Diputados orteguistas promueven en la Asamblea Nacional una iniciativa de reforma y adición al Código Procesal Penal (Ley 406) con la que pretende modificar los artículos 253 y 256 con respecto al tiempo de presentación de los acusados frente a la autoridad judicial que cambiaría de 48 horas hasta 90 días.

Un tiempo que pretende cambiar lo contemplado en el artículo 33 de la Constitución Política inciso 2.2 que establece que el detenido debe ser “puesto en libertad o a la orden de autoridad comtepente dentro del plazo de las 48 horas posterior a su detención”.

El jurista José Pallais afirmó a La lupa que esta propuesta es una reforma violatoria a los derechos humanos. Sostiene que va en contra del derecho de presunción de inocencia de las personas detenidas tal como lo establece la Constitución Política.

“Esta propuesta retrocede todos los avances logrados en materia penal, porque los presos pueden estar bajo las cárceles de Ortega hasta 90 días sin que el Ministerio Público (MP) prepare una formal acusación donde se señale que delitos ha cometido para estar preso de su libertad”, indicó.

El proceso que marca la Ley 406 indica que las autoridades deberán presentar en 48 horas a la “persona detenida ante el juez, para la realización de la Audiencia Preliminar, la cual se realizará inmediatamente”.

“En esta audiencia el fiscal deberá presentar la acusación ante el juez competente. Si este requisito no se cumple, el juez ordenará la libertad del detenido”, con la reforma el régimen de Daniel Ortega, marca un retroceso por lo que ahora detendrá para después investigar.

«La autoridad judicial determinará mediante auto la procedencia de la solicitud y señalará de forma expresa el plazo razonable para la investigación complementaria, el cual no podrá ser menor de quince, ni mayor de noventa días”, dice la reforma dejando a discrieción del judicial la consideración de “la gravedad del hecho, la complejidad de la investigación, la pluralidad de afectados, imputados o conductas, cuando la investigación se trate de delitos vinculados al crimen organizados, o se trate de delitos de relevancia social y trascendencia nacional y cualquier otra información o elemento de prueba que ayude a fundamentar la procedencia de la solicitud».

Persecución contra opositores

Organismos de Derechos Humanos han denunciado que la iniciativa de reforma, es un nuevo mecanismo para legitimar las violaciones a los derechos humanos y la violación al debido proceso judicial como ha ocurrido con los más de mil presos políticos registrados desde 2018.

“Esta se suma a un combo de leyes dirigidas a reprimir a la oposición en Nicaragua, realidad que no solo vivimos en el 2018 sino que actualmente sufrimos con las detenciones arbitrarias a activistas, opositores, periodistas y defensores de derechos humanos quienes han sido llevados al Chipote donde incluso han aguantado maltratos físicos y psicológicos aún sin cometer un delito”, especificó Wendy Flores del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.

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