La jueza orteguista Irma Oralia Laguna condenó a una pena de 18 años de cárcel y una multa de más de 50 mil córdobas a la activista y presa política Julia Christina Hernández Arévalo, originaria de Masaya.

La activista fue declarada culpable por los delitos de tráfico de drogas y posesión ilegal de armas y municiones a finales de marzo pasado, en un juicio donde las pruebas no coincidían con los hechos acusados, denunció en su momento el abogado Julio Montenegro de la agrupación Defensores del Pueblo.

“La detención de Julia Christina Hernández y Eduardo Morales (su esposo) fue el 7 de enero del 2021, sin embargo, el recibo de ocupación de casi 8 mil gramos de marihuana es de fecha 20 de diciembre del 2020, y el acta de resultado de allanamiento del 7 de enero del 2020. Así comenzó el juicio”, señaló Montenegro.

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Hernández Arévalo fue detenida, por segunda ocasión, el 7 de enero de 2021. Los agentes policiales ingresaron ilegalmente a su vivienda ubicada en Masaya acompañados de perros, supuestamente en busca de armas y drogas.

Según denuncia de organizaciones de derechos humanos, pese a no encontrarse indicios delictivos, los agentes se llevaron detenido a su esposo, Eduardo José Morales Gadea.

Durante el allanamiento ilegal, también incautaron los celulares y los documentos de identidad de Julia y su esposo. Posteriormente, obligaron a Julia a acompañarlos a otra propiedad familiar que está en construcción, ubicada también en Masaya, y también registraron el inmueble, pero tampoco encontraron evidencias que los incriminara, según testimonio de los vecinos.

Fabrican delitos y la desaparecen

La organización Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) denunció que después del allanamiento, Julia Christina no volvió a su casa.

“Estuvo desaparecida por ocultamiento de paradero durante aproximadamente 15 días. Ya que después de eso, ya no regresó a su hogar y hasta el 22 de enero, le permitieron llamar a su familia”, señaló el organismo.

IM-Defensoras confirmó que todo ese tiempo, Julia Christina permaneció en Establecimiento Penitenciario Integral de Mujer (EPIM), conocido como “La Esperanza”, mientras el régimen fabricaba los delitos por los cuales sería acusada.

El pasado 19 de enero, Montenegro también confirmó que a la activista se le habían realizado dos audiencias, sin que la familia estuviese enterada y sin tener abogado de su elección.

La primera detención en Masaya

A finales del año 2019, Hernández Arévalo fue detenida luego de un operativo en Masaya tras asesinato de José Isaías Ugarte, conocido como “Chabelo”, y posteriormente la liberaron.

Desde el estallido de la crisis sociopolítica que vive el país desde abril de 2018, Hernández Arévalo tuvo un papel muy activo en las protestas que se realizaron en Masaya contra el régimen.

“La detención, judicialización y condena de Julia Hernández ha estado plagada de irregularidades, al punto que en marzo el juicio tuvo que ser suspendido por falta de pruebas por parte de la Fiscalía”, denunció IM-Defensoras.

Aplican mismo patrón de acusaciones

Un informe temático de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluye que la detención arbitraria de ciudadanos y opositores en Nicaragua “ha sido empleada con la intención principal de reprimir cualquier postura de oposición al actual Gobierno y transmitir un mensaje de temor para mantener control sobre la población nicaragüense”.

El caso de Julia Christina como el de muchos otros está plagado de violaciones al debido proceso y son “consistentes con un mismo patrón de criminalización” de la protesta social aplicado a otros presos políticos en el país, concluye IM-Defensoras.

“Se les fabrica e imputa cargos delictivos relacionados con narcotráfico y uso de armas, para aplicarles condenas elevadas a manera de escarmiento y con el objetivo de generar miedo entre la población y desincentivar las protestas contra el gobierno”, menciona la organización defensora de derechos humanos.

Otro caso similar es el de la también presa política María Esperanza Sánchez, sentenciada el 6 de julio 2020, a 10 años de prisión y una multa de 31 mil córdobas.

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“La presa política Julia Hernández no ha cometido ningún delito y debe ser liberada y regresar a casa de inmediato. Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que se solidarice y se mantenga al pendiente de su situación, uniéndose a la exigencia de libertad para ella y para el resto de personas presas políticas que permanecen injustamente privadas de libertad en Nicaragua”, insistió IM-Defensoras.

La presa política condenada a 18 años además de padecer diabetes, tiene personas dependientes a su cargo como su hijo de nueve años y su madre, quien es una persona adulta mayor y con discapacidad.

La criminalización y agresiones sufridas tanto por Julia, como por su esposo, han tenido un gran impacto en su familia, especialmente su madre e hijo, que se encuentran en una “situación vulnerable tanto económicamente como a nivel psico-emocional”, dijo IM-Defensoras, tras calificar la sentencia de “arbitraria e injusta”.

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La Lupa Nicaragua