El régimen Ortega-Murillo expuso en sus medios de propaganda diferentes logros en materia de restitución de derechos de los Pueblos Originarios durante el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas. Sin embargo, los logros que expuso son en realidad derechos que han violentado a las poblaciones indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe.
En la actualidad, el régimen Ortega-Murillo enfrenta una denuncia internacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por violentar múltiples derechos de los pueblos rama y kriol, y la comunidad negra creole indígena de Bluefields. Estas son las mentiras dichas por el régimen durante el foro de las Naciones Unidas.
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Mentira: «El régimen Ortega-Murillo reconoce, promueve y garantiza el derecho fundamental de todos los Pueblos Originarios a su libre determinación; a establecer libremente su condición política, su desarrollo económico, social, cultural; y la preservación y protección de sus territorios, tradiciones y lenguas».
Verdad: A través del Consejo Regional Autónomo de la Costa Caribe Sur (CRACCS), el régimen Ortega-Murillo se ha negado a reconocer las autoridades de los pueblos y comunidades elegidas legítimamente desde el año 2013, vulnerando su derecho a la autodeterminación.
Además, ha impuesto gobiernos paralelos al incentivar y reconocer a otras personas que no fueron elegidas de forma tradicional, de acuerdo con las denuncias de las comunidades indígenas y negras ante la Corte IDH.
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Según los pueblos y comunidades denunciantes, los gobiernos paralelos son personas que responden a los intereses del partido de Gobierno, no respetan las leyes que rigen a las Regiones Autónomas e impactan negativamente en la organización política y social de sus sociedades.
Mentira: «El régimen Ortega-Murillo reconoce plenamente las formas comunales de propiedad de la tierra de las comunidades indígenas de la Costa Caribe, las cuales poseen protección especial, equivalente a 38,432.81 kilómetros cuadrados, correspondiente al 30% del territorio nacional»,
Verdad: De toda la tierra tradicional demarcada para entregar a los pueblos indígenas, los pueblos indígenas solo poseen títulos del 7 por ciento de la tierra reclamada, es decir, 1,590 kilómetros de los 20 mil kilómetros demandados por los pueblos.
Por otro lado, el régimen aprobó la construcción del Gran Canal Interoceánico en 2013, sin que se realizara un proceso de consulta libre, previa e informada a estos pueblos, a pesar que el proyecto atravesaba el 52 por ciento de tierras indígenas.
El proceso de Consentimiento Libre Previo e Informado es otro derecho que todos los pueblos indígenas y afrodescendientes tienen sobre sus territorios que tampoco fue respetado.
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Aunque el proceso no se realizó, la Asamblea Territorial del Pueblo Rama y Kriol aprobó un Convenio de Consentimiento para arrendar 263 kilómetros cuadrados del territorio de las comunidades a favor del canal interoceánico en 2016. Sin embargo, miembros de la Asamblea denunciaron ante la Corte IDH que fueron presionados para aprobarlo.
Mentira: «El Gobierno incorpora en todas sus políticas los principios de defensa de la naturaleza y el medio ambiente como ejes de lucha contra la pobreza, fomentando la conservación del patrimonio natural, reconociendo el derecho milenario y ancestral de los Pueblos Originarios en la protección y preservación de la naturaleza».
Verdad: El Estado otorga tierras a colonos y empresas para la extracción de recursos en territorios de comunidades o áreas protegidas, como Reserva Natural Bosawás o la Reserva Biológica Indio-Maíz, de acuerdo con denuncias de los pueblos.
Hylary McRay John, líder de la comunidad Rama de Indian River, expuso ante la Corte IDH que desde la aprobación del Canal Interoceánico existen una gran presencia de colonos en la Reserva Indio-Maríz, la han deteriorado gravemente por la extracción de recursos y han desplazado forzadamente a las personas de indígenas de la zona.
Por su parte, Nora Newball, lideresa de la Comunidad Negra Creole Indígena de Bluefields, señaló que existen hostigamiento y persecución contra las personas indígenas que defienden los derechos territoriales tanto de los colonos como autoridades estatales.
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El pasado 14 de marzo cinco mayangnas fueron asesinados por un grupo de 70 colonos en la comunidad de Wilú que queda dentro de Bosawás, según organizaciones indígenas.
Desde 2010 hasta 2021, se ha registrado el asesinato de 63 personas indígenas por colonos y más de más de mil indígenas miskitos han sido desplazados de sus comunidades por la violencia, de acuerdo con Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cejudhcan).
