La Policía realiza charlas y conversatorios sobre la prevención de violencia machista, pero continúa obligando a las mujeres a mediar con sus agresores cada vez que interponen una denuncia, indica “Valeria”, defensora feminista que solicitó el anonimato por seguridad.
En el último Plan de Prevención y Seguridad realizado por las Comisarías de la Mujer, la Policía destacó que realizaron casi 17 mil visitas casa a casa en las que abordaron la prevención de la violencia contra las mujeres con madres y sus familias.
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Durante esas visitas la institución recibió 41 denuncias de hechos que atentaron contra la vida y dignidad de las mujeres y se detuvieron a 10 agresores, de acuerdo con la Jefa Nacional de la Dirección de la Comisarías de la Mujer, Johanna Plata.
Sin embargo, en la realidad las mujeres que llegan a las Comisarías a denunciar sus situaciones de violencia siguen siendo obligadas a mediar, se les impide ir acompañadas de defensoras y sus casos muy pocas veces son investigados y los agresores sancionados, aclara Valeria.
“Nosotras hasta la fecha llevamos más de 200 casos de violencia y seguimos viendo que el trato a las mujeres continúa siendo el mismo. Tenemos que hacer malabares para lograr que las atiendan, que no las disuadan que quitar la denuncia y que el agresor logre ser detenido, cosa que casi ninguna sucede”, señala.
Desde el año, el régimen Ortega-Murillo tiene un plan de prevención de femicidios en las diferentes instituciones del Estado que consiste en realizar charlas, talleres, cartillas y productos comunicacionales que invitan a las mujeres a ir a las Comisarías a denunciar.
Pero nada de esto tiene una efectividad en la reducción de los femicidios y la violencia machista porque las mujeres no son atendidas adecuadamente en las Comisarías, y sobre todo porque la Ley Integral Contra La Violencia Hacia Las Mujeres no es aplicada como debería.
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“Para que haya efectividad debe haber el cumplimiento de la Ley 779, que desde su razón de ser prohíbe la mediación. A pesar que se ha advertido que la mediación incrementa la violencia contra las mujeres, a ellos no les importa. Así que los hombres siguen agrediendo a las mujeres después de salir de la estación”, dice Valeria.
Las nuevas acciones de la Policía sobre realizar charlas, conversatorios y talleres son una manera de lavarse las manos ante el cierre de organizaciones de mujeres que enseñaban estos temas a la población, indica Valeria.
Según la defensora, todo el contenido enseñado en los planes de prevención de la violencia es el mismo creado por las organizaciones de mujeres durante décadas.
“Si ves las cartillas, los conceptos, las estrategias, las actividades, las formas de hablar es todo el trabajo de años de las organizaciones feministas de este país. Se robaron todas las ideas, copiaron y pegaron. Pero eso es nada más en el papel porque en las acciones reales siguen culpabilizando a las mujeres, las responsabilizan de la violencia que viven y protegen a los agresores”, expresa.
Además, las acciones de brindar charlas y conversatorios no le corresponden a la Policía, ya que debería de realizar investigaciones contra los denunciados, ejecutar planes de protección para las mujeres y ser la primera puerta de entrada para la justicia. Mientras que hay otras instituciones del Estado que sí deberían concientizar a la población.
“La Policía dejó de hacer el trabajo que le corresponde. No es trabajo de la Policía ir casa a casa para dar charlas. Es trabajo de la Policía atender integralmente a las mujeres en las Comisarías, responder sus casos, capturar a los agresores, pero prefieren hacerse pasar por trabajadores sociales”, dice Valeria.
Hasta principios de agosto se contabilizan 53 mujeres víctimas de femicidio en este 2023, de las cuales 37 de ellas fueron asesinadas en territorio nacional, de acuerdo con el observatorio de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD).
En este año CDD no podrá realizar el conteo de femicidios frustrados que el año pasado fue de 220, la cifra más alta registrada hasta la fecha. La razón por la que no podrán es debido a la persecución, judicialización y destierro contra las mujeres defensoras de derechos humanos por parte del régimen Ortega-Murillo.
