En las últimas 72 horas ha empezado, a través de las redes sociales de fanáticos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, una campaña contra toda persona que regala kits de prevención de la COVID-19 en distintas partes del país, principalmente a sectores informales que no pueden asumir confinamiento voluntario.

Algunos de los afiches, publicados por los fanáticos de la dictadura Ortega-Murillo, lanzan mensajes como: «si alguien en la calle le regala una bolsa con mascarilla NO LA USE está infectada con COVID-19. Es un plan de la oposición para infectar a la población».

En otros mensajes, publicados en las redes sociales, se le pide a la población reportar a quienes entregan este tipo de kits con mascarillas, guantes, alcohol gel o cloro, pues «esto solo le corresponde al Ministerio de Salud» y es «ilegal» que lo haga otra persona ajena al sistema de salud.

Sin embargo, ciudadanos autoconvocados han rechazado la campaña orteguista, pues apuntan que es solo parte del «mensaje de odio» que quieren promover.

La detención

El acto más tangible de criminalización de la entrega de kits es el del joven Esly Cerda, quien fue detenido por oficiales de tránsito en la entrada principal de La Conquista, en Carazo, cuando se dirigía a entregar paquetes con cloro, alcohol gel, guantes y mascarillas.

Cerda relató a LA LUPA que, el pasado sábado 06 de junio, cuando se dirigía a entregar kits recibió un llamado de alto de una oficial de tránsito de la Policía y se detuvo. Sin embargo, cuando se enteraron de quién era y lo que iba a realizar estos procedieron a dejarle retenida su motocicleta.

A Cerda, además de llevársele la motocicleta en la que se trasladaba, la oficial lo acusó de «atropellarla», «pisarle el pie con la llanta de la moto» y «desatender el llamado de alto», acusaciones de las que el joven asegura son «totalmente falsas».

Eslyn Cerda denuncia que hasta la fecha no le han entregado su motocicleta, que fue retenida ilegalmente por la Policía. Foto: Cortesía.

El también opositor explicó que al recibir el llamado de alto, inmediatamente, detuvo su motocicleta, quedando la llanta de esta en la cima de un reductor de velocidad y, al ser increpado por la oficial para que le entregara los documentos procedió apagarla, pero la oficial se puso frente a la motocicleta y fue ahí que la rozó, pero que esto ni siquiera podría considerarse como una agresión, sino una imprudencia de la oficial de quedarse frente a la motocicleta cuando el protocolo es que ellos se colocan a un costado.

Eslyn fue citado el lunes, 08 de junio, en la estación policial de La Conquista, donde explicó la oficial llegó a acuerdo de mutuo respeto, pero a su vez ella aceptó que no hubo tal agresión. Sin embargo, fue hasta en horas de la tarde de este martes, 09 de junio, que la Policía de Carazo entregó la motocicleta de Esly, según el joven, gracias a la gestión del sacerdote Modesto López, párroco de la iglesia de La Conquista.

Sin justificación legal

La abogada Carla Sequeira, encargada del área legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), explicó que «no hay ningún tipo penal que sancione regalar algún tipo de kits», no obstante, advirtió que la Policía -desde 2018- ha hecho mérito para que los defensores de derechos humanos denuncien la creación de «casos ficticios, crean sus propias telenovelas, muchos de los casos son acusados de delitos comunes aunque el trasfondo es político… Entonces, a estas personas que detengan entregando kits quizá no las puedan acusar por un hecho punible en cuanto a la parte de la entrega de los kits, pero pueden crearles delitos graves».

Sequeira además señaló que este tipo de acciones que buscan perseguir a las personas que tienen el gesto de ayudar a los más necesitados, frente a la pandemia de la COVID-19 que agobia al país, también son calificadas como una violación a los derechos humanos no solo de los perseguidos sino de esos miles de beneficiados, «que probablemente dejaran de ser apoyados o serán menos apoyados por este tipo de persecución que dirige el Gobierno».

Hasta la fecha, según el último informe del Ministerio de Salud, en Nicaragua ya hay 1,464 casos positivos de COVID-19 y 55 muertes. Sin embargo, desde el Gobierno no se han asumido medidas de distanciamiento social, tampoco han dirigido la entrega de kits preventivos y no se han dictado medidas económicas que ayuden a los sectores más vulnerables o a las empresas que recienten el impacto de la pandemia.

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La Lupa Nicaragua