El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) en conjunto con otras 18 organizaciones enviaron una carta a los estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas pidiendo que adopten una nueva resolución en la que se “renueve y refuerce” el mandato de la Oficina de del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh).

En la misiva con fecha del 4 de marzo de 2020, las organizaciones solicitan se renueve el mandato con el objetivo de que se continúe haciendo un seguimiento sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua.

“Reiteramos lo que nosotros pedimos en el consejo, pero esto es con respaldo de muchas organizaciones nacionales e internacionales (…) Que persista la vigilancia internacional son cercos que se le van cerrando a este gobierno”, confirmó a La Lupa la defensora de derechos humanos, Vilma Núñez.

En la carta, las 19 organizaciones firmantes señalan que la situación en Nicaragua “sigue siendo crítica”.

Por otro lado, insisten que la represión del régimen continúa “limitando el espacio de la sociedad civil de forma dramática”, particularmente ejercen abusos contra las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones de mujeres y feministas, los líderes y lideresas comunitarios, así como el de los periodistas.

“Si esta resolución nueva, que no tiene mayores alcances, pero si no se logra aprobar, definitivamente el tema de Nicaragua ya no tendría la misma atención, ni la Comisionada podría tener ese mandato para seguir de manera especial, como lo está haciendo, marcando la situación de Nicaragua, entonces por eso es importante”, agregó Núñez.

La Policía viola constantemente el derecho de manifestación. Foto tomada de El Nuevo Diario

PERSISTE IMPUNIDAD

Las organizaciones firmantes señalan en la misiva que el régimen persiste, en lo que la Oacnudh describe como “la prohibición sistemática de las manifestaciones” y que además 61 personas opositoras permanecen “encarceladas arbitrariamente”.

Agregan que sigue la impunidad por los crímenes de derecho internacional y las graves violaciones de derechos humanos cometidas por la policía y grupos paratestatales continúa siendo la “norma”.

“El Gobierno a través de Valdrack Jaentschke (vicecanciller) pidió que no se aprobara ninguna resolución”, agregó Núñez.

Finalmente, señalan que el monitoreo que hace la Oacnudh es fundamental para garantizar que los graves abusos y violaciones de derechos humanos cometidos desde el inicio del estallido social no queden “impunes”.

“Es crucial para frenar posibles violaciones de derechos humanos, incluidas las que se puedan cometer en relación con las elecciones presidenciales de 2021”, advierten las 19 organizaciones.

En su último monitoreo, presentado en enero pasado, la Oacnudh expresó su preocupación por la continua restricción a la libertad de asociación en Nicaragua, así como por la situación de las comunidades indígenas.

Esta oficina, también destacó que el flujo de nicaragüenses solicitantes de asilo a otros países, especialmente a Costa Rica, persiste.

“La falta de rendición de cuentas por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas desde abril de 2018, impide a las víctimas obtener justicia y les limita la posibilidad de buscar verdad, reparación y garantías de no repetición”, señalan el informe.

Entre las organizaciones firmantes de la carta enviada están Amnistía Internacional, la Articulación de Movimientos Sociales (AMS), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Human Rights Watch, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derchos Humanos (Raza e Igualdad), entre otros.

Foto principal: Tomada de La Prensa

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