Organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales han rechazado los fallos de los juicios políticos contra los exdirectivos y extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), Cristiana Chamorro, Pedro Joaquín Chamorro, Marcos Fletes, Walter Gómez y Pedro Vásquez; los cuales fueron declarados culpables por supuesto lavado de dinero, gestión abusiva de dinero, falsedad ideológica y apropiación indebida, con posibles sentencias entre 7 y 13 años de cárcel solicitadas por la Fiscalía.
Voces del Sur (VdS), red latinoamericana que lucha por la libertad de expresión, denuncia que los juicios que duraron siete días, se realizaron en un arbitrario proceso con presencia de un fuerte contingente policial, intervenciones de tres minutos de intervención para las personas acusadas, sin acceso a la prensa y a comunicación constante con el exterior.
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Al igual que con los juicios anteriores, el régimen Ortega-Murillo violó el debido proceso y el Código Penal; y no tomaron en cuenta las más de mil pruebas presentadas por la defensa de las personas acusadas.
“Voces del Sur rechaza las acusaciones de este arbitrario proceso claramente forjado para intimidar y censurar a quienes han trabajado en la promoción de la libertad de expresión. Es fundamental que la justicia revise las más de 1000 pruebas que han sido presentadas por la defensa y que, como han denunciado los abogados defensores, no fueron consideradas en este proceso plagado de irregularidades y que ha buscado silenciar a quienes se oponen al régimen dictatorial de Daniel Ortega”, manifiesta su comunicado.
Además advierte que la justicia orteguista dictará una “sentencia aberrante”, violatoria a los derechos humanos y que afectará gravemente a la libertad de expresión en América Latina.
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Cristiana Chamorro, excandidata a la presidencia ha permanecido en arresto domiciliario desde el 2 de junio, mientras que los otros presos políticos enjuiciados han estado en condiciones inhumanas en la Dirección de Auxilio Judicial Evaristo Vásquez, mayormente conocida como “El Nuevo Chipote”.
El portavoz de la Unión Europea, Peter Stano, denunció que las condiciones de detención que han estado las personas presas políticas “suponen un un riesgo real para su integridad física y mental” y que constituyen tratos crueles, inhumanos y degradantes o de tortura”; y que todo el aparato judicial nicaragüense ha violado sistemáticamente los derechos de las personas presas políticas, violando la propia Constitución Política.
“Tal y como han mencionado la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y los titulares de mandatos de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, los encarcelados fueron detenidos por motivos incompatibles con las normas internacionales de derechos humanos y con la Constitución de Nicaragua. Muchos de los presos políticos llevan más de ocho meses incomunicados, y algunos de ellos se enfrentan a interrogatorios diarios o a un prolongado régimen de aislamiento. Sólo han visto a sus familias en contadas ocasiones”, manifestó Stano.
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La Unión Europea responsabiliza al régimen de garantizar que las condiciones de detención cumplen con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos; y demanda la liberación inmediata e incondicional de todas las personas presas de conciencia, la anulación de todos los procesos judiciales y sus sentencias.
Desde el 2018, el régimen Ortega-Murillo ha desatado una persecución generalizada contra precandidatos presidenciales, activistas de derechos humanos, líderes políticos, estudiantiles, campesinos y periodistas; a pesar que la mayoría tienen medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
