Un total de 323 hechos de violencia política “individual o grupal” fueron registrados durante el periodo preelectoral en Nicaragua y el 73.4% de reportes que equivale a 237 fueron hechos de hostigamiento por parte la Policía con fuerzas de choque o grupos paraestatales, revela el primer informe presentado por Urnas Abiertas, el naciente observatorio ciudadano para el monitoreo del proceso electoral.

Según el informe, el 70.27% (227) de los hechos se reportaron contra personas integrantes de organizaciones del sector político, seguido por organizaciones del sector social que representaron un 28.48% (92) y contra la ciudadanía en general que equivale al 1.24% (4).

@lunacero

¡Aquí no se rinde nadie! El excarcelado político Lenín Salablanca encara a policías que asedian su vivienda. #Nicaragua #NoticiasNicaragua

♬ sonido original – Yader Luna

La presencia de patrullas o motos policiales en las afueras de las viviendas  de las personas que forman parte de organizaciones y partidos políticos en el país fue la forma de hostigamiento más frecuente registrada entre el 1 de octubre de 2020 al 31 de marzo de 2021, señala el informe.

Además: Semana decisiva para participación electoral opositora y régimen de Ortega en la mira de la OEA

“En algunos casos se evitó que las personas salieran de sus viviendas, implementado casa por cárcel de facto. Otras formas fueron las pintas en paredes, confiscación y destrucción de elementos de protesta azul y blanco, como banderas, camisetas o afiches”, según documentó Urnas Abiertas.

Hostigamiento, la violencia más frecuente

El hostigamiento fue frecuente durante actividades de lanzamiento de precandidaturas o al momento que se deban actividades de organización territorial. Esa forma de violencia política fue acompañada de persecución en vehículos policiales, requisas afuera de hoteles y en retenes policiales.

“En algunas ocasiones las personas opositoras son trasladas a estaciones policiales por algunas horas o bien se les restringe su derecho a la libre circulación cuando son escoltados por la policía para evitar que ingresen al territorio donde se desarrolla la actividad”, señala el informe.

Octubre y diciembre de 2020 fueron los meses en los que se registró la mayor cantidad de hechos de violencia política en el contexto electoral, 79 y 72 casos respectivamente.

“De mantener estos patrones de violencia política, las actividades electorales de la oposición pueden verse impedidas y restringir de manera generalizada el derecho a la participación política”, advierte el observatorio.

La violencia política en el contexto electoral es aquella que tiene como fin, además de “restringir los derechos civiles y políticos, restringir los derechos a elegir y ser electo”.

Otras formas de violencia política

Las otras formas de violencia política registradas por el naciente observatorio ciudadano fueron: agresiones (30), detenciones (27), amenazas (20) y  lesión o heridas (9).

Las agresiones, se dieron con mayor frecuencia en el último trimestre de 2020 y a diferencia del hostigamiento, variaron caso a caso “sin responder a un patrón específico”, dice el informe de Urnas Abiertas.

“Pudieron ser golpes, exposiciones públicas, pedradas y allanamientos violentos, se dieron en igual frecuencia de manera individual como grupal” y se dieron particularmente en contra de integrantes de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia, el partido Ciudadanos por la Libertad, el Movimiento Campesino, la Unidad Nacional Azul y Blanco, y la Unidad Médica Nicaragüense, según registros.

Un total de 323 hechos de violencia política se han registrado en Nicaragua, según Urnas Abiertas . Foto: La Lupa / Oscar Navarrete / La Lupa

De acuerdo a este primer monitoreo, al menos 23 hombres y 4 mujeres fueron detenidas arbitrariamente en este periodo durante actividades políticas o allanamientos en viviendas, aunque posteriormente se les dejó en libertad.

En este contexto, según Urnas Abiertas ocurrió la destitución de funcionarios de alcaldías opositoras y posterior judicialización por delitos comunes, además de las detenciones contra familiares o trabajadores de liderazgos opositores que son hechos que llaman la atención.

Del total de casos acumulados en este periodo, al menos 217 se cometieron contra personas que ocupaban un cargo ya fuese de dirección, candidatura u otra función, mientras que 102 hechos de violencia se dieron contra personas integrantes de las organizaciones que no ocupan ningún cargo.

“Esto muestra el riesgo que existe para la ciudadanía de experimentar violencia política en el momento que decidan optar algún tipo de cargo dentro del proceso electoral, coartando de esta manera el derecho fundamental de la participación política”, señala Urnas Abiertas.

Violencia política se extiende al Caribe

El monitoreo de este equipo de profesionales revela que la violencia política en contra de la ciudadanía en general o integrantes de organizaciones y partidos políticos se registró en los 15 departamentos y en las 2 regiones autónomas del país, eso incluye 40 de los 153 municipios del país.

La mayoría de los hechos ocurrieron en Managua (132), seguido de Madriz (48), Masaya (24), Granada (22), Matagalpa y Nueva Segovia con 15 casos cada uno.

Además se registró violencia política en la Región Autónoma del Caribe Sur (14), Carazo (10); Boaco, Chontales, Jinotega, León y Rivas con seis casos cada uno, mientras que en Estelí, Río San Juan y el Región Autónoma del Caribe Norte se documentaron tres casos.

También: Iglesia Católica ve elecciones como camino para superar crisis de Nicaragua

“En la mayoría de los departamentos se identificaron hechos de violencia política dirigidos y sistemáticos, es decir contra liderazgos opositores locales, acompañados de eventuales despliegues policiales al momento que una actividad política fuese desarrollada en el territorio”, señala el documento.

¿Qué es Urnas Abiertas?

La iniciativa ciudadana está conformada por un equipo multidisciplinario de profesionales que realizará un análisis sobre los hechos acontecidos antes, durante y después del proceso electoral previsto para el próximo 7 de noviembre.

La recopilación de datos estará basado en el reporte ciudadano y la verificación de información, con el único objetivo de que los informes sirvan como referente para las personas tomadoras de decisiones tanto a nivel nacional como internacional.

Para el desarrollo de su trabajo, Urnas Abiertas  tomará en cuenta el elemento de los derechos humanos. Además trabajarán en alianza con las iniciativas ciudadanas: Monitoreo Azul y Blanco y con el Independiente Observatorio Ciudadano COVID-19.

+ posts