Asamblea Nacional aprobó reformas a la medida del régimen y eligió a magistrados que le ayudan a mantener el control en el CSE
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Mientras el tiempo impuesto por los nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), controlado por el régimen orteguista, se agota para inscribir una alianza electoral opositora, esta miércoles la Organización de Estados Americanos (OEA) convocó al Consejo Permanente para abordar la situación del país, vencido el plazo para que se realizaran reformas electorales que garantizaran elecciones libres, justas y transparentes.
Después que el CSE convocó a elecciones, el régimen puso en alerta a la oposición, que no ha logrado concretar la unidad que tanto demanda la población para lograr la salida de los Ortega-Murillo, pues deben inscribir las alianzas electorales para las elecciones generales del próximo 7 de noviembre antes del 12 de mayo como fecha límite, el mismo día que se celebra la sesión en la OEA.
Desde el día de la convocatoria, las organizaciones políticas opositoras que integran la Coalición Nacional, que tiene a su disposición la casilla 14 del Partido Restauración Democrática (PRD), y la Alianza Ciudadana, que cuenta con la casilla 15 de Ciudadanos por la Libertad (CxL) se han reunido o intentado reunirse.
Y mientras el plazo se acerca, existe el riesgo de que las elecciones del próximo 7 de Noviembre puedan ser declaradas “fraudulentas” si el régimen Ortega-Murillo no se abre a una “reforma electoral apropiada”, estiman analistas.
En el seno de la OEA, además existe presión para aplicar la Carta Democrática Interamericana al Gobierno controlado por Ortega.
La semana pasada, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, solicitó se incluya el caso de Nicaragua en la sesión ordinaria del 12 de mayo, tras observar con “extrema preocupación” la reciente elección de magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE) y la aprobación de reformas electorales hechas a la medida del oficialismo.
Dos exdiplomáticos explicaron a La Lupa las repercusiones que podrían derivarse de la sesión ordinaria del Consejo Permanente de la OEA.
“El secretario general va a tirar bola recia”, advirtió Edgard Parrales Castillo, exembajador y representante permanente de Nicaragua ante la OEA en los años ochenta.
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Parrales Castillo explicó que los países miembros del Consejo Permanente pueden tomar la decisión de que el caso de Nicaragua se aborde exclusivamente en una sesión extraordinaria antes del 12 de Noviembre de 2021, y ahí se tomen decisiones porque ya “se le ha dado demasiado tiempo al Gobierno para que recapacite”.
“Ya están agotados todos los pasos previos, ya sería prácticamente, digamos, aplicar la Carta Democrática (…) Ya no hay nada más que contemplarle al Gobierno de Nicaragua”, menciona Parrales Castillo.
El también exdiplomático, Róger Guevara Mena, considera que la OEA puede declarar la “deslegitimación del Gobierno de (Daniel) Ortega”, así como echar fuera de ese organismo a Nicaragua por actuar sus autoridades contra los principios de la Carta Democrática Interamericana.
“Podrían declarar una moratoria para que cada país miembro de la OEA decidan si continúan las relaciones diplomáticas y económicas con un país que violenta los principios de la Carta”, señaló Guevara Mena.
En la resolución titulada “Restablecimiento de las instituciones democráticas y el respeto de los derechos humanos en Nicaragua mediante elecciones libres y justas”, del 21 de octubre de 2020, la OEA pidió al régimen reformas electorales “significativas y coherentes” con las normas internacionales a fin de promover elecciones libres y justas.
El pasado 4 de mayo, la Asamblea Nacional eligió a los diez magistrados del CSE, siete propietarios y tres suplentes, todos afines al régimen, manteniendo en el cargo a Lumberto Campbell, considerado su principal operario en el CSE para facilitar y avalar los fraudes electorales que le han permitido a Ortega su reelección durante tres períodos consecutivos.
La aplanadora de diputados sandinistas también aprobaron las reformas electorales, sin ningún cambio, hechas a la medida del régimen, dándole “ventaja absoluta” en el control de la administración y justicia electoral.
La elección de nuevos magistrados en el CSE afines al partido oficial, según la Secretaría General, “consolida la concentración del poder del FSLN en todos los cuatro poderes del Estado – Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Electoral y Poder Judicial”.
En un comunicado, la Secretaría General de la OEA, señala que las reformas eliminan las “garantías necesarias y la credibilidad institucional mínima para el desarrollo de un proceso electoral libre y justo en noviembre de 2021”.
“Además de aplicar la Carta Democrática, pueden establecer una resolución en la que desconocen el resultado de las elecciones que se den, si a lo largo de estos seis meses el Gobierno no cambia su posición y se abre a una reforma electoral apropiada, se van a desconocer esas elecciones y se van a decir que son fraudulentas y el Gobierno que salga de ahí, será un Gobierno ilegitimo”, manifestó Parrales Castillo.
Según Guevara Mena, existe la posibilidad de que efectivamente se retome la búsqueda de la aplicación del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana.
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Según el artículo 21, cuando la Asamblea General convocada a un período extraordinario de sesiones “constate que se ha producido la ruptura del orden democrático en un Estado miembro y que las gestiones diplomáticas han sido infructuosas”, la OEA tomará la decisión de suspender a dicho Estado.
“Claro, ya la Carta Democrática se aplicó y hay que aplicar el siguiente artículo que es la expulsión”, afirmó Guevara Mena.
Almagro también solicitó que se incluya en dicha sesión una presentación por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organización que ha documentado la crisis de derechos humanos en el país.
El 7 de mayo, con una publicación en La Gaceta, el CSE convocó oficialmente a elecciones generales.
El calendario arranca con la solicitud de registro de constitución de alianzas de partidos políticos, que sería el próximo 12 de mayo, lo que ha puesto en aprietos a la oposición que no logra la unidad para ir en una sola casilla en los comicios para derrocar al régimen.
Los primeros intentos por lograr la unidad fracasaron, aunque los diversos sectores de la oposición coinciden que solamente unidos podrían evitar una nueva reelección de Ortega.
El pasado viernes, la Coalición Nacional (CN) hizo pública su disposición para alcanzar un acuerdo con la Alianza Ciudadana (AC) proponiendo una “hoja de ruta” para concretar la unidad.
“La dictadura sabe que las elecciones de noviembre próximo constituyen una oportunidad excepcional para que la oposición unida y organizada le derrote”, señaló la Coalición en un comunicado.
La Alianza Ciudadana es una organización conformada por el partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) y el Partido Movimiento de Unidad Costeña (Pamuc).
Después del 29 de abril, fecha en que la Alianza Ciudadana cerró las inscripciones de candidatos presidenciales, la actual presidenta de CxL, Kitty Monterrey, cerró toda posibilidad para lograr la unidad.
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“Nosotros el 29 (de abril) cerramos las inscripciones y quien se inscribió es el que va a competir y el que salga electo es el candidato de la Alianza Ciudadana», manifestó.
El político Noel Vidaurre, Américo Martín Treminio Cantarero, un ciudadano nuevo en el ámbito político, el catedrático y exdiplomático Arturo Cruz y el economista Juan Sebastián Chamorro son los cuatro inscritos en esta plataforma política.
Por el lado de Coalición Nacional Félix Maradiaga, de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB); Miguel Mora, del Partido Restauración Democrática (PRD); George Henríquez, del partido regional Yatama; Luis Fley, del movimiento Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN); María Eugenia Alonso Flores, de la Alianza Cívica por la Unidad Nacional (ACUN); y Medardo Mairena, del Movimiento Campesino, son los seis precandidatos presidenciales.
La precandidata Cristiana Chamorro no se inscribió en ninguno de los procesos alegando que mientras la oposición esté dividida no participaría en un proceso que debilite a la oposición.
Está por verse si ambas plataformas en esta carrera contrarreloj logran la unidad y un candidato único.
