La huelga de hambre que iniciiaron hace 16 días un grupo de presos políticos  será indefinida como protesta por su liberación, una situación que fue calificada como «intolerable» por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.

El pasado 2 de octubre, la Asociación de Familiares  de Presos  Políticos (AFPP) confirmó que al menos tres de los presos políticos que están en huelga de hambre se zurcieron la boca para ejercer más presión en su demanda.

Los presos que se zurcieron la boca fueron identificados como José Santos Sánchez, Néstor Montealto Núñez y Ernesto Ramírez, quienes fueron enviados a celdas de máxima seguridad como una forma de castigo.

Hace dos días, circuló un mensaje en el que los presos amenazaron también con coserse los parpados. “Sepan que queremos nuestra libertad”, decía el mensaje que hizo circular el abogado Julio Montenegro, defensor de derechos humanos.

«Esta situación es intolerable e inhumana, todos han sido presentados publicamente como criminales y no han tenido acceso a un proceso judicial justo, siendo violentado así el principio de presunción de inocencia y todas sus libertades fundamentales», destaca el comunicado de Almagro.

«No vemos salida»

Ruth Elizabeth Martínez Ortiz rompe en llanto cada vez que habla de su hermano Norlan José Cárdenas Ortiz, uno de los presos políticos del régimen que el pasado 30 de septiembre decidió unirse a la huelga de hambre, que empezaron unos 53 presos de conciencia, para demandar su libertad.

“Estaba llorando, porque yo miro largo esto y es duro, porque cada día ve como que las puertas se van cerrando”, dice Martínez Ortiz, quien confirma que su hermano continúa en huelga de hambre.

Según Martínez Ortiz, a la fecha su hermano solo está ingiriendo líquidos y ayer supieron que, el joven acusado de homicidio frustrado, está estable de salud y pidió que “desde afuera” se pidiera la libertad de todos los presos políticos.

Norlan José Cárdenas, preso político en huelga de hambre. Foto Cortesía

“Nosotros fuimos de visita el ocho de octubre y le llevamos comida, incluso, le llevamos una sustancia, pero él dijo que no iba a comer nada porque estaba solo ingiriendo líquidos (…) En la galería donde él está, están bien (los de la huelga) se dan ánimos entre ellos, y dicen que están fuertes y firmes en la huelga, desde adentro están siendo unidos”, señaló.

De la intención que tienen, los presos políticos que están en huelga de hambre, de coserse los ojos, afirma que no sabe nada, dado que su hermano no le formuló ningún comentario al respecto.

“Nos comentó que los funcionarios los obligan a agarrar la chupeta (comida en una bolsa) y si no lo hacen amenazan de que van a desarticular la celda y les quitarán todo, cocina, comida”, señaló Martínez Ortiz.

Cárdenas Ortiz fue acusado por homicidio frustrado en perjuicio de Francisco Luis Úbeda Gómez y José Noel Nicaragua Acuña, dos oficiales que resultaron heridos en una balacera en el Reparto Cailagua de Masaya el 30 de noviembre de 2019.

Ese día la Policía sandinista buscaba a José Isaías Ugarte López, alias Chabelo, quien murió el 1 de diciembre en un tiroteo que empezó la Policía en contra de este ciudadano.

Desde el día que fue detenido, la familia de Cárdenas Ortiz se mantiene en zozobra y sufre asedio, además el costo económico que representa viajar al penal de Tipitapa.

“Yo no puedo trabajar, fui despedida de La Mascota, donde laboré 19 años, y sin derecho a nada. La situación es difícil, tengo que conseguir (dinero) para llevarle su paquetería”, mencionó.

Este 30 de octubre, Cárdenas Ortiz cumplirá 11 meses de estar detenido y casi un año después, la familia sigue denunciando su caso.

“Él me dice que haga público todo porque no podemos estar callando ante esta dictadura y aparentar que todo está normal, porque nosotros somos asediados, en la casa nos vigilan y el miedo se termina hasta que uno vence el miedo, y el miedo ya lo perdimos”, señaló.

Esperanza en la OEA

Según el comunicado del secretario general de la OEA, siguen recibiendo denuncias de diferentes actores de la sociedad civil que les obliga a «alertar a líderes regionales y a la comunidad internacional en general» sobre la situación de Nicaragua.

Según Martínez Ortiz, los presos políticos amenazaron con continuar la huelga y extenderla hasta el próximo 21 de octubre cuando se prevé que OEA aborde la situación de Nicaragua en el 50 periodo de sesiones ordinarias en el marco de la Asamblea General.

“Él dijo que iban hasta el 21 en huelga esperando que se diera una resolución en la OEA”, mencionó Martínez Ortiz.

En esa reunión se estima que se podría adoptar una decisión definitiva con respecto a la crisis sociopolítica que vive el país desde 2018.

En agosto pasado, las misiones permanentes de Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Paraguay y los Estados Unidos ante la OEA solicitaron a la Secretaría General de ese organismo, que el tema “La situación en Nicaragua” sea incluido en este periodo de sesiones que se realizará de forma virtual desde Washington, la capital estadounidense los días 20 y 21 de octubre de 2020.

«La próxima Asamblea General de la Organización debe ser consistente y hacer suyas las denuncias de violación de los derechos humanos, exigir se liberen a los presos políticos, se restablezcan las libertades fundamentales y se proceda a las necesarias reformas electorales que permitan el retorno de la democracia a Nicaragua», señala el comunicado de la OEA.

La abogada y defensora de derechos humanos, Yonarqui Martínez, explicó que en los diferentes penales del país, los prisioneros políticos tomaron la decisión de empezar la huelga de hambre como una forma de presión.

“Evidentemente la salud de algunos de ellos se está deteriorando y es una manera de protesta que ellos tienen para poder exigir su libertad, acordémonos que son inocentes y es un derecho que ellos tienen, el derecho a la huelga”, mencionó Martínez.

En su último informe, hasta septiembre pasado, el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, reconocía que había 94 presos políticos en las cárceles del país.

Según la OEA, todavía hay 113 presos políticos en Nicaragua, más de la mitad permanece en huelga de hambre.

No hay orden constitucional

Por otro lado, la Secretaría General de la OEA la «orientación» del dictador Daniel Ortega dada a la Corte Suprema de Justicia el pasado 14 de septiembre para que estudiara las leyes que pueden ser modificadas con el objetivo de castigar con cadena perpetua los «crímenes de odio» es un acto que «vulnera la separación de los poderes».

«Ello deja el suficiente espacio para la arbitrariedad, siendo susceptible de convertirse en una herramienta para reprimir», dice el comunicado.

Y agrega que la Policía Nacional llamada por Ortega «Policía sandinista» desde hace mucho tiempo viene «implementando una estrategia de acoso y persecución a líderes opositores, así como a familias de presos políticos y víctimas (…) Este patrón forma parte de una alteración al orden constitucional que se prolonga en el tiempo».

Perfil del autor
La Lupa Nicaragua