Violencia machista contra mujeres en Nicaragua sigue en aumento
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Por 280 Ruth Aburto Acevedo, de 22 años, originaria del barrio El Cementerio en Jinotepe, Carazo, es la víctima más reciente de femicidio en Nicaragua. La joven fue asesinada por su pareja, Jeyson Castro Ortiz, de 33 años, la noche del domingo 18 de enero. Aunque huyó, fue capturado la noche del 20 de enero.
El hecho que conmocionó a los jinotepinos es un “problema cultural” que no debe verse como un caso aislado, sino más bien como “crímenes de poder”, explicó María Teresa Blandón del Programa Feminista La Corriente.
“No son crímenes pasionales, no es una locura, no es una enfermedad mental, no. Es un ejercicio de poder, de dominio de estos hombres sobre las mujeres con las que viven, un sentido de apropiación, se sienten dueños de la vida y de la muerte de las mujeres con las que viven”, detalló a La Lupa la feminista.
Según el dictamen preliminar del médico forense, la joven presentaba una herida por arma blanca en la región occipital izquierda que le provocó una hemorragia masiva que provocó su muerte.
Después de cometer el crimen, Castro Ortiz se dio a la fuga a bordo de una motocicleta. El hombre fue capturado en Nagarote, de acuerdo a la emisora Stereo Romance.
2019: 63 femicidios
En 2019, considerado el peor año para las mujeres, ocurrieron al menos 63 femicidios en Nicaragua, solo en noviembre de ese año se registraron siete de estos casos en distintas partes del país, sin que el Estado haga algo al respecto para detener la situación que deja luto y dolor en muchos hogares.
“Es un problema cultural, está en las raíces de la cultura machista, de la cultura sexista, hay una afán de dominación de estos hombres sobre el cuerpo de las mujeres, ahora bien, el Estado no hace nada, no sanciona y el Estado es productor de impunidad y además la sociedad y hasta los mismos de comunicación a veces abordan esto como un espectáculo”, denunció la feminista.
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Según información disponible en sus cuentas de Facebook, Aburto Acevedo contrajo matrimonio con su victimario el tres de marzo de 2019, pero fue hasta el 22 de septiembre que Castro Ortiz, quien es originario de Estelí, se mudó a Jinotepe.
La joven, una enfermera del hospital Salud Integral, aparentemente estaba embarazada, según información de medios locales. El hombre había permanecido como preso político y fue liberado en febrero de 2019.
Familiares de la joven asesinada denunciaron que ella recibía maltrato del hombre con el que llevaba cuatro meses de relación.
¿De dónde debe venir la respuesta?
La mayor responsabilidad recae en el Estado, cuya función es prevenir, sancionar y ofrecer reparación integral a las familias de las víctimas, pero la sociedad en su conjunto también debe asumir otra posición para evitar que las estadísticas vayan en aumento.
“La respuesta debe venir de los medios de comunicación, de la familia, de los mensajes religiosos, qué es lo que se está diciendo a los hombres y las mujeres en relación al género, en relación al amor, en relación a la familia y la sexualidad”, reiteró Blandón.
La feminista reitera que no se puede seguir “justificando” a los agresores, por lo que insiste poner siempre la mirada “en el agresor” y no en la víctima que sufre violencia.
“Hay que evitar que el agresor se acerque a la víctima, rechazar los gestos agresivos de ese hombre, ayudar a la víctima o posible víctima de esa violencia a resguardarse, a protegerse, a sentirse acompañada, a sentirse acuerpada; la familia y el barrio tienen que actuar, es decir no se puede seguir silenciando la violencia contra las mujeres”, dijo.
Más violencia contra mujeres
El crimen contra Aburto Acevedo no fue el único hecho de violencia registrado recientemente contra las mujeres. El trabajo que realizan los grupos de mujeres activistas también es blanco de la violencia machista.
La Asociación de Mujeres Estelí Xilonem denunció que fueron víctimas de la destrucción de una casa base que está en proceso de edificación y que le pertenece a este organismo que trabaja en proyectos de prevención contra la violencia hacia las mujeres.
Según denuncia de este grupo de mujeres, la destrucción del proyecto fue el último paso en la cadena de amenazas que recibieron, pues inicialmente aparecieron pintas en paredes y postes contra algunas de las activistas.
“El Estado en su papel de prevenir la violencia hacia las mujeres, y cualquier otro tipo de violencia, y en su papel de sancionar a los agresores no hace su parte, no la hizo antes y mucho menos la va a hacer ahora que el propio Estado está ejerciendo violencia contra la sociedad en su conjunto y contra las mujeres en particular”, puntualizó Blandón.
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