Ortega sustenta su ley en la teoría del golpe de estado fallido, misma que ha sido ampliamente descartada por los organismos internacionales que investigaron los hechos de violencia ocurridos en Nicaragua en el último año y que concluyeron que en Nicaragua hubo un uso desproporcionado de la fuerza ejecutado por la policía y civiles armados.

La Ley de Atención a las Víctimas enviada por Daniel Ortega con trámite de urgencia, y aprobada esta mañana por la Asamblea Nacional no contempla procesos de verdad, justicia, y reparación para las víctimas de la masacre de abril como se ha demandado.

La ley aprobada con 69 votos a favor destaca la voluntad del régimen para reparar los daños, pero no traza una ruta de justicia y reparación que garantice la no impunidad a los responsables de los crímenes cometidos en el contexto de las protestas cívicas iniciadas el 18 de abril de 2018, como demandan los familiares de las entre 325 y 500 personas asesinadas en ese contexto.

Ortega sustenta su ley en la teoría del fallido intento de golpe de estado, misma que ha sido ampliamente descartada por los organismos internacionales que investigaron los hechos de violencia ocurridos en Nicaragua en el último año y que concluyeron que en Nicaragua hubo un uso desproporcionado de la fuerza ejecutado por la policía y civiles armados que más tarde la misma Policía asumió como parte de su estructura.

Según la iniciativa de Ley, este instrumento “tiene como reto establecer el marco jurídico que regula la atención y reparación integral a víctimas y sus familiares en el contexto de los hechos de violencia ocurridos a partir del 18 de abril del 2018”, obviando ese punto en el cuerpo de la misma.

La propuesta consta de cinco artículos, ninguno referido a la búsqueda de justicia y reparación; lo que propone resarcir los daños garantizando a las víctimas y sus familiares acceso a servicios que el Estado está obligado a prestar a todos los ciudadanos.

Negocia con responsabilidad estatal

Por ejemplo, el segundo artículo habla de brindar a las víctimas y sus familiares atención en salud, educación, reinserción laboral y la posibilidad de optar a programas de vivienda gubernamentales, así como garantías de ocio y recreación.

«Las víctimas y sus familiares podrán optar a los programas de vivienda que tiene el gobierno. Las instituciones encargadas a nivel central municipal o regional priorizarán las solicitudes de casos en el contexto de los hechos de violencia ocurridos a partir del 18 de abril del 2018”, dice el documento que Ortega pide sea aprobado y enviado a La Gaceta para efectos de legalidad.

En el mismo apartado se habla del compromiso del Estado a garantizar “el derecho al ocio y recreación” dispone que “las víctimas y sus familiares” puedan acceder a las instalaciones deportivas públicas, centros de recreación públicos y todos los espacios públicos de forma gratuita.

Según el régimen, su iniciativa «contiene los elementos fundamentales para ofrecer una respuesta del Estado a la problemática y necesidades de las víctimas y sus familiares asegurando de forma articulada las acciones de los sectores que integran la administración de justicia, la salud, la educación, el trabajo y la tensión social, todo de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria con que cuenta el país.

Ausente la justicia, reparación y no repetición

Sobre el tema de justicia y reparación la Alianza Cívica ha planteado que se ofrezcan garantías de no repetición para consolidar la paz, la seguridad, la estabilidad y el respeto a los derechos humanos en una situación que no conlleven a la impunidad, sin embargo, en la iniciativa de Ortega no da respuesta a la demanda de justicia.

Según la ley, incluye a «todas las víctimas y personas relacionadas en el contexto de los hechos ocurridos a partir del mes de abril 2018», sin embargo, omite aspectos como justicia, reparación y no repetición.

Agrega que el estado proporcionará la atención y reparación integral a las víctimas de abril y a sus familias, a través «el acceso a los servicios sociales, de seguridad y salud, con la finalidad de mitigar las consecuencias negativas bienestar y la salud, y lograr el pleno ejercicio de sus derechos y la reparación del daño».

*Este artículo fue originalmente publicado en Despacho505.

La Lupa Nicaragua
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