Represión contra el campesinado ha sido «sistemática, selectiva y letal», dice colectivo de Derechos Humanos

«Desarticular al movimiento campesino y evitar que se reorganicen y tengan capacidad para hacer escuchar sus propuestas, demandas y denuncias hacia la sociedad», es el principal objetivo que persigue el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, según la investigación Situación de derechos humanos de la población campesina.

La investigación a cargo del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, sostiene que la represión contra el campesinado «ha sido sistemática, selectiva y letal, aprovechando las condiciones de aislamiento y limitado acceso a medios de comunicación social, que propiciar un accionar con mayor impunidad y deja a las víctimas en condiciones de vulnerabilidad».

Así mismo, pone de manifiesto la alta impunidad que ronda los casos tomando en cuenta que ninguno ha sido esclarecido y tampoco se han detenido a los responsables de los hecho, tal como ocurre con las 328 personas asesinados producto de la represión estatal a partir de las protestas cívicas registradas desde abril de 2018.

30 ASESINATOS EN NUEVE MESES

Entre el 01 de enero y el 22 de septiembre de 2019, el Colectivo Nunca Más, ha registrado al menos 30 campesinos asesinados, de los cuales 22 ocurrieron en Jinotega (Ayapal 1, El Cuá 10, Wiwilí 5, San Rafael 2, San José de Bocay 4), dos en el municipio de Mozonte Nueva Segovia, uno en El Rama y uno de Río San Juan. Entre los asesinados producto de la persecución se incluye a tres campesinos que se encontraban refugiados en Honduras y uno que fue abatido en territorio tico por militares del Ejército de Nicaragua.

«Es clave identificar que son campesinos la gran mayoría; todos eran opositores incluso que algunos participaron en las fuerzas contrarrevolucionarias del primer gobierno sandinista, y la mayoría de estos asesinatos fueron en la zona conocida como el corredor de la guerra», explicó el defensor de derechos humanos, Braulio Abarca.

En este sentido la investigación revela que 3 funcionarios pertenecían a alcaldías opositoras y eran miembros del Partido Ciudadanos por la Libertad; 4 eran comerciantes, uno era abogado; 11 de las víctimas tenían un reconocimiento político opositor entre las cuales 2 víctimas eran familiares de éstos y 5 miembros identificados como miembros de la ex Resistencia Nicaragüense.

DESPLAZADOS PRODUCTO DE PERSECUCIÓN

Entre los hallazgos que destaca el documento también sobresalen el de 65 casos documentados de campesinos obligados a desplazarse ante la persecución del régimen mediante la fuerza policial y grupos paramilitares.

La mayoría salieron después de julio de 2018 cruzaron la frontera de forma irregular caminando durante varios días, solamente con su cédula de identidad y la ropa que llevaban puesta como el señor Francisco Reyes, un campesino que caminó 12 días para llegar a Costa Rica.

«Los campesinos refieren qué a pesar de haberse exiliado, sus familiares, amigos y vecinos les informan que la Policía y el Ejército siempre los llegan a buscar a sus casas y se mantienen vigilando sus propiedades. Llegan en motos o camionetas, con hombres, encapuchados, vestidos de civil y armados, a veces se quedan solo un momento y otras veces rodean las propiedades durante varias horas», indica.

Colectivo hace peticiones

Ante esta grave situación violatoria de derechos humanos el Colectivo Nunca Más, solicitó a los organismos internacionales de derechos humanos: «realice investigaciones independientes y objetivas que permitan la búsqueda de la justicia de la población campesina mediante la creación de una Fiscalía Especial acompañada y asesorada de instancias internacionales, que dirija los procesos investigativos».

Así como que «urja al Estado de Nicaragua que, al vencerse el plazo de seis años que el gobierno acordó con las partes para demostrar capacidad para la construcción del Gran Canal Interoceánico y sus subproyectos, notifique el fin de la concesión y derogue la Ley 840 por tratarse de un mega proyecto que afectaría de manera irremediable los ecosistemas y los recursos naturales de la región afectada y de todo el país, y sobre todo la vida de decenas de miles de familias campesinas», por las cuales son asesinados.

Foto: Ilustración del documento Situación de derechos humanos de la población campesina.