «sobrerrepresentación de las mujeres migrantes en las estadísticas sobre violencia de género de España» que deja en evidencia «una trama compleja de violencias estructurales, precariedad y exclusión social”.

Para contraponer los factores que influyen en que las víctimas sean más las extranjeras, la organización realizó una serie de entrevistas con sobrevivientes de la violencia machista. Un factor común en los testimonios de las 19 sobrevivientes a la violencia machista que participaron en este estudio, es «la soledad», pues han migrado por amor, por necesidad económica, por estudios o por turismo y al final se quedan en este país donde no tienen redes de de contactos, familiares o amigos que le sirvan de apoyo para enfrentar este episodio de violencia a la que son sometidas.

A eso se le suma  “violencia estructural e institucional” que muchas veces no permite que las víctimas vean una luz en ese laberinto de maltrato psicológico, económico, social y físico al cual son sometidas por sus parejas de origen español y mayormente de otras nacionalidades. Las victimas son originaria de países de América, África y Asia de las edades de 26 a 56 años.

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“La violencia machista que afecta a  las mujeres migradas se da en el marco más amplio de una violencia estructural y que la pandemia del COVID-19 ha marcado y visibilizado aún más”, enfatizó Rita Bosaho, directora general para la igualdad de trato y diversidad étnico racial del Ministerio de Igualdad, durante su intervención en la presentación virtual del Informe.

Lucy Polo, de la Red Latinas resaltó que  existe mucho “miedo a la denuncia” y en su mayoría las víctimas no llevan a cabo ante las autoridades, sobre todo cuando no están regularizadas . Prueba de ello es que las estadísticas apuntan que el 95% de las víctimas mortales entre 2006 y 2015 no interpusieron denuncia.

No hay protección

La antropóloga Silvina Monteros, presentó los hallazgos más importantes del estudio y mencionó que existen derechos pero “con agujeros en las costuras”.

“El sistema de protección y atención a las víctimas de violencia de género es un tejido con parches y suturas. Presenta lagunas, vacíos que tenemos que corregir”, afirma Monteros.

Esto se refiere a que aunque existan leyes, protocolos a ejecutar para tratar estos casos, profesionales que trabajan en este ámbito tienen comportamientos racistas y clasistas, haciendo comentarios como: “queres sacar provecho a la situación”, ”usted me tiene que decir lo que pasó el día que lo denunció”, ”cálmate, aquí estás en España no te va a pasar nada, este Estado puede quitarte a tus hijos si te evalúan en estas estado que estas”, ejemplifica Monteros.

A eso se le suma que la ley de  extranjería pone en situación de vulnerabilidad extrema a muchas mujeres migrantes, ubicándolas en “infra ciudadanía” y aumenta el miedo de acudir a las autoridades a interponer la denuncia o iniciar un proceso legal. Otra forma de minimizar las capacidades de las mujeres migrantes es que no son reconocidas las titulaciones que traen desde su país de origen para tener una situación laboral menos precaria, no se reconoce la transnacionalidad del delito de violencia machista, existe una falta de perspectivas en la diversidad familiar.

“Creo que la respuesta institucional debe ser más fuerte, más oportuna y sobretodo más eficaz. Porque detrás de una mujer hay otras víctimas como los hijos e hijas”, afirma Diana Tutistar, de la Red Latinas.

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Como en el caso de la pensión de orfandad en los hijos de víctimas de violencia machista que solo se otorga a los hijos biológicos del autor del femicidio, lo cual deja total desprotección cuando a los hijos de las víctimas que tuvo con otra pareja.

“Si piensan que hay muchos recursos que están enfocados a tratar la violencia a la mujer, no están bien colocados, no están llegando”, añadió Belén Frujoni, promotora de igualdad.

En medio de esas necesidades urge mejorar  las promotoras de igualdad demandan a las  instituciones respeto al trabajo que realizan, porque son quienes apoyan a las víctimas en todo el viacrucis para el reconocimiento penal de la violencia de género.

“Que ese acompañamiento que damos a las mujeres no sea reconocido por nosotras mismas, sino por las propias instituciones para que podamos tener el acceso a los juicios como promotoras comunitarias. Porque muchas veces nos cierran las puertas aunque vengamos de asociaciones”, reclamó Paola Verdejo, promotora de igualdad.

 Por su parte, Marta Cabezas, de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), enfatizó la importancia de que “empecemos a considerar los testimonios de las mujeres migradas como una fuente legítima y fundamental del conocimiento y de crítica social”.

 Lo que conlleva a que las mujeres víctimas de violencia machista unen voces y gritan que  “las mujeres no son una cifra”, son personas con una vida que exigen respeto. “Tienen que haber sangre para llamar la atención”, relata una de las protagonistas de este informe en el video ilustrativo de la presentación.

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Aunque las mujeres migradas son las que más violencia machista viven, son las que menos acceden a ayudas económicas destinadas para estos casos, solo el 8% las recibió en 2017 y esto corresponden al temor que existe por parte de las víctimas a acceder a los servicios sociales establecidos en la región donde viven.

Las mujeres que participaron en este informe están radicadas en Madrid, Barcelona, Sevilla y Valencia.

La Lupa Nicaragua
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