Nicaragua: patrón alarmante de violencia sexual como arma de represión política
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Por 0 “¡Vos sos hombre, sos huevón!”. “¡Aquí no se permite ropa de mujer!”. Son algunas de las agresiones verbales que sufrieron las mujeres trans detenidas en el contexto de las protestas de 2018 en Nicaragua.
Esta manifestación de tortura sicológica a la que fueron sometidas no solo vulnera sus derechos fundamentales, sino que evidencia la falta de reconocimiento de la identidad de las personas trans presas políticas por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Sus testimonios fueron documentados en un nuevo informe titulado “Violencia Sexual y de Género en el Marco de la Protesta Social en América Latina”, publicado por REDRESS, la Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la American University Washington College of Law (AUWCL), y la Red Latinoamericana de Litigio Estratégico en Violencia de Género (ReLeG).
El informe muestra cómo la violencia sexual y de género ha sido utilizada como un método de represión política y social en manifestaciones recientes en Argentina, Chile, Colombia, Honduras, México, Nicaragua, Perú y Venezuela.
El documento muestra cómo el régimen orteguista utilizó la violencia sexual y basada en el género (VSBG) como una herramienta de represión política durante las manifestaciones pacíficas en Nicaragua.
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La VSBG se utiliza particularmente como arma contra mujeres, personas LGBTIQ+ y es un “patrón creciente y alarmante” en América Latina.
En el caso de Nicaragua, “las defensoras de la diversidad sexual fueron víctimas de violencia específica. Casos documentados incluyen amenazas de ‘corregir’ su sexualidad mediante violencia sexual, burlas públicas y vandalización de sus propiedades con dibujos de contenido sexual y ofensivo”.
Arma de represión y tortura del régimen en Nicaragua
En Nicaragua, las protestas de 2018, que comenzaron por demandas sociales y políticas, rápidamente se convirtieron en una feroz represión por parte de la dictadura, que empleó diversas tácticas para sofocar las voces disidentes.
Estas agresiones fueron documentadas en múltiples informes de organizaciones defensoras de derechos humanos como la Iniciativa Nicaragüense de Defensoras de Derechos Humanos (IND) y la Iniciativa Mesoamérica de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), quienes recogieron una amplia variedad de testimonios sobre las humillaciones, torturas y agresiones sexuales sufridas por las mujeres detenidas.
En el marco de estas protestas, las formas de torturas documentadas incluyen “violaciones carnales anales, violaciones carnales vaginales, violaciones anales y vaginales con objetos —cañones de fusiles, escopetas, pistolas, macanas antidisturbios o amansa bolos—, violaciones múltiples de tres y más perpetradores.
Se documentó, según este informe, un caso de 15 sujetos violando a una prisionera. Además, otra sufrió la quema de sus genitales con ácido, “posiblemente ácido de batería”.
Los agresores, en su mayoría miembros de fuerzas paramilitares o policías, no solo las sometieron al dolor físico, sino que también utilizaron la violencia sexual para infundir miedo y silenciar a las manifestantes.
Un caso documentado se refiere a tres jóvenes de la UNAN —dos mujeres y un hombre— que fueron “secuestrados, torturados y violados por paramilitares en Tipitapa”. Las mujeres fueron abandonadas en la cuesta El Plomo, un sitio históricamente asociado con ejecuciones extrajudiciales.
Degradación de los cuerpos de las mujeres
A las mujeres también se las sometió a violencia verbal, física y sexual durante su detención arbitraria.
“Mujeres vagas”, “putas”, “zorras”, “vandálicas”, eran parte de los insultos y descalificaciones que recibieron durante su detención arbitraria, señala el documento publicado por Redress.
En abril de 2018, tres estudiantes detenidas en un tranque fueron “golpeadas, insultadas y obligadas a desnudarse frente a policías y a hacer sentadillas delante suyo bajo amenazas de muerte”.
Al someterlas a violaciones y humillaciones públicas, el régimen pretendía borrar sus derechos y silenciar su activismo.
A la violencia sexual, según el informe, se sumaron otros tipos de agresiones.
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Además de las agresiones físicas y sexuales, se desplegó una intensa campaña de hostigamiento digital, dirigida a difamar a las defensoras de derechos humanos.
“Se utilizaron las redes sociales y otros medios de comunicación para difamar a las defensoras, ridiculizando su apariencia, aludiendo a su orientación sexual —satanizando el ser lesbiana— y difundiendo estereotipos sobre su trabajo, especialmente cuando es relativo a los derechos sexuales y reproductivos, calificándolas de abortistas o asociándolas con el crimen organizado”, señala el informe.
Se documentó también la “creación de memes que manipulan imágenes de las defensoras, asociándolas con actividades ilegales o utilizando lenguaje altamente sexualizado”.
Plataformas como “Nicaleaks” han difundido datos personales y contenido falso para desacreditarlas. Además, se documentaron casos de suplantación de identidad digital para difundir información despectiva o estigmatizante.
La impunidad y la falta de Justicia
En Nicaragua, las organizaciones de derechos humanos han señalado que las vías formales de justicia están cerradas, y el sistema judicial está “condicionado políticamente”.
Esto significa que muchas de las víctimas de violencia sexual y de género durante las protestas no tienen acceso a la justicia, lo que perpetúa la impunidad de los agresores y la falta de responsabilidad por los crímenes cometidos.
El caso de Nicaragua muestra un patrón alarmante de violencia sexual y de género como herramienta de represión política.
El informe recordó que, en ocasiones, las personas sobrevivientes “a menudo guardan silencio debido a la vergüenza, al temor a represalias, al estigma social o a la falta de confianza en el sistema de justicia”.
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