Ante el avance de los derechos sexuales y reproductivos, grupos de políticos ultraconservadores se han movilizado para frenarlos.
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Ante el avance de los derechos sexuales y reproductivos que han conseguido las mujeres en materia de legalización y acceso al aborto en Latinoamérica, los políticos conservadores de la región se movilizan cada vez más desde los poderes del Estado para frenarlos, indica la socióloga y feminista María Teresa Blandón.
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Esto supone una amenaza para los derechos de las mujeres, adolescentes y niñas, ya que la agenda de los políticos conservadores siempre se centra en la penalización del aborto y en el impedimento de otros servicios de salud esenciales para ellas.
“En los últimos años, los Estados han asumido compromisos en materia de derechos sexuales y reproductivos. Lo que hay en la última década es una tendencia en algunas regiones del mundo de resistencia a estos avances. En esta resistencia nos vamos a encontrar a fundamentalistas y ultraconservadores que por definición son antiderechos, que actúan desde la sociedad civil, los partidos políticos, los parlamentos y los gobiernos”, señala.
La última victoria de los políticos ultraconservadores fue la anulación del derecho constitucional al aborto en Estados Unidos por la Corte Suprema el pasado de 24 de junio, luego que revocara la sentencia Roe vs. Wade, la cual reconocía la interrupción voluntaria del embarazo como derecho fundamental desde 1973. A partir de entonces, al menos 11 Estados de dicho país han anunciado que tienen planeado penalizar el aborto en sus legislaciones.
No obstante, en Latinoamérica estos grupos de políticos ultraconservadores también se encuentran activos. En enero de este año, el Congreso de Honduras blindó la prohibición absoluta del aborto al convertir articulo pétreo el articulo que penaliza el aborto en cualquier circunstancias. Es decir, que dicho artículo no podrá reformarse en un futuro.
Mientras que Guatemala se autoproclamó «la capital iberoamericana de la vida» después que el Congreso aprobara la Ley Para La Protección De La Vida Y La Familia (Ley 5272) el 8 de marzo de este año. Dicha ley amplía las penas para la práctica del aborto desde 25 y 50 años de cárcel y crea una serie de prohibiciones que afectan a la población LGBTIQ+.
Aunque la ley nunca se llegó a concretar ya que el presidente del país, Alejandro Giammattei, solicitó que fuera archivada y que en el caso de que llegara a su despacho, la iba a vetar.
Según “Lucía”, trabajadora social e integrante del Movimiento Feminista de Nicaragua, afirma que estas acciones les ha dado “una bocanada de aire” a los movimientos antiderechos y les ha dado un respaldo político.
“Esto es grave para las mujeres y para la lucha de despenalización del aborto en los estados centroamericanos”, manifiesta.
Para retroceder los avances alcanzados en materia legislativa y políticas públicas sobre el derecho a decidir, estos grupos de políticos conservadores se articulan estratégicamente fuera de los espacios de congregación de las iglesias y lo hacen en espacios políticos muchas veces con un lenguaje legal, constitucionalista, de derechos humanos, incluso emulando modelos económicos, asegura la activista feminista e integrante de la plataforma Somos Muchas, Neesa Medina.
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Dado que los políticos conservadores se han visto interpelados con avances en convenciones internacionales, sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y cambios en las Constituciones, intentan imitar el uso de estas herramientas y recursos para limitar el acceso de las mujeres a su derecho a decidir.
Según Medina, esta estrategia se ha reflejado efectiva, pues la agenda conservadora ha ganado terreno entre más se sale del ámbito de las iglesias. Indica que un ejemplo de eso, es la mayor presencia de políticos conservadores en las asambleas de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
“Estas personas ultraconservadoras ingresan a los partidos políticos, imponen esta agenda y se articulan estratégicamente para penalizar el derecho a decir. Primero lo vimos con los códigos penales, después desde las constituciones, como fue el caso de Honduras con el blindaje constitucional, y ahora están atacando los fallos de las Cortes Supremas. Es decir, donde vamos ganando, ahí ponen el ojo para detener ese proceso”, expresa.
Según la feminista María Teresa Bladón, estos políticos ultraconservadores proliferan en sus campañas antiderechos en sistemas autoritarios y con gobiernos corruptos, tales como los países de Centromérica, donde se encuentran tres de los siete países del mundo que penalizan de manera absoluta el aborto, es decir, en Nicaragua, Honduras y El Salvador, países donde “no hay democracia”.
“Todos los sistemas de gobiernos autoritarios y las sociedades ultraconservadoras van a tener dentro de sus prioridades el control sobre los cuerpos de las mujeres, porque eso hace que puedan definir cuando las mujeres tienen que parir mucho y cuando tienen que dejar de parir. “Eso no tiene que ver con la defensa o la protección de la vida, sino que tiene que ver con cálculos políticos y económicos”, explica.
