Los Estados centroamericanos han sido denunciados internacionalmente por violentar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Estos son algunos casos.
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El caso de Beatriz vs El Salvador ha evidenciado ante el Sistema Interamericano la necesidad de los Estados de reconocer el aborto como un procedimiento médico necesario para asegurar la vida de las mujeres, y que su penalización constituye violaciones a los derechos a la la vida, salud y no discriminación.
Sin embargo, no es la primera vez que los Estados de Centroamérica se enfrentan a demandas internacionales por violentar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Mujeres y familiares de víctimas que han sido afectadas han denunciado a estos Estados violentos y han exigido justicia.
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“Aurora” fue la mujer que expuso internacionalmente que en Costa Rica no se respeta el derecho a acceder al aborto terapéutico cuando la vida o salud de las mujeres está en riesgo.
Su denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) logró que el presidente Carlos Alvarado (2018-2022) firmara una norma técnica que establece que una mujer puede solicitar la interrupción terapéutica del embarazo en casos donde la vida o salud de las mujeres esté en riesgo.
En 2012, Aurora, nombre que usa para proteger su integridad, tuvo un embarazo deseado, sin embargo, el feto fue diagnosticado con el síndrome de abdomen pared, junto con otras malformaciones, por lo cual no tenía posibilidades de vida uterina.
Durante el embarazo sufrió múltiples episodios de sangrado, lumbalgia, dolor pélvico, depresión, estrés severo y otras afecciones causadas por su embarazo, sin embargo, nunca la medicaron para aliviar los síntomas y tampoco la informaban sobre las opciones que tenía.
En Costa Rica el aborto es permitido cuando la salud de la embarazada está afectada, así que Aurora solicitó el procedimiento en múltiples ocaciones, pero sus solicitudes nunca fueron respondidas.
Así que presentó una carta formal con un abogado en la que pedía la interrupción del embarazo, pero el médico que la atendió le dijo que era «imposible de realizar en el marco de la legalidad costarricense», de igual manera le respondieron otras instancias institucionales.
Aurora presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia, pero la Corte respondió a su demanda un mes después que había dado a luz a su hijo que murió en cuanto nació.
Debido a las violaciones a sus derechos como a la vida, salud, atención médica adecuada, no tortura, entre otros, Aurora denunció ante la CIDH su caso. El Estado de Costa Rica negoció con ella para que retirara la denuncia, prometiéndole que se iba a firmar una norma técnica que garantizara el aborto en los casos donde la vida y salud de la mujer estuvieran en riesgo.
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Sin embargo, Costa Rica nunca cumplió y Aurora retomó la demanda en 2018. En 2018, el presidente Carlos Alvarado firmó la ficha técnica. Sin embargo, organizaciones de mujeres todavía señalan que existen dificultades para acceder al aborto terapéutico en el país.
La situación de Aurora no era aislada. Múltiples mujeres en Costa Rica fueron obligadas a gestar embarazos en los que el feto no tenía posibilidades de vida fuera del útero o en los que corría riesgo la vida de la mujer.
En 2007, «A.N» fue diganosticada con un embarazo de alto riesgo con amenaza de aborto, además, el feto era incompatible con la vida extauterina por tener una condición llamada encefalocele.
En ese tiempo interpuso una solicitud de interrupción de embarazo ante Colegio de Médicos y Cirujanos explicando su situación y diagnóstico, sin embargo fue rechazada.
A.N. puso amparo ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, pero este órgano judicial también lo rechazó, a pesar que la mujer expuso las afectaciones físicas y mentales que estaba teniendo .
En su testimonio ante la CIDH, A.N. dijo que ser obligada a gestar «un producto condenado a la muerte», sólo agravó su situación vulnerable de salud mental, sumada a sus contracciones y sangrados.
Finalmente A.N. tuvo que llevar a cabo su embarazo que terminó en una una labor de parto de más de 7 horas sumamente dolorosa, en la cual nació una niña muerta.
A.N. interpuso la denuncia junto Aurora ante la CIDH. En su testimonio expone que todavía tiene estrés post-traumático, depresión, ataques de angustia y secuelas físicas por ese embarazo.
Tanto Aurora como A.N. esperan que la norma técnica firmada sirva para que ninguna otra mujer sea obligada a llevar a término embarazos traumáticos y peligrosos.
En 2008 Manuela tuvo un aborto espontáneo producto de un cáncer linfático que no sabía que tenía, tampoco sabía que estaba embarazada. Su familia la llevó al hospital al borde del desmayo y con una gran hemorragia. Pero el personal médico del hospital en vez de atenderla, la esposó y llamó a la Policía, acusándola de haberse provocado el aborto.
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En El Salvador las mujeres que sufren emergencias de salud en sus embarazos son muchas veces veces criminalizadas y acusadas de aborto, el cual está absolutamente penalizado desde 1998. Desde esa fecha hasta la actualidad se registran 196 casos judicializados contra mujeres que han tenido emergencias obstétricas.
Manuela fue acusada de homicidio agravado y enfrentó un juicio en el que no se les respetaron las garantías judiciales, la protección judicial, el principio de igualdad y no discriminación, entre otros.
En ese proceso irregular en el que tampoco contó con derecho a la defensa, fue declarada culpable y sentenciada a 30 años de cárcel.
Dos años después de haber sido injustamente encarcelada, murió esposada a una camilla, por el avance de la enfermedad que nunca la trataron. Al morir, dejó dos menores de edad en la orfandad.
El caso escaló ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en 2019, y ésta determinó en 2021 que El Salvador violó los derechos de Mnauela, que hubo estereotipos de género en proceso penal, y que las políticas legales y sanitarias de ese país criminalizan a las mujeres salvadoreñas por buscar atención sanitaria reproductiva.
Un fallo histórico en el Sistema Interamericano y en Centroamérica, en el que se ordenó a El Salvador reparar integralmente a la familia de Manuela y cambiar las políticas sanitarias sobre las emergencias obstétricas.
