Karina, es una de las jóvenes nicaragüenses que ha sido víctima de grupos de hombres que difunden y venden contenido sexual de ella y otras mujeres, sin su consentimiento a través de canales y grupos en Telegram.

Ella publicó su denuncia en Instagram detallando que luego de ser víctima del robo de su teléfono, las fotos y videos que tenía en su galería fueron difundidas en grupos de Telegram. “Hubo fotos y videos míos que se regaron, fotos que andaba en mi teléfono, todas esas fotos y videos fueron difundidos sin mi autorización”, reitera.

Las fotos de esta joven se compartieron en el grupo Nicaragua Caliente, en el que ella logró filtrarse y exponer que además de compartir sus fotos ilegalmente también habían compartido su cuenta de Instagram y su número telefónico.

En el mismo grupo aclaró: “Yo no vendo mis fotos, mucho menos videos” y les advirtió que haría una denuncia formal ante los juzgados. “Así como tienen huevos para andar difundiendo, lo van a tener en un Juzgado”, publicó.

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Grupos como Nicaragua Caliente, Team Nicaragua y canales como Hot 24/7 se propagan por Telegram, como ha documentado La Lupa.

Uno de estos grupos tiene aproximadamente 17,780 personas y para poder ser aceptados se debe compartir contenido de mujeres nicaragüenses a los administradores de canales o grupos para que ellos a su vez los publiquen.

“Para la venta de contenido tienen otros grupos con acceso VIP a contenido sexual e ilegal, estos consisten en envío de contenido para territorios específicos del país, hasta han armado grupos solo para recolecta de dinero”, detalló a La Lupa, otra joven que guarda el anonimato.

¿Qué dice el marco legal?

Karina recordó que cuando se enteró de la divulgación de sus fotos y videos se dirigió a la delegación más cercana de la Policía. Sin embargo los oficiales que le atendieron le dijeron que “no podían hacer nada porque en sí, la persona no se sabía quién era”, porque ella presentó un perfil oculto como sospechoso.

Nicaragua cuenta con un marco legal vigente que penaliza la difusión de contenido sexual, entre estas leyes están, la Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer (Ley 779), la Ley Especial de Ciberdelitos (Ley 1042) y el Código Penal.

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En la Ley 779 se señala que una persona comete propalación cuando tiene posesión de “comunicación, de documentos o grabaciones de carácter privado” y los hace públicos, aunque hubiese tenido legítima posesión de esos materiales. Y si se trata de contenido sexual o erótico, su pena de dos a cuatro años de cárcel. Mientras que la Ley 1042, establece de cuatro a ocho de prisión y doscientos a quinientos días multa si se difunde “material sexual explícito en perjuicio de un tercero” con ánimo de lucro.

A su vez el Código Penal también condena la explotación sexual, pornografía y acto sexual en el caso de adolescentes e incluye la distribución de materiales por cualquier medio “digital, audiovisual o con soporte informático, electrónico o de otro tipo” de materiales sexuales y eróticos.

Para Madelen Hernández Campos, de la Liga Feminista de Refugiadas Políticas, aún cuando existe una Ley de Ciberdelitos, el régimen de Daniel Ortega está enfocado en criminalizar a personas que critiquen o hablen mal de la situación sociopolítica del país.

“Los casos de las chavalas y jóvenes con bajo perfil, les toca quedarse calladas, negociar con el agresor para que no lo siga difundiendo, y al final su seguridad, su tranquilidad y su vida social quedan arruinadas, porque queramos o no la sociedad siempre va a ver mal a las mujeres que usamos nuestro cuerpo con libertad”, lamentó.

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Por su parte, la abogada Rosa Moncada, de la organización Las Malcriadas, explicó que existen en Nicaragua sentencias sobre delito de propalación que van desde los cuatro a cinco años de cárcel y, multas mayores a 20 mil córdobas.

“Esto es un indicio de que efectivamente sí se puede llevar a juicio, pero que también se necesita un protocolo de acompañamiento psicológico y de atención a las víctimas de este delito que actualmente no lo tenemos”, detalló.

Las Malcriadas han conocido de casos como el de Karina, en el que no se atiende la denuncia, pero “siempre hay un indicio de sospecha, esto implica que la Policía tiene que hacer todo el procedimiento y un peritaje”, con personal especializado, dijo la abogada.

Una expresión de la violencia machista

Las Malcriadas reciben denuncias con mucha frecuencia relacionadas con el delito de propalación. “Es un delito que se está cometiendo con bastante frecuencia”, expuso Moncada.

Las víctimas pueden realizar una denuncia ante el sitio web de la Policía o en las Comisarías de la Mujer. Sin embargo, explicó la abogada, “no existe un protocolo de cómo una comisaría, un Ministerio Público, va a atender a una mujer que se presenta a realizar una denuncia”.

La ausencia de un protocolo que indique el paso a paso de atención, conlleva a la revictimización. “Hay una burla, hay un cuestionamiento, aparte del linchamiento social que puede tener una mujer por exponerse de esta forma, por permitir que le hayan tomado fotos o que ella misma confiando haya compartido el contenido”, expresó.

Advirtió que las mujeres sufren serias consecuencias cuando son víctimas de este delito, “además del estrés, de la ansiedad, esto puede escalar hasta que una víctima pueda tener intentos de suicidio”.

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En la mayoría de estos casos se señala a la víctima, mientras que el agresor y su delito quedan en un segundo plano. Para las mujeres desde la parte emocional, es un golpe muy duro la invasión a su privacidad.

“Es una vulnerabilidad total, recordando que la sociedad somete al escarnio público a las mujeres por mostrar su piel, solo por usar camisas cortas, vestidos faldas o ropa transparente”, explicó Hernández de la Liga Feminista de Refugiadas Políticas.

Ante la inoperancia de las autoridades las jóvenes organizadas llaman a otras a formar “redes de apoyo con personas que las asesoren”.

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