El régimen de Daniel Ortega pretende imponer un control partidario en las instituciones de educación superior, con la confiscación arbitraria e ilegal de seis universidades privadas, lo que arriesga el futuro del país, advierten académicos y miembros de la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia (CUDJ).
Ernesto Medina, exrector de la Universidad Americana (UAM), señaló que otra de las consecuencias de lo ocurrido con las universidades afectadas es la posibilidad de que muchos estudiantes no puedan continuar con sus carreras, ya que desde el inicio de la crisis sociopolítica en 2018, la CUDJ contabiliza a 147 estudiantes universitarios expulsados de universidades públicas por razones políticas y 45 estudiantes asesinados durante las protestas.
“Hay una inseguridad en los estudiantes porque hasta ahora no ha habido ninguna cuestión clara sobre la situación de ellos. Además de algunas declaraciones de sentido populista, no hay nada que les de seguridad y tranquilidad a los muchachos (…). Impregna el temor porque si las autoridades son cambiadas, van a ser por personas que han demostrado no tener ningún principio ético y moral, que han expulsado estudiantes si ninguna consideración”, expresó.
Como consecuencia de la cancelación de la personería jurídica de 6 universidades privadas y la creación de leyes inconstitucionales para volverlas estatales, no hay posibilidad de acreditar con indicadores de calidad a la educación superior en Nicaragua de una manera creíble, indicó Adrián Meza, rector de la Universidad Paulo Freire (UPF), durante un foro realizado por la CUDJ.
“Con lo que está pasando es muy difícil que alguien pueda dar un chelín por el sistema de acreditación de la educación superior en Nicaragua. El CNEA (Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación) fue diseñado en el marco legal para asumir esta tarea, pero en la práctica los decididores políticos del Estado lo cerraron sin sacar un decreto, pero realmente el CNEA también está cerrado”, indica el académico refiriéndose a la institución encargada de evaluar la calidad de la educación en las universidades.
Meza se exilió tras la cancelación de su alma mater, dado que tenía información de que había una orden de captura en su contra.
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Según Medina, la confiscación de las universidades borró cualquier vestigio de la autonomía universitaria y es un intento del régimen Ortega Murillo de convertir a la educación superior en un “brazo ideológico dictatorial” para las nuevas generaciones, lo que amenaza la posibilidad de construir un país democrático, justo y equitativo en un futuro.
Además, con esta decisión el sistema educativo superior estaría en manos de personas que no tienen educación técnica, experiencia, ni conocimiento para manejarlo, sino que la dirección estaría a cargos de agentes políticos que se encargarán de que las instituciones sigan las órdenes del régimen y que no están preocupados por temas académicos y pedagógicos, señaló.
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Por su parte, Alberto Cortés, catedrático de la Universidad de Costa Rica (UCR) y miembro de la Iniciativa Universitaria por Nicaragua, manifestó que las acciones contra las universidades no es una “casualidad”, sino una arremetida contra el movimiento estudiantil, el cual fue el que inició las protestas cívicas en 2018. Y es un avance por intentar aplastar a las instituciones universitarias como centros de pensamiento libre, de visión científica, humanista y crítica.
“La iniciativa universitaria por Nicaragua expresamos nuestro enérgico repudio por la cancelación de la personería jurídica por varias universidades por parte de la asamblea nacional de Nicaragua controlada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo como parte de una escalada represiva contra la libertad de cátedra y de pensamiento que se viene repitiendo desde abril de 2018″, expresa.
Cortés leyó un comunicado en el que se rechaza la «arbitraria medida que no sólo aniquila la autonomía universitaria en Nicaragua, más grave aún, priva a miles de estudiantes del derecho a recibir una educación superior que fomente una conciencia crítica, un pensamiento humanista, indispensable para un porvenir de justicia y justicia social en el país”, expresa Cortés en un comunicado lanzado.
Después de la cancelación masiva de personerías jurídicas realizada la semana pasada, personeros del régimen advirtieron que la Universidad Centroamericana (UCA) supuestamente no tiene la documentación actualizada con el Ministerio de Gobernación.
Sin embargo, la UCA respondió en un correo diciendo que es “una institución comprometida con el cumplimiento de las leyes y disposiciones nacionales aplicables a su naturaleza como casa de estudios superiores y asociación civil”.
Hasta ahora las universidades afectadas por supuestamente haber incuplido la Ley 147 son: Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), Universidad Católica Agropecuaria del Trópico (Ucatse), Asociación de Estudios Humanitarios (Uneh), Asociación Popular de Nicaragua (Uponic) y la Asociación Universidad Paulo Freire (UPF).
También cancelaron a la Universidad Internacional de la Florida, Universidad Estatal de Michigan, Wake Forest University, Corporación Universidad de Mobile, Fundación Universidad Particular en Ciencias del Mercado, Asociación Universidad Thomas More (UTM) y Asociación Universidad Centroamericana de Ciencias Empresariales (UCEM).
