Tres razones por las que Daniel Ortega hundió la democracia en Nicaragua, según The Economist
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Por 274 Hace mucho tiempo que la misma población dejó de llamar al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo como tal. Lo nombran régimen y dictadura. Dichos conceptos muestran la realidad que reveló el Índice de Democracia de la Unidad de Inteligencia de The Economist 2019. El país que dirige Ortega desde hace trece años es uno de los tres “regímenes autoritarios” en la región, junto a Cuba y Venezuela. Ocupa el puesto 122 entre 167 países del mundo.
La publicación “Un año de reveses democráticos y protestas populares” muestra a través de sus mediciones con base a cinco categorías: proceso electoral y pluralismo; el funcionamiento de gobierno; participación política; cultura política; y libertades civiles, el avance o deterioro de los países en términos de democracia.
Nicaragua cada vez más hunde los avances democráticos que se habían alcanzado después que el mismo Ortega fuera derrotado en las urnas en uno de los procesos electorales más difíciles de la historia, en 1990, frente a un conjunto de actores opositores, representados por Violeta Barrios de Chamorro.
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De hecho, el Índice señala que “el creciente uso de prácticas autoritarias en Venezuela, Nicaragua y Bolivia representan gran parte del reciente deterioro democrático regional”.
La Lupa te explica en tres motivos cómo el mismo orteguismo socavó la democracia en Nicaragua, y pasó a ser un régimen autoritario:
LIBERTADES CIVILES
A nivel general el puntaje de las libertades cayó de 6.35 en 2008 a 5.74 en 2019, pero la más grande caída se registró en América Latina, según The Economist. Nicaragua es un reflejo de lo que se vive en la región. Expertos en derechos humanos han señalado que las libertades están secuestradas por el régimen de Daniel Ortega, favoreciendo a sus partidarios.
Nicaragua, en promedio, de los cinco indicadores alcanzó 3.55 en 2019, mientras que en 2018 tenía 3.63. Hubo un retroceso. Estas cifras son una muestra de la represión que se vive en las calles del país, donde prevalece el hostigamiento, el asedio y la persecución contra ciudadanos que piensan diferente al partido FSLN, y no tienen posibilidades de expresarse.
La población en Nicaragua no puede protestar. Las huelgas de hambre son hostigadas y asediadas, aunque se realicen en templos católicos. No se puede enarbolar la bandera de Nicaragua en la vía pública, y la población no habla abiertamente de la situación sociopolítica del país con cualquiera, ya que siempre existe el riesgo que pueda denunciarlo con la Policía Orteguista, acusándolo de “golpista”.
PROCESO ELECTORAL Y PLURALISMO
La segunda categoría de peor desempeño en la última década ha sido esta. El puntaje se deterioró en 0.10 en 2019 en comparación con 2018, años continuos de disminución constante, advierte The Economist. “El puntaje global promedio para esta categoría ha caído de 6.07 en 2008 a 5.80 en 2019”.
Casi todos los analistas políticos concuerdan que el pacto de Arnoldo Alemán con Daniel Ortega en el 2000 fue un hecho clave en los procesos políticos siguientes en en el país. En Nicaragua existen 18 partidos políticos con personerías jurídicas; sin embargo, ninguno de ellos representa una verdadera oposición para el régimen orteguista, ni tampoco son protagonistas de una variedad de opciones políticas. La mayoría se ha convertido en aliados del FSLN.
Con la llegada al poder, otra vez, en 2007, de Daniel Ortega empezó a adueñarse de los Poderes del Estado, incluyendo el Consejo Supremo Electoral y la Corte Suprema de Justicia. Una de las sentencias más cuestionadas en el país ha sido la que le otorgó vía libre para que participara en los comicios electorales de 2011 para el período 2012-2016, pese a que la Carta Magna prohibía la reelección consecutiva. Así ha estado por tres períodos seguidos.
La actual oposición, que busca conformar una gran Coalición Nacional, ha publicado sus propuestas de reformas electorales que no van más allá de un proceso apegado a Derecho, como sucede en cualquier país del mundo, pero es Ortega el que sigue manteniendo la última palabra. Él maneja la institucionalidad del país a su antojo. Este año se espera que la Asamblea Nacional, de mayoría orteguista, discuta una reforma electoral.
FUNCIONAMIENTO DE GOBIERNO
De acuerdo con The Economist, esta categoría es la de menor puntaje en el Índice de Democracia, con un promedio global de 4.81 en 2019, por debajo de 5.00 en 2008. América Latina se ubica en 5.40.
Nicaragua obtuvo 2.86 en esta categoría, lo que revela su estado actual. El Índice explica que el rendimiento bajo del mundo ante este indicador se relaciona con temas de transparencia, responsabilidad y corrupción en el planeta.
Como si se tratara de una radiografía de la región, la publicación internacional señala que “las fallas del gobierno en estas áreas-las antes mencionadas- ayudan a explicar el aumento de la protesta política y disturbios sociales en las regiones en desarrollo en 2019”. El año pasado democracias tan sólidas como la chilena se vieron sacudidas por demandas de la población canalizadas por protestas masivas.
Nicaragua había antecedido ese terremoto de demandas sociales que agitó a la región latinoamericana en 2019 con el estallido social vivido desde abril de 2018. La crisis sociopolítica del país inició precisamente, por decisiones unilaterales sobre una reforma social que obligaba, entre otras cosas, a los pensionados a dar el 5 por ciento de su jubilación al sistema, lo que provocó un estallido social que se agravó por la represión brutal del régimen de Daniel Ortega que ha dejado 328 víctimas mortales, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Presos políticos, torturas, malos tratos, lisiados, exiliados, asedio, amenazas de muerte forman parte de la nueva forma de funcionar del régimen Ortega-Murillo, que utiliza a instituciones estatales para intimidar e imponerse en el poder.
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