El número de mujeres encarceladas por motivos políticos sigue en aumento en Nicaragua. En septiembre pasado, el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas registró la detención de otras dos ciudadanas, elevando a 21 el total de prisioneras políticas que mantiene el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en las diferentes cárceles del país.
Las mujeres capturadas por el régimen fueron Jeannine Horvilleur Cuadra, de 63 años, y Ana Carolina Álvarez Horvilleur, de 43 años, ambas de nacionalidad nica-francesa. Las ciudadanas son madre e hija y fueron detenidas el 13 de septiembre pasado, cuando la Policía orteguista allanó la vivienda en que residían en Managua, buscando al perseguido político Javier Álvarez Zamora, que actualmente se encuentra en el exilio y tiene orden de captura en Nicaragua.
Álvarez Zamora ha denunciado públicamente que su esposa e hija, además de su yerno Félix Roiz Sotomayor, fueron detenidas para obligarlo a entregarse a la Policía del régimen, como parte de una “política represiva de si no pagas vos pagará tu familia”.
Jeannine y Ana Carolina se encuentran en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, conocido como El Chipote, y enfrentan un proceso judicial por supuestamente haber cometidos los delitos de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense”.
La familia de estas ciudadanas, al igual que los familiares de los más de 200 presos políticos que mantiene el régimen Ortega-Murillo en todo el país, han rechazado las acusaciones impuestas por la justicia orteguista y han exigido que sean liberadas inmediatamente y sin condiciones. El Gobierno de Francia también se ha pronunciado públicamente expresando su preocupación por ambas mujeres que tienen por herencia familiar la ciudadanía francesa.
El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas incluye en su lista de ciudadanas encarceladas -actualizada hasta septiembre- a cuatro mujeres identificadas solo como “anónimas”, a las que no le ubica la fecha de detención, y otra solo con las iniciales M.J.D.C, de 56 años, originaria de Morrito, Río San Juan, que fue detenida el 6 noviembre de 2021 y actualmente se encuentra encarcelada en el Sistema Penitenciario de Mujeres de Cuisalá, Chontales.
Además, registra los casos de 14 ciudadanas; con nombres, edad, ciudad de origen y centro carcelario, detenidas por motivos políticos entre el 20 de enero de 2020 y el 9 de noviembre de 2021. A continuación, La Lupa detalla los casos de cada una de estas reas de conciencia:
Cinthia Samantha Padilla Jirón, de 22 años, originaria de Masaya. Fue detenida el 9 de noviembre de 2021. La joven fue condenada a ocho años de prisión y a pagar una multa de 30 000 córdobas por supuestamente cometer los delitos de «menoscabo a la integridad nacional» y «propagación de noticias falsas». Actualmente se encuentra en el Sistema Penitenciario de Mujeres de Tipitapa, conocido como La Esperanza.
Eveling Rusia Pinto Centeno, de 63 años, originaria de Managua. Fue detenida el 6 de noviembre de 2021. La defensora de derechos de niños, niñas y adolescentes fue condenada a ocho años de prisión, 500 días multa y la inhabilitación de ejercer cargos públicos por supuestamente cometer los delitos de «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional» y «propagación de noticias falsas». Actualmente se encuentra en el Sistema Penitenciario de Mujeres de Tipitapa, conocido como La Esperanza.
Nidia Lorena Barbosa Castillo, de 67 años, originaria de Nindirí, Masaya. Fue detenida el 6 de noviembre de 2021. La abogada y opositora al régimen fue condenada a 11 años de prisión y 800 días multa por supuestamente «conspirar para cometer menoscabo a la integridad nacional» y «propagar noticias falsas». Actualmente se encuentra en el Sistema Penitenciario de Mujeres de Granada.
María del Socorro Oviedo Delgado, de 39 años, originaria de Managua. Fue detenida el 29 de julio de 2021. La abogada y defensora de derechos humanos fue condenada a ocho años de prisión por los supuestos delitos de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” y “propagación de noticias falsas”. Actualmente se encuentra en la Dirección de Auxilio Judicial, conocido como El Chipote.
María Fernanda Flores Lanzas, de 53 años, originaria de Managua. Fue detenida el 21 de junio de 2021 y desde entonces permanece bajo el régimen de casa por cárcel. La exdiputada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y esposa del expresidente Arnoldo Alemán fue condenada a ocho años de prisión por supuestamente «conspirar para cometer menoscabo a la integridad nacional».
Ana Margarita Vijil, de 44 años, originaria de Managua. Fue detenida el 13 de junio de 2021. La activista social y dirigente de la Unión Democrática Renovadora (Unamos), antes Movimiento Renovador Sandinista, fue condenada a diez años de prisión y la inhabilitación de ejercer cargos públicos por supuestamente cometer el delito de «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional». Actualmente se encuentra en la Dirección de Auxilio Judicial, conocido como El Chipote.
Dora María Téllez Argüello, de 66 años, de Managua. Fue detenida el 13 de junio de 2021. La historiadora, exguerrillera sandinista y fundadora del Movimiento Renovador Sandinista, ahora Unamos, fue condenada a ocho años de prisión más la inhabilitación para ejercer cargos públicos por supuesta «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional». Actualmente se encuentra en la Dirección de Auxilio Judicial, conocido como El Chipote.
Suyen Barahona Cuán, de 45 años, originaria de Managua. Fue detenida el 13 de junio de 2021. La activista social y presidente de la Unión Democrática Renovadora (Unamos), antes MRS, fue condenada a ocho años de prisión más inhabilitación de ejercer cargos públicos por supuestamente cometer «menoscabo a la integridad nacional». Actualmente se encuentra en la Dirección de Auxilio Judicial, conocido como El Chipote, y tiene más 15 meses sin ver a su hijo de cinco años.
Daysi Tamara Dávila Rivas, de 41 años, originaria de Managua. Fue detenida el 12 junio de 2021. La activista social, feminista y dirigente de la Unión Democrática Renovadora (Unamos), antes MRS, fue condenada a ocho años de prisión más la inhabilitación para ejercer cargos públicos por supuesta «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional». Actualmente se encuentra en la Dirección de Auxilio Judicial, conocido como El Chipote, donde solo ha podido recibir una vez la visita de su hija de seis años, luego de presionar al régimen protestando con una huelga de hambre.
Violeta Mercedes Granera Padilla, de 70 años, originaria de Managua. Fue detenida el 8 de junio de 2021. La socióloga, activista política y dirigente de la Unidad Nacional Azul y Blanco (Unab) fue condenada a ocho años de prisión más la inhabilitación para ejercer cargos públicos por supuesta «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional». Actualmente se encuentra en la Dirección de Auxilio Judicial, conocido como El Chipote.
Cristiana María Chamorro Barrios, de 68 años, originaria de Managua. Fue detenida el 2 de junio de 2021 y desde su detención hasta la fecha ha permanecido bajo el régimen casa por cárcel. La periodista, aspirante a la Presidencia en 2021 y expresidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh) fue condenada a ocho años de prisión: cinco años por el supuesto delito de lavado de dinero y tres años por presunta apropiación y retención indebida, en el caso abierto contra la oenegé que cerró operaciones desde febrero de 2021.
Karla Vanessa Escobar Maldonado, de 42 años, de Masaya. Fue detenida por segunda ocasión el 30 de abril de 2020. La ciudadana, opositora al régimen y exintegrante del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), fue acusada de supuesto tráfico de estupefacientes y portación ilegal de armas y condenada a pasar 10 años de prisión. Actualmente se encuentra en el Sistema Penitenciario de Mujeres de Tipitapa, conocido como La Esperanza.
María Esperanza Sánchez García, de 54 años, originaria de Matagalpa. Fue detenida el 26 de enero de 2020. La ciudadana, ejecutiva de ventas y crédito, participó en las protestas sociales de 2018 en Matagalpa y fue acusada y condenada a diez años de prisión por supuestamente cometer el delito de «tráfico de drogas». Actualmente se encuentra en el Sistema Penitenciario de Mujeres de Tipitapa, conocido como La Esperanza.
Julia Christina Hernández Arévalo, de 34 años, de Masaya. Fue detenida el 7 enero de 2021. La activista social participó de las protestas sociales de 2018 en Masaya y fue acusada y condenada a 18 años de prisión por supuestamente cometer el delito de «tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas y explosivos». Actualmente se encuentra en el Sistema Penitenciario de Mujeres de Tipitapa, conocido como La Esperanza.
