Secuestros políticos el dato invisible en las estadísticas de la policía orteguista
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Por 306 En Nicaragua hay dos tipos de secuestros: extorsivos y políticos. Los últimos lo han padecido varias personas, que en su mayoría, han alzado su voz contra el régimen orteguista. Son reportados como desaparecidos y después son encontrados en áreas desoladas o en las cárceles. El último secuestro del que no se conoce detalles, pero hay antecedentes de amenazas fue el de Cristian Rayo Castro, un universitario, que hasta hoy no ha podido relatar que fue lo qué pasó durante sus casi 36 horas de retención.
La Policía, una fuerza pública, otrora un modelo a seguir en Centroamérica, se convirtió en una máquina represiva. Sus estadísticas, antes de la rebelión de abril, no advierten una tendencia al incremento de delitos de secuestro extorsivo. En los últimos cinco años, el mayor número de denuncias sobre secuestro extorsivo fue en el 2017, con seis casos, seguido de 2013 y 2015 con cinco casos respectivamente. En el 2016 hubo 4 casos.
Elvira Cuadra, socióloga y experta en temas de seguridad, explica que el secuestro extorsivo es un delito de orden común y generalmente se realiza para obtener algún beneficio de parte de la víctima o su familia; sin embargo, los secuestros que están ocurriendo en Nicaragua desde el 2018 hasta la fecha no tienen las características de ser extorsivos.
“Son secuestros de naturaleza política y no son comparables porque el propósito y el resultado son distintos. En este tipo de secuestros no se busca obtener un beneficio de la víctima o de su familia, sino causar un daño físico, psicológico y emocional”, expone la experta.
Por esa misma razón es que Cuadra considera que las estadísticas sobre secuestros extorsivos no han aumentado en los últimos dos o tres años. “Los secuestros con motivaciones políticas ni siquiera son registrados en las estadísticas policiales y esos sí han aumentado y han variado de característica desde el 2018 hasta la actualidad”, asegura.
PARAMILITARES SECUESTRAN A SU ANTOJO
En pleno año de la explosión cívica, la Policía registró dos casos de secuestros extorsivos. Sin embargo, calló por delitos como el del estudiante universitario Álvaro Briceño, quien fue secuestrado por paramilitares a bordo de una camioneta, después que participara de un plantón que se realizó en la Universidad Centroamericana el 1 de octubre de 2018. Briceño apareció en la Dirección de Auxilio Judicial, una cárcel conocida en Nicaragua como El Chipote.
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La historia de Xavier Mojica es quizás una de las más conocidas en el país. El universitario de 22 años también fue secuestrado por un grupo de paramilitares que extorsionaron a su familia. Pasó 10 meses en cárceles clandestinas, según relató a La Prensa.
Los secuestros políticos generalmente son realizados por los grupos paramilitares, por eso no es extraño que en el caso del joven de Masaya (Rayo Castro), las personas que lo realizaron estuvieran encapuchadas. Esa ha sido una característica que se ha repetido en casi todos los secuestros, y enseguida, Cuadra, recuerda el caso de Mojica.
Para Mario Sánchez, investigador social, lo grave de la situación es que en un contexto de impunidad, de indefensión de la población, ante situaciones como la que atraviesa el país, se da el oportunismo delincuencial. Con la crisis sociopolítica se da un espiral de descomposición social, que afecta en materia de seguridad, señala.
Varios expertos en el tema de seguridad, incluida Cuadra han advertido que los grupos paramilitares bien podrían desarrollarse en la delincuencia común. Para la experta es posible que ya se estén registrando casos bajo ese concepto.
“De hecho, hay un incremento en cierto tipo de delitos de orden común como asaltos y robos, así como asesinatos, donde se presume la participación de personas vinculadas con los grupos paramilitares”, expresa.
EL MODUS OPERANDI
Cuadra explica que hay un cambio en la forma en que se cometen los delitos, ya que participan grupos de personas, que implica mayor organización, premeditación y de por medio hay mayor utilización de armas de fuego, armas de guerra en particular.
Los grupos paramilitares fueron creados por el régimen orteguista para demoler los tranques impuestos por la población en muestra de resistencia ante la represión feroz contra la lucha cívica. Hombres con armas de guerra y uniformados con camisetas de diversos colores (gris y blanca para Carazo, verde para los pueblos blancos y azul para Masaya) llegaban a las ciudades alzadas en trincheras y limpiaban las calles a punta de plomo.
A ese desplazamiento armado el orteguismo le llamó “Operación Limpieza”, que una vez ejecutada, mantuvo a los paramilitares en diferentes tareas, como asedio, persecución, secuestros y detenciones arbitrarias. Aunque ahora no son tan visibles como en 2018, su presencia es notoria en piquetes o protestas.
“Hoy por hoy, los grupos paramilitares son una de las amenazas más graves a la seguridad en Nicaragua, sobre todo porque han sido alentados por el Gobierno y gozan de impunidad. Eso afecta a toda la ciudadanía y los convierte en potenciales víctimas de estos grupos, ya sea por razones políticas o por delitos comunes”, asegura la especialista.
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