La semana pasada, Daniel Ortega liberó a más de 50 presos políticos a través de la publicación exprés de una ley de amnistía. Desde abril del 2018, la dictadura de Nicaragua ha engrosado una lista de alrededor de 700 ciudadanos detenidos de manera arbitraria –entre los que se encuentran reconocidos periodistas, líderes estudiantiles y dirigentes campesinos– por ejercer los derechos políticos consignados en la Constitución de Nicaragua, que los infames dictadores se han encargado de convertir en papel mojado.

La ley de amnistía no podría ser más controversial, en espíritu y oportunidad. Su ámbito de aplicación abarca todos los “delitos políticos y los delitos comunes conexos con estos”, consumados en el contexto de las manifestaciones antigubernamentales iniciadas en abril del año pasado. Es evidente que el objetivo último de la ley es allanar el terreno para sentar las bases de la impunidad al estancar futuras investigaciones de las acciones de represión de los grupos de choque afines al régimen, parapoliciales, paramilitares y Policía Nacional, responsables de más de 500 muertes (Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos) y de otros delitos de lesa humanidad, según se recoge en los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), entre otros. Para José Miguel Vivanco, director de la división de las Américas de Human Rights Watch, “la ley es un buen ejemplo del ejercicio arbitrario del poder”, y añade que, si bien la excarcelación de los presos políticos es importante para ellos y sus familias, “no hay que dejarse engañar y es hora de redoblar la presión internacional sobre el régimen”.

Hoy se cumple el plazo que dio la Alianza Cívica a los Ortega-Murillo para liberar a todos los presos políticos sin reserva, como condición para retomar la mesa de conversaciones. Y es que, ante la creciente presión de la comunidad internacional, que amenaza con más sanciones dirigidas a los jerarcas del anillo de poder de los Ortega-Murillo, el régimen se encuentra urgido de reinstaurar el simulacro de diálogo nacional como parte de su mascarada. De acuerdo con las listas conciliadas entre la Alianza Cívica y el oficialismo, sin embargo, aún se encuentran retenidos cerca de 80 presos políticos en las cárceles del régimen.

Las declaraciones de los excarcelados se van dando a conocer a través de los pocos medios independientes que subsisten en el país. Las denuncias de maltrato, torturas físicas y psicológicas, aislamiento y otros vejámenes se corroboran en los testimonios de los liberados. Lucía Pineda-Ubau, periodista y jefa de prensa de “100% Noticias”, acusada por delitos de “provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas”, expresó en una entrevista, con motivo de su liberación, que “solo en una dictadura se criminaliza la labor de los periodistas”, y exigió al régimen que restituya las instalaciones del noticiero que se encuentran confiscadas desde diciembre. Edwin Carcache, uno de los líderes estudiantiles liberados, manifestó también que “debe quedar claro que la liberación de los presos políticos se da gracias a los acuerdos alcanzados en la mesa de negociación y no a la ley de amnistía”. Y es que aceptar el beneficio de esta amnistía es igual a reconocer que manifestarse en Nicaragua es un delito. Para desazón de la dictadura, la consolidación de los liderazgos de algunos presos políticos se ha dado como efecto colateral de los abusos de los que han sido víctimas. La determinación de los liberados hacia el logro de la transición a la democracia es inalterable. “Hay que seguir en la calle, luchando”, ha dicho Edwin Carcache.

Gustavo Porras, presidente del Congreso de Nicaragua, declaró en un medio oficialista que la ley de amnistía ha sido “un trago amargo para el sandinismo” y refirió a la cláusula que establece que, si los presos políticos “incurren en conductas repetitivas generadoras de los delitos”, les será revocado el beneficio. Mediante un comunicado del 13 de junio, Maja Kocijančič, portavoz de Exteriores de la Unión Europea, ha señalado que “la implementación de la cláusula de no repetición en la amnistía no debe conducir a renovadas restricciones de los derechos políticos”.

El régimen de Ortega-Murillo carece de legitimidad y ha violentado de manera tajante los principios y valores de la democracia. La dictadura está tratando, mediante artimañas, de comprar tiempo e impunidad. Mientras tanto, las garantías constitucionales, las libertades y los derechos humanos de los nicaragüenses permanecen en suspenso.

*Nota de la abogada María José Guerrero, publicada en El Comercio.

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La Lupa Nicaragua