Cuando algunos colegas le dijeron que el gobierno nicaragüense había dado órdenes de que los hospitales públicos del país se negaran a atender a manifestantes heridos, el Dr. Josmar Ulises Briones Montalván quedó conmocionado. “La obligación de un médico es salvar vidas”, expresó.

Briones es neurocirujano y trabajaba en su clínica privada en Managua, la capital de Nicaragua, y en otra en Estelí. Sin embargo, cuando la Policía Nacional y bandas armadas partidarias del Gobierno empezaron a reprimir con violencia a las decenas de miles de manifestantes indignados con el Gobierno nicaragüense en abril de 2018, el Dr. Briones tuvo que tomar una difícil decisión: ir en contra de sus principios o arriesgarse a ir preso.

Durante la represión de las manifestaciones —que empezaron como repudio a cambios al sistema de seguridad social de Nicaragua y luego se extendieron a reclamos más generales contra el Gobierno—, más de 300 personas murieron y más de 2.000 resultaron heridas. Cientos de personas fueron detenidas, y muchas de ellas juzgadas sin garantías de debido proceso. Numerosos detenidos sufrieron abusos que, en muchos casos, constituyeron tortura, incluidas descargas eléctricas, golpizas, abuso sexual y asfixia.

Mientras el Gobierno negaba los abusos, los médicos sabían que los funcionarios mentían porque veían las lesiones que presentaban quienes acudían para ser atendidos. Lo que Briones vio, a medida que las decenas de heridos llegaban a los centros de salud donde trabajaba y atendía a personas en las calles, cambió su vida.

Las clínicas de Briones siguieron atendiendo y él se negó a rechazar a personas que necesitaban atención, aun cuando muchos de los médicos temían sufrir represalias por hacer su trabajo, Briones le dijo a Tamara Taraciuk Broner, abogada senior para las Américas de Human Rights Watch. También sumó esfuerzos con decenas de otros médicos, residentes y estudiantes de medicina. Crearon juntos una red informal que brindó atención médica en la vía pública, en casas de seguridad aledañas a las zonas de los tranques, y en clínicas improvisadas instaladas hasta en aulas de las universidades, cerca de donde se produjeron muchas de las protestas estudiantiles.

Los médicos sabían que estaban poniendo en riesgo sus carreras. Sin embargo, algunos lo hicieron públicamente, como un grupo de cerca de 25 médicos que trabajaban en un hospital de Estelí y que redactaron una carta pública manifestando que atenderían a todas las personas, con independencia de sus posiciones políticas. Briones señaló que luego todas las personas que firmaron esa carta habían sido despedidas de sus cargos, incluyendo una pediatra que siguió atendiendo pacientes luego de ser despedida y terminó exiliada. Según la Asociación Médica Nicaragüense, casi 300 médicos, enfermeros o trabajadores de la salud han sido despedidos por atender a manifestantes.

La atención médica no siempre era posible, incluso para los médicos comprometidos. Briones contó que un día llegó a un hospital de Estelí para atender a un paciente con herida de arma de fuego en la columna, pero miembros del sindicato y el subdirector médico le negaron la entrada, acusándolo de “terrorista,” “golpista” y “médico pagado por la CIA”. El paciente no fue trasladado a otro hospital para recibir tratamiento y terminó en una silla de ruedas.

Atender a pacientes era incluso más difícil por las amenazas. En un hospital, en horas de la madrugada, un miembro de una banda armada paramilitar irrumpió en el servicio de urgencias disparando al aire, para luego amenazar con volver y disparar indiscriminadamente si los médicos seguían atendiendo a manifestantes, según le contó a Briones un médico que estaba presente. Briones también indicó que paramilitares armados se presentaron en su clínica y lo amenazaron de muerte si seguía atendiendo a manifestantes. En un país donde cientos de críticos fueron encarcelados injustamente o asesinados, entendía la gravedad de estas amenazas.

Briones siguió brindando atención médica, a pesar de haber visto con sus propios ojos qué le ocurría a las personas que cuestionaban la autoridad del Presidente Daniel Ortega.

Algunos días después, atendió a manifestantes que le dijeron que habían recibido puntapiés o golpizas de policías, o incluso habían sido golpeados con las culatas de fusiles automáticos. Algunos tenían costillas rotas y heridas en la cabeza. Varios habían recibido golpes tan violentos que no podían abrir los ojos. “Era habitual revisar las costillas de los pacientes para determinar cuántas estaban quebradas”, afirmó.

Algunos manifestantes llegaron a Briones con heridas de bala en el cuello y el pecho, alrededor de la zona torácica que los médicos allí llaman “triángulo de la muerte”. Atendió a un manifestante que presentaba perforación en el pulmón por herida de bala. Otro tenía una bala alojada en la médula.

En un caso, Briones atendió a un paciente que había recibido un disparo en la cabeza. Trasladó al manifestante a un hospital en Managua para que recibiera atención urgente, pero el jefe del servicio de neurocirugía allí le dijo a Briones “deja que ese perro se muera”, y se negó a brindarle tratamiento, aseveró Briones. El paciente falleció.

“Eso no es ser médico”, opinó Briones. “Eso ni siquiera es ser persona”.

Al atender a estos pacientes, ellos o sus amigos le contaron a Briones sus historias. Algunos de sus pacientes habían sido liberados poco antes de El Chipote, una de las principales cárceles donde hay presos políticos, tras haber estado allí algunas horas o días.

Habían recibido golpizas y puntapiés con botas militares, y tenían costillas rotas o contusiones en todo el cuerpo, dijeron a Briones. Algunos indicaron que, al llegar allí, primero los obligaron a desnudarse y los rociaron con agua helada. También hubo tortura psicológica, contó Briones. Los agentes les decían a los manifestantes que “iban a matarlos, que iban a matar a sus familiares”, señaló. “Desnudaban a las mujeres y les decían que iban a violarlas”.

Los dos casos que más lo horrorizaron fueron los de dos jóvenes que tenían los pantalones empapados en sangre al llegar a la clínica. Ambos tenían desgarro anal. Contaron a Briones que

habían sido violados por paramilitares con la punta de un fusil automático. Los agentes les advirtieron que, si seguían manifestándose, lo mismo les ocurriría a sus familiares.

Briones siguió atendiendo a los manifestantes hasta que consideró que estaba poniendo en peligro a su familia. En julio, cuando Briones llevó a su familia a Estelí para visitar a su padre, que celebraba su cumpleaños, un colaborador de su clínica de Managua llamó y dijo que se había presentado un grupo de civiles armados preguntando por él. Ese mismo día, dos vehículos de la policía se estacionaron frente a su vivienda y un grupo de hombres armados dijeron a la mujer que trabajaba allí que matarían a Briones. Cuando no lo encontraron, dijo Briones, envenenaron a su perro y dejaron una nota que decía: “Te tenemos vigilado, perro”. Días antes de este incidente, un vecino le había aconsejado que “dejara de atender a los golpistas” porque “tomarían medidas” en su contra, dijo Briones.

Briones nunca regresó a su casa. Él y su esposa se llevaron a los niños, que estaban en casa de un familiar, y salieron del país el día siguiente. Actualmente vive en Estados Unidos, donde intenta reconstruir su vida. Briones afirma conocer a más de 50 médicos que atendieron a manifestantes y se vieron obligados a exiliarse, en su mayoría a Costa Rica o Estados Unidos.

Ortega ha arremetido ferozmente contra las masivas manifestaciones críticas de su gobierno, pero la represión en Nicaragua no se detuvo allí.

La Asamblea Nacional cerró nueve organizaciones no gubernamentales. Se ha amenazado a periodistas: dos fueron encarcelados en diciembre de 2018 y ahora enfrentan cargos por terrorismo. A una activista se le quitó la ciudadanía y fue deportada, y a tres activistas extranjeras se les quitó la residencia. Observadores internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina de la Alta Comisionado para los Derechos Humanos han sido expulsados del país.

Briones transmite su historia para que el mundo sepa cuál es la realidad en su país, con la esperanza de que exponer estos abusos contribuirá a que los responsables respondan por sus acciones. “No estoy a favor de la amnistía, estoy a favor de la justicia”, expresó.

*Nota originalmente publicada en The Human Rights Watch.

Perfil del autor
La Lupa Nicaragua