El jefe de la Policía del régimen de Daniel Ortega, el sancionado Francisco Díaz, emitió una disposición a través de la cual prohíbe que los miembros de esa institución puedan hacer uso de medios electrónicos de comunicación, mientras están en el ejercicio de sus funciones. Y les advierte que aplicará el reglamento disciplinario de la institución para aquellos que no cumplan con esa orden.

La disposición prohibitiva número 22-2019 de Díaz incluye el uso de dispositivos electrónicos “institucionales, personales o de terceros”, tanto del personal policial como del civil dentro de esa institución.

Según la disposición administrativa interna de Díaz, un miembro de esa institución solo podrá hacer uso de cualquier tipo de dispositivo electrónico con la autorización previa de sus superiores. Y solo les estará permitido usarlos cuando requieran informar sobre “situaciones de riesgo, amenaza o peligro latente a los jefes correspondientes”, o llamar a centros de emergencia policiales, médicos y bomberos.

La justificación para tal disposición es que buscan mejorar el servicio “que requiere un estado de máxima atención y dar una imagen seria y profesional”. Aunque en la disposición de forma explícita deja claro aquello que no podrán hacer sus subordinados: “Hablar, enviar mensaje de voz o de texto, usar redes sociales, jugar, escuchar música empleando o no audífonos”.

A su vez, tienen prohibido facilitar los dispositivos institucionales a terceras personas “con fines de conocer información que está reservada exclusivamente para usos oficiales”, señala la disposición emitida este miércoles por Díaz, que también incluye entre las prohibiciones facilitar a terceros o funcionarios no autorizados códigos o tablas de comunicación o lenguajes cifrados exclusivas para la comunicación interna.

Tampoco podrán grabar vídeos o cualquier otro tipo de material gráfico sobre sus actuaciones, o sitios donde prestan el servicio, o de las instalaciones donde prestan el servicio, especifica Díaz.

Especialistas en el tema consideran que la medida podría estar relacionada con posible filtración de la información que ha dejado en evidencia la represión en contra de la población o porque concluyeron que sus filtraciones acomodadas no les han surtido el efecto esperado.

Un caso concreto fue el vídeo grabado y subido a las redes sociales por un agente de la delegación de Policía de Masaya en contra de la abogada María Oviedo a finales de julio pasado y más bien evidenció el abuso extremo de autoridad con que fue tratada la profesional.

La policía orteguista ha sido señalada, junto a funcionarios de diversas instituciones del Estado, de asesinar a más de 300 ciudadanos en el contexto de las protestas surgidas en abril del 2018 y por las cuales el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo han sido condenados por cometer crímenes de lesa humanidad.

+ posts

La Lupa es un medio con perspectiva de género y derechos humanos que surgió en mayo de 2019.