A pesar que la dictadura se atribuye una victoria con casi el 75 por ciento de votos, países de la región y población nicaragüenses no reconocen los resultados de un proceso calificado de fraudulento desde su inicio.
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Daniel Ortega se perpetúa cinco años más en la silla presidencial con un 74.99 % de votos con el 49.25% de Juntas Receptoras de Votos escrutadas, según los resultados preeliminares que anunció el Consejo Supremo Electoral pasada medianoche. Dichos comicios presidenciales se desarrollaron en un ambiente hostil y con una abstención electoral del 81%, según Urnas Abiertas.
Las elecciones ya habían sido calificadas como fraudulentas e ilegítimas con anterioridad por la comunidad internacional y por la oposición, ya que no cumplían con las garantías mínimas como el respeto de los derechos civiles y políticos; el encarcelamiento y judicialización de opositores; la falta de observación electoral por organismos independientes y acreditados; y la falta de reformas electorales creíbles, no impidió que el FSLN decidiera mantenerse otro período más en el poder.
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Como lo habían advertido con anterioridad, países de la comunidad internacional no reconocerán los resultados de los actuales comicios debido a la falta de democracia con la que fueron llevadas a cabo. Así lo anunció Joe Biden, presidente de los Estados Unidos de América.
Aseguró desconocer las elecciones presidenciales, y lo calificó de una “pantomima que no fue ni libre ni justa, y ciertamente no democrática”, a través de un comunicado publicado por La Casa Blanca, en el que también denunció la judicialización y represión contra personas opositoras y periodistas, e hizo un llamado al Régimen para que tomen medidas inmediatas para restaurar la democracia.
Por otro lado, el país vecino Costa Rica también anunció en un comunicado contundente que, no reconoce las actuales elecciones ante la ausencia de condiciones y garantías requeridas en democracia para acreditar las como transparentes, creíbles, independientes, libres, justas e inclusivas.
Esto es debido a todas las acciones realizadas por el Gobierno en contra de actores políticos y sociales, líderes de oposición, grupos de jóvenes y medios de comunicación, así como la inhibición del pluralismo político y libertad de expresión.
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El comunicado encabezado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de dicho país, además demandó al Gobierno de Nicaragua la liberación y restitución de los derechos de las personas presas políticas, así como cumplir sus obligaciones jurídicas internacionales.
Asimismo, el Consejo Nacional Empresarial de Guatemala rechaza y condena la farsa electoral desarrollada por el régimen, que completa la ruptura del orden democrático en dicho país.
El observatorio electoral, Urnas Abiertas, calculó en su último informe un 81.5% de abstención electoral como promedio nacional, siendo el 79% el porcentaje mínimo y 84% el porcentaje máximo, con tal solo un 18.5% de participación ciudadana. Siendo problabemente las elecciones con menos participación ciudadana en la historia de Nicaragua.
El informe que fue realizado con 1,450 personas que se movilizaron en 890 Centros de Votación (CV) de los diferentes territorios del país, reportaron que en 203 CV se utilizaron vehículos del Estado para trasladar votantes, activistas o para el uso de otras actividades partidarias, en 129 CV no se implementaron medidas contra la COVID-19, en 71 CV hubo propaganda política en su interior.
También denunciaron que hubo paramilitares excesivamente armados en los CV, como una táctica de control y de intimidación que usó el régimen. «Al menos el 81% de las 1,450 personas que se movilizaron se sintimieron amenzadas con la presencia paramilitar. En algunos casos, los paramilitares hacían rondas dentro de los CV para vigilar a las personas que se encontraban adentro», indicó Olga Valle, investigadora de Urnas Abiertas.
Cabe destacar que gran parte de las personas que participaron en los comicios fueron obligadas a hacerlo y a demostrar que votaron por el FSLN, ya que eran hostigadas y amenazadas con perder sus puestos de trabajo. Además de ser movilizadas a los CV, tenían que mostrar fotos de su boleta, mostrar su dedo manchado, y en algunos casos también obligaban a sus familias a votar.
«Como se ha venido registrando desde el inicio del presente proceso electoral es imposible el desarrollo de un proceso electoral democrático en el marco de la corrupción, la falta de transparencia, los altos índices de violencia política y las graves afectaciones a los derechos humanos», manifestó Pedro Fonseca, integrante de Urnas Abiertas.
Durante los últimos tres días en el marco de la jornada electoral, se reportaron al menos 106 incidentes relacionados a violaciones de derechos humanos, según el tercer resumen del monitoreo de elecciones realizado por el Monitoreo Azul y Blanco.
«Reportamos con preocupación la represión registrada durante la jornada electoral en la que se han documentado incidentes de violencia política y violaciones a derechos humanos en 14 departamentos y dos regiones autónomas. Denunciamos con preocupación las campañas de hostigamiento, vigilancia, intimidación y chantaje a la población por parte de operativos de la Policía en conjunto con grupos de civiles no identificados y simpatizantes del partido FSLN», expresa el comunicado.
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Los incidentes son 34 casos de hostigamientos, 26 detenciones arbitrarias, 9 allanamientos, 17 amenazas, 5 agresiones y 15 casos de control territorial con paramilitares armados. El Monitoreo Azul y Blanco aclara que debido a las limitaciones geográficas y de información existe un subregistro de estos datos.
Asimismo, Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) reportó más de 40 casos de asedio a periodistas y medios de comunicación, a través del medio de comunicación Expediente Público. También destaca la detención arbitraria de dos periodistas, a quienes la Policía Nacional les tomó fotografías, sus huellas dactilares, les robaron sus teléfonos y horas después los liberaron.
La abogada y defensora de derechos humanos, Vilma Núñez, indica que cualquier oportunidad de sacar a la dictadura del poder se derrumbó con el robo de estas elecciones. Aunque el futuro político del país es incierto, la probabilidad de que la represión se recrudezca es siempre latente.
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“Tenemos que partir que aquellas expectativas que en algún momento alimentamos sobre que las elecciones del 7 de noviembre iban a ser realmente elecciones, que iban a marcar un antes y un después de la represión para impulsar una transformación y un cambio, ya no existen. La dictadura se encargó de cerrar la posibilidad de emplear todas las instituciones y todos los mecanismos para sacarlos del poder”, expresa.
“Este 7 de noviembre se nos derrumbó la posibilidad de cambiar la dictadura. Tal vez no lo íbamos a cambiar totalmente, pero al menos podíamos enrumbar el país hacia el camino del cambio. Ahora esto va a ser una tranca que va a dificultar la transformación que se necesita”, manifiesta la activista.
Entre los posibles escenarios que se avecinan para Nicaragua luego de estos comicios, están el cierre absoluto de todos los espacios de articulación, y el incremento del estado policial y de espionaje contra la ciudadanía. Aunque Núñez “espera ser demasiado pesimista y desea equivocarse”, el contexto es adverso y empeora cada vez más, y de cumplirse estos escenarios podría tener como consecuencia otra ola de migración.
Asimismo, indicó que es poco probable la liberación de las más de 150 personas presas políticas, quienes han denunciado ser torturadas y presentan precarias condiciones de salud. También agregó que a los candidatos presidenciales posiblemente los ocupen como moneda de cambio para callar la incoformidad de la población.
Mientras tanto, la abogada constitucionalista y ex-aspirante presidencial, Asunción Moreno, manifiesta que “la autoproclamación de Ortega en esta farsa electoral” significará más pobreza, desempleo, rezago económico y un contexto social de represión y sin libertades políticas para la ciudadanía. Pues, Ortega estaría consolidando su modelo totalitario familiar centrado en un partido único, alejando al país aún más de cualquier posibilidad de democracia.
Moreno, quien tuvo que exiliarse en julio de este año debido a la cacería que hubo contra las personas que propusieron como candidatos a la presidencia, añadió que en realidad el Gobierno decidió no hacer elecciones para no disputar el poder y que tratarán de gobernar en un ambiente de ilegitimidad.
