Llaman a Estados Unidos, Canadá, América Latina y la Unión Europea a imponer sanciones individuales, prohibición de ingresos y congelamiento de activos de los funcionarios nicaragüenses identificados como responsables de graves violaciones a los derechos humanos.

El régimen Ortega-Murillo sólo cederá a la demanda de restitución de las libertades en Nicaragua con sanciones, así de claro lo plantea Human Rights Watch en un informe que documenta las atrocidades cometidas por las fuerzas  orteguistas, a partir del 18 de abril de 2018, y en el que señala a los funcionarios que deben ser sancionados por su participación en estos actos: Daniel Ortega, Aminta Granera, Francisco Díaz, Ramón Avellán, Jaime Vanegas, Luis Pérez Olivas y Justo Pastor Urbina.

“La única forma de contrarrestar las violaciones de derechos humanos generalizadas cometidas por el régimen, de permitir que los nicaragüenses regresen del exilio, de poner fin a la censura y de restablecer la independencia judicial es ejerciendo una fuerte presión internacional sostenida que debería incluir sanciones individuales y un mayor reclamo para que los responsables rindan cuentas por sus abusos”, dijo de forma categórica José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

Vivanco, durante la presentación del informe “Brutal represión: Torturas, tratos crueles y juicios fraudulentos contra manifestantes y opositores en Nicaragua”, señaló que Ortega “no ha mostrado el más mínimo interés en que las víctimas de la feroz represión perpetrada por miembros de la Policía Nacional y matones armados durante las protestas de 2018 logren justicia”.

Los señalamientos y alertas sobre la crisis que atraviesa Nicaragua se derivan de investigaciones realizadas en Nicaragua y Costa Rica y de un análisis de fuentes oficiales, incluidos expedientes judiciales y declaraciones de fuentes gubernamentales, así como pruebas que corroboran los abusos que incluyen fotografías, grabaciones de video e informes médicos.L

Todo esto llevó a Human Rights Watch a exhortar a los gobiernos de Estados Unidos, Canadá, América Latina y la Unión Europea a imponer sanciones individuales, prohibición de ingresos y congelamiento de activos de los funcionarios nicaragüenses identificados como responsables de graves violaciones a los derechos humanos.

Y así detalla la participación de cada uno de los indicados:

El presidente Daniel Ortega, jefe supremo de la Policía Nacional, que cuenta con amplias facultades, incluidas las de “disponer” de la policía a su arbitrio y destituir a jefes policiales cuando desobedezcan sus órdenes.

La general retirada Aminta Granera, ex directora de la Policía Nacional, que encabezó la fuerza hasta ser reemplazada por el general Francisco Díaz en septiembre de 2018.

El general Francisco Díaz, director de la Policía Nacional, quien se cree ha ejercido un control significativo sobre esta fuerza, primero cuando fue subdirector y luego en su cargo actual.

El general Ramón Avellán, subdirector de la Policía Nacional y máximo miembro de la Policía Nacional en Masaya, donde oficiales bajo su mando junto con bandas armadas partidarias del Gobierno reprimieron ferozmente a manifestantes.

El general Jaime Vanegas, inspector general de la Policía Nacional, que tiene la obligación, según el derecho nicaragüense, de investigar presuntas violaciones de derechos por parte de policías y de sancionar a los responsables.

El general Luis Pérez Olivas, jefe de la cárcel El Chipote, uno de los principales lugares donde las autoridades sometieron a abusos aberrantes a personas que se manifestaron contra el gobierno.

Y el general Justo Pastor Urbina, jefe de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP), que tuvo un “papel central” en la represión en todo el país, según el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

*Nota del medio aliado Despacho505.

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