Entre los obstáculos que atraviesan los nicaragüenses que desean retornar a su país natal, se encuentra la petición de la muestra de la prueba del COVID-19.
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El régimen Ortega Murillo ha violentado el derecho a la libertad de circulación, integridad personal, derecho a la salud y a no sufrir tratos crueles, inhumanos y degradantes, tras la detención de 14 días a nicaragüenses en las fronteras tanto de Peñas Blancas como de otros puestos fronterizos al norte de Nicaragua, según un informe presentado sobre la situación de «Personas nicaragüenses impedidas de retornar a su país«.
El informe realizado por Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, fue presentado junto a Amnistía Internacional y el Servicio Jesuita para Migrantes Costa Rica a través de una conferencia virtual.
El documento agrega que el Estado de Nicaragua no garantizó a los nicaragüenses varados en las fronteras, medidas dirigidas a prevenir el contagio Covid 19, como tampoco condiciones básicas «incluyendo agua, alimentación, serviciosvsanitarios y asistencia médica; lo que tuvo consecuencias directas en las mujeres y en particular de mujeres embarazadas».
La representante del Colectivo de DD.HH., Wendy Flores señaló que la situación que viven los nicaragüenses en la frontera les produjo el recuerdo «de los presos políticos», puesto que expresaron «no nos tratan como humanos», mismas palabras utilizadas por los reos políticos, que sufren en las cácerles de Nicaragua, siendo castigados, torturados y maltratados por los funcionarios de la Policía Nacional.
«El Estado de Nicaragua al establecer disposiciones legislativas y administrativas, incluyendo pruebas de COVID-19 para sus mismos connacionales, está violentando el derecho que tiene toda persona al salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país, según lo dispone el artículo 13 #2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos», agregó Flores.
Situación de personas nicaragüenses impedidas de retornar a su país#InformeNicasVaradoshttps://t.co/H7Wm5rZNdR
— Colectivo de Derechos Humanos "Nicaragua Nunca +" (@ColectivoNunca) September 8, 2020
El documento detalla además, que durante el mes de julio, el Colectivo «constató las violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de los nicaragüenses retenidos en la frontera de Peñas Blancas, como también de las medidas adoptadas por el Gobierno de Nicaragua».
Flores indicó que entre los obstáculos que atraviesan los nicaragüenses que desean retornar a su país natal, se encuentra la petición de la muestra de la prueba del COVID-19, un gasto que no todos los nicaragüenses pueden realizar, puesto que la mayoría de estos generalmente vuelve del exilio debido a la falta de empleo, alimentación y sustento para pagar una vivienda digna en el extranjero.
A su vez el informe deja en evidencia que el Estado de Nicaragua, con las medidas violatorias promueve el retorno irregular de los nicaragüenses y en su caso violenta el derecho a la seguridad personal, al exponerlos a todo tipo de riesgos.
La defensora señaló además, que así como las pruebas en carácter vigente, el régimen impone multas a aquellos nacionales que han salido o entrado por puntos ciegos en las fronteras del país, custodiadas por funcionarios del Ejército y la Policía Nacional de Nicaragua, para también realizar labores de control migratorio y criminalizar la migración de origen económico y político.
A finales de julio pasado más de 400 nicaragüenses que permanecían varados en Peñas Blancas señalaban sufrir la peor situación de sus vidas, viviendo a la intemperie sin que las autoridades del régimen les concedieran una respuesta ante la petición de «permiso» de su retorno al país.
En una entrevista a la Lupa, uno de los nicas dijo que las condiciones en las que se encontraban eran insalubres, debido a que tenían que recoger agua de la lluvia para poder usar el único baño que tenían a disposición mientras permanecían varados.
Posterior a las demandas y peticiones de los nacionales varados, sumado a ello las denuncias del pueblo nicaragüense a través de redes sociales, el régimen anunció que permitiría el ingreso a personas procedentes del exterior siempre que presentaran un certificado de COVID-19 negativo y que las mismas deberían someterse a un periodo de cuarentena.
Sumado a esto el Ministerio de Salud (Minsa) anunció que cobrarían 150 dólares a cualquier ciudadano que necesite viajar a países donde piden resultados de este tipo para poder ingresar.
