La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) de El Salvador y la Universidad Rafael Landívar (URL) de Guatemala crearon un comité con personal de ambas universidades para analizar y atender las más de 2 mil solicitudes de admisión realizadas por estudiantes de la UCA de Nicaragua a partir de la confiscación de la universidad jesuita, informaron las universidades a través de una carta el 31 de agosto.
De acuerdo con la Comisión Interinstitucional, desde 2018 las universidades jesuitas de la región siguen «con atención las complejas circunstancias que ha enfrentado la comunidad educativa de la Universidad Centroamericana, y los últimos acontecimientos no fueron la excepción», señala la carta.
Lee: Estudiantes de la UCA temen persecución: “Estudiamos en la Casimiro o no nos graduamos”
«Por ello, además de los posicionamientos públicos que hemos planteado, vimos la necesidad de estrechar nuestros lazos de cooperación para apoyar a quienes nos han contactado para continuar sus estudios», indican.
El comité actualmente está desarrollando un plan de trabajo para establecer criterios para el análisis de los casos y coordinar acciones estratégicas que se llevarán a cabo en lo que resta del año.
Esto es para recibir en el primer ciclo académico de 2024 que inicia en enero a las personas que hayan completado el proceso admisión. La admisión también se definirá y comunicará oportunamente, y se regirá de acuerdo con las normativas nacionales de cada institución.
La Comisión señala que independientemente del nivel de avance que las y los estudiantes tengan en su carrera en la UCA de Nicaragua, deberán estudiar año de asignaturas y desarrollar el proceso de graduación, ya sea en la UCA de El Salvador o en la URL. «Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que continúe sus estudios», expresa.
Para solicitar la admisión a la UCA o a la URL solo se debe de llenar un formulario para recolectar datos que permitan identificar posibles soluciones para cada caso: formulario de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y formulario de la Universidad Rafael Landívar.
Tras la confiscación de la UCA, ahora llamada Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro, diferentes estudiantes expresaron que no querían continuar estudiando en una universidad administrada por el régimen Ortega-Murillo. Debido a eso, miles de jóvenes mandaron correos y solicitudes a las instituciones jesuitas de Educación Superior del resto de Centroamérica para continuar con sus estudios.
Otros cientos intentaron inscribirse en otras universidades privadas como la Universidad Americana (UAM), pero días después de haberse inscrito, la UAM anuló la matrícula de todo el estudiantado proveniente de la UCA alegando que se matricularon sin los certificados de notas oficiales. Otras universidades privadas también rechazaron la admisión de nuevos estudiantes.
También: Incrementan a 16 las presas políticas encarceladas por el régimen
Pese a que diferentes jóvenes incluso consultaron si podían iniciar las carreras desde el inicio, ninguna institución les abrió las puertas, así que alegan que la dictadura Ortega-Murillo ordenó a todas las universidades no recibir a estudiantes provenientes de la UCA.
Por esta razón, muchos de las y los estudiantes que integraron matricularse en universidades a lo interior del país también buscaron ayuda con las universidades jesuitas de la región.
La UCA fue acusada de terrorismo y confiscada por el régimen Ortega-Murillo el pasado 17 de agosto. Desde entonces, la universidad fue despojada de su personería jurídica y reemplazada por la nueva universidad estatal Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro.
La Compañía de Jesús también fue despojada de su personería jurídica y de todos sus bienes muebles e inmuebles el pasado 23 de agosto. Los sacerdotes jesuitas fueron desalojados de su residencia que quedaba junto a la UCA y varios de ellos han tenido que salir del país.
Los ataques contra la UCA y la Compañía de Jesús se mantienen desde el inicio de la crisis sociopolítica en 2018, cuando la institución jesuita denunció las violaciones a derechos humanos cometidas por el régimen Ortega-Murillo contra la población que ejercía su derecho a la protesta.
