El Consejo de la Unión Europea (UE) informó que extendió por un año más, hasta el 15 de octubre de 2024, las sanciones impuestas contra 21 funcionarios orteguistas y tres instituciones públicas por ser responsables de “graves violaciones o abusos de los derechos humanos” en Nicaragua.
“Los designados están sujetos a una congelación de activos y a los ciudadanos y empresas de la UE se les prohíbe poner fondos a su disposición. Las personas físicas están además sujetas a una prohibición de viajar, que les impide entrar o transitar por los territorios de la UE”, indica el documento.
Entre los funcionarios que han sido sancionados por la UE está la primera dama y esposa del dictador Daniel Ortega, Rosario Murillo y sus hijos Juan Carlos, Camila y Laureano Ortega Murillo.
También Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional; Alba Luz Ramos, presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); Bayardo Arce, asesor presidencial de asuntos económicos y la fiscal general, Ana Julio Guido.
De la Policía Nacional los sancionados son Francisco Díaz, director de esa institución y los comisionados generales: Luis Alberto Pérez Olivas, Justo Pastor Urbina, Ramón Avellán, Fidel Domínguez Álvarez y Juan Antonio Valle Valle.
Además las sanciones se extienden para Néstor Moncada Lau, asesor presidencial; Sonia Castro, exministra de Salud, Luis Ángel Montenegro, superintendente de Bancos y Nahima Janett Díaz Flores, directora de Telcor.
Por el Poder Electoral los sancionados son los magistrados Lumberto Ignacio Campbell Hooker, Brenda Isabel Rocha Chacón, presidenta del Consejo Supremo Electoral y Cairo Amador Arrieta, vicepresidente de ese poder.
Las tres instituciones sancionadas son la Policía Nacional, el Consejo Supremo Electoral (CSE) y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor).
En el comunicado la UE reafirma su compromiso continuo con el pueblo nicaragüense y con la defensa de la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos, instando a que la crisis sociopolítica que sufre el país desde hace más de cinco años “debe resolverse mediante un diálogo genuino entre el Gobierno y la oposición”.
El 4 de mayo de 2020, el Consejo de la UE adoptó las primeras sanciones contra seis personas y desde entonces la lista se ha venido aumentado.
El 13 de octubre de 2022, el Consejo amplió por un año más su marco para imponer medidas restrictivas específicas y es el cuarto año que mantiene esta política de sanciones contra funcionarios e instituciones de la dictadura orteguista.
La UE ha explicado que las medidas restrictivas son dirigidas a “personas y entidades responsables de graves violaciones o abusos de los derechos humanos, o de la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Nicaragua, así como a personas y entidades cuyas acciones, políticas o actividades socavan la democracia y el estado de derecho en el país”.
