Mujeres defensoras, las otras víctimas del régimen de excepción

La imposición del régimen de excepción en El Salvador “ha provocado el aumento de cargas de cuidado para las mujeres”, “un deterioro en sus condiciones de vida y subsistencia”, y en otros casos, también han sido víctimas de “acoso y abusos sexuales por parte de policías y soldados”, así como de persecución y criminalización, reveló el informe Un año bajo el régimen de excepción, publicado por la organización de derechos humanos, Cristosal.

Según la oenegé salvadoreña, las mujeres son las que asumen la localización de sus familiares detenidos, la provisión de alimentos, medicamentos y la búsqueda de justicia. También son responsables del cuidado de niñas, niños, adolescentes y adultos mayores. Pero no solamente son un sostén para sus familiares, sino que se han convertido en proveedoras de los hijos de parientes de otros detenidos y de adultos mayores de su entorno.

Desde el 27 de marzo de 2022 el presidente, Nayib Bukele decretó la medida de emergencia en respuesta a un pico de violencia, que cobró la vida de 87 personas en tres días. El régimen ha sido cuestionado por la comunidad internacional por su naturaleza represiva y que facilita una sistemática violación a los derechos humanos.

Hasta abril 2023 se registran más de 66 000 detenciones, en su mayoría, arbitrarias, con el registro de sometimientos a malos tratos y tortura, violaciones flagrantes, desapariciones forzadas y la muerte de al menos 132 personas bajo custodia del Estado, señala un informe de Amnistía Internacional.

DETENIDAS EN DESAMPARO TOTAL

Sin embargo, también ha habido persecuciones contra las mujeres. Cristosal documentó casos de niñas, adolescentes y mujeres que fueron víctimas de acoso y abusos sexuales por parte de policías y soldados. En algunos casos, esa situación obligó a las familias a desplazarse o a enviar a las niñas y adolescentes a otros lugares para evitar que sean abusadas o detenidas por no ceder ante el acoso de los agentes de autoridad, indica el documento.

Por otro lado, muchas de las mujeres detenidas estaban embarazadas al momento de la detención y han dado a luz sin que sus familias sepan si su hijo o hija nació y cuál es el estado de salud de ambos. Otras mujeres fueron detenidas cuando estaban en la etapa posparto, es decir, que sus hijos o hijas quedaron al cuidado de familiares o terceras personas con pocos días de nacidos.

Entre las principales vulneraciones a los derechos de las mujeres afectadas por el régimen de excepción, Cristosal, señala la pérdida de recursos para su subsistencia y la de sus familiares dependientes; asignación adicional de tareas de crianza y de cuidados, particularmente a mujeres adultas mayores, quienes generalmente son madres y abuelas de las personas detenidas y no contar con recursos financieros y a cargo de niños y niñas de corta edad.

ATAQUE A DEFENSORAS DESDE EL DISCURSO

La denuncia de estas violaciones por parte de organizaciones de derechos humanos salvadoreñas e internacionales han provocado un ataque directo del Ejecutivo y todo su gabinete, especialmente, contra las defensoras. La narrativa impuesta es que apoyan a las pandillas y justifican sus crímenes. La activista Keyla Cáceres, encargada de incidencia política de Colectiva Amorales, explica que persiste una campaña de odio y miedo.

Con la suspensión de las garantías constitucionales por el régimen de excepción “todas las personas estamos sometidas a la detención arbitraria en cualquier momento de nuestra vida, y eso nos lleva a una situación peligrosa”, advierte Cáceres.

Amnistía Internacional apunta que funcionarios públicos del más alto nivel han acusado a organizaciones de derechos humanos de estar a favor de la delincuencia generada por pandillas. Ruth López, jefa de anticorrupción y justicia de la organización Cristosal, asegura que existe una criminalización contra las defensoras y periodistas, que inicia con el discurso de odio promovido por el Gobierno en las redes sociales.

“Es el mecanismo que ha utilizado el Gobierno para deslegitimar y desacreditar la labor de defensa de Derechos Humanos”, expresó. El régimen suspende el derecho a recibir información sobre los motivos de la detención y no ser obligado a declarar y tener acceso inmediato a la defensa técnica, amplía a 15 días el plazo para la detención administrativa, dejando sin efecto la garantía de la inviolabilidad de la correspondencia y las telecomunicaciones, además de la presunción de inocencia y la inviolabilidad de la morada, detalla un informe de Cristosal a un año de la medida.

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Si bien con la imposición del régimen de excepción se marca un antes y un después en materia de derechos humanos en El Salvador, el Gobierno de Bukele ya había dado visos de su autoritarismo. Lo hizo el 9 de febrero, al aparecer en la Asamblea Legislativa escoltado por soldados armados, exigiendo a los parlamentos la firma de un préstamo para su estrategia de seguridad. Luego, vino la coaptación de los poderes judiciales y legislativo, que ha permitido la aprobación sin cuestionamientos de sus iniciativas.

La pandemia, dice López, fue otro momento en el que se vulneraron muchos derechos humanos. Nuevamente, las y los defensores de DD. HH. denunciaron los abusos, pero el Gobierno reaccionó a la defensiva, señalándolos de alentar más muertes; más polarización en medio de una emergencia sanitaria. “El deterioro –de DD. HH.- fue vertiginoso. No inicia con el régimen – de excepción-. Este viene a funcionar como un mecanismo de control social sobre un sistema que había sentado sus bases”, expresó la abogada de Cristosal.

En 2022 la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos registró la detención de seis lideresas comunitarias del municipio de Jiquilisco en Usulután en el contexto del régimen de excepción. Las autoridades las privaron de su libertad en sus hogares sin dar los motivos de su aprehensión.

Y durante estos 16 meses, Bukele ha mantenido mensajes acusatorios contra los defensores, similares a este: “Ha quedado claro quiénes son los socios de los pandilleros. Todos han salido a defenderlos. Financistas, narcos, políticos y jueces corruptos. Ong´s de “derechos humanos”, la “comunidad internacional, la CIDH, periodistas y medios de Open Society. Se quitaron la máscara”, señaló el 3 de abril de 2022.

Para Cáceres, la llegada de este Gobierno representó mayor persecución contra los defensores. Y desde su perspectiva, El Salvador no había sufrido una crisis de DD. HH. “tan fuerte” como la actual.

“Hay un retroceso en materia legal de –derechos de las- mujeres y sobre todo, en políticas públicas dedicadas a la prevención de la violencia”. Esto es importante, apunta la activista y feminista, porque en vez de mantenerse las garantías ganadas, “vamos retrocediendo y se nos van quitando los derechos conquistados”, expresó.

EN RUTA A CONVERTIRSE EN OTRA NICARAGUA

Las organizaciones defensoras en El Salvador aún pueden trabajar en su país, pero saben que “estamos en ese tránsito” hacia una situación similar a la de Nicaragua –donde se ha generado un desmantelamiento de la sociedad civil organizada-, señala López. “Hay defensoras que hemos decidido quedarnos” porque “tenemos una responsabilidad social frente al ejercicio de un derecho”, expresó. Esto es “una decisión de vida y de contribuir a la sociedad”, sostuvo.

Cáceres señala que existe un “miedo interiorizado y simbólico”. Pasa esto porque una llamada, una denuncia anónima puede detonar un arresto y con ello, una condena de hasta 20 años de cárcel para cualquiera “Hay una autocensura porque hay que cuidar lo que vas a decir, saber que no podés denunciar la corrupción porque hay una persecución permanente”, sostuvo.

No solo es la coaptación de los derechos constitucionales que son vetados por el régimen de excepción, sino un mecanismo de agresión que cruza de las redes sociales a la realidad. Al publicar un comentario en una red social en contra del gobierno, “automáticamente te caen miles de cuentas troles”, apunta Cáceres. Los troles intimidan a la persona, diciéndoles que irán a buscarlo, que saben su dirección domiciliar o que llamarán a la Policía y etiquetan a la institución.

Ambas defensoras coincidieron en la necesidad de seguir su trabajo, pese a los riesgos que impliquen.

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Este reportaje ha sido preparado en el marco de la campaña de sensibilización e información: ¡Tengo derecho a defender derechos! que desarrolla la Asociación de Mujeres Malvaluna en el marco del proyecto: Fortalecimiento de la protección y seguridad de personas defensoras de derechos humanos de Centroamérica con el financiamiento de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional al Desarrollo (Aexcid).