Las oficinas de la Alianza Cívica por al Justicia y la Democracia (ACJD) y la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), en un edificio de Managua, sufren de asedio por la Policía orteguista. Los opositores miembros de la recién formada Coalición Nacional señalaron que los oficiales del régimen de Daniel Ortega obligaban a los visitantes a entregar sus identificaciones. 

“Policías y antimotines bajaron a la gente de sus vehículos, les pidieron sus identificaciones y los buscaron en una lista, según nos informan miembros de la Unidad”, denunció Olama Hurtado, miembro de la Unidad Nacional.

Agregó que a las personas que no llegan en vehículo los agentes orteguistas proceden a perseguirlas, las fotografían y las sigue hasta ver a qué oficina ingresan.

Hurtado explicó que -por motivos de seguridad- ante el asedio tuvieron que suspender todas las actividades que tenían programadas.

“Tememos por la seguridad de las personas que nos visitan o se reunen con nosotros aquí en nuestras instalaciones”, apuntó la opositora.

DICTADURA SIGUE ASEDIO A OPOSITORES

La escalada de asedio en contra de los opositores de la Coalición Nacional inició el pasado 22 de febrero, luego que el comentarista Jaime Arellano junto con Lolo Blandino anunciaran una convocatoria para marchar el 25 de febrero.

Hurtado explicó que como organización les “preocupa la escalada de la represión que hemos visto desde el fin de semana”, no obstante, aseguró que ese tipo de acciones orteguistas solo “muestra el miedo que tiene el régimen a que nos organicemos, el miedo que tiene el régimen a esta nueva unidad y a esta nueva coalición que siete representantes de la política nicaragüense firmaron”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló, a través de su cuenta de Twitter, tener conocimiento del asedio que sufren los opositores miembros de la Coalición Nacional, mismos a los que se les ha impedido salir de sus casas, únicamente, para que no participen de manifestaciones contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Es por ello que la CIDH ha reiterado al Estado de Nicaragua que el ejercico de reunión, a través de la protesta social, “no deben someterse a una autorización de las autoridades, ni requisitos excesivos que dificulten su realización”.

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La Lupa Nicaragua