La improvisación de un “plan especial” del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para contrarrestar los femicidios en Nicaragua es una respuesta tardía que no aborda de forma integral el problema y no ayuda a ponerle fin, por el contrario “la situación sigue empeorando”, considera una feminista consultada por La Lupa.
“Luisa” es una defensora integrante de la Red de Mujeres Contra la Violencia (RMCV) y explica que en el país “no hay una ruta de protección específica que se conozca a nivel nacional para proteger a las mujeres”.
“En realidad no sé de qué plan hablan, nadie lo conoce. Nosotras que vivimos actualizándonos no conocemos de este plan (…) La violencia contra las mujeres y los femicidios es un problema que necesita de estrategias en diferentes ámbitos o dimensiones, y en este momento no hay una coordinación, no hay justicia para las mujeres, poco acceso y el acompañamiento que tenían las organizaciones para las mujeres ya no existe”, manifestó “Luisa”.
El 6 de mayo de 2024, dos menores de edad quedaron en la orfandad. A su madre, una joven de 25 años identificada como María Saraí Berríos, la asesinaron a cuchilladas. A su victimario lo identificaron como Julio César Vega, quien posteriormente se suicidó.
El crimen que ocurrió en el barrio Milagro de Dios, en Managua, es el último que reporta el observatorio Voces contra la violencia del organismo Católicas por el Derecho a Decidir (CDD). Hasta ese día, se reportan 37 femicidios en todo el país.
Dos días después del asesinato en el barrio Milagro de Dios, Rosario Murillo apareció en los medios oficialistas señalando que existe un “plan especial” que se ejecuta desde el Instituto de la Mujer y desde las Comisarías de la Mujer.
Según Murillo, están trabajando para ver cómo inciden más “en la vida cotidiana”.
“Vamos a trabajar para ver qué más se puede hacer en el día a día, recordemos que una cultura de siglos no se puede cambiar en pocos años o meses, pero tenemos la obligación de avanzar y de procurar los cambios indispensables”, dijo Murillo, sin explicar en qué consiste o cómo se ejecutará el plan.
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En Nicaragua, según “Luisa”, hay un “retroceso” bien marcado en materia de defensa de derechos de las mujeres.
“Podrá haber un plan, una cartilla de prevención de femicidios, podrán prepararse a nivel partidario ciertas estructuras para tocar el tema de la violencia y los femicidios, pero es muy poco para lo que se tiene que hacer”, afirma.
Y agrega que cualquier estrategia que se impulse para frenar la violencia que viven las mujeres en Nicaragua, “debe ser sostenible, sólida y bien pensadas, consultadas y coordinadas con otros sectores”.
La Ley integral contra la violencia hacia las mujeres o Ley 779, ha tenido tres reformas sustanciales desde su aprobación en enero de 2012, que según defensoras de derechos de las mujeres, las ha dejado desprotegidas.
Durante la primer semana de mayo, se reportaron ocho femicidios en Nicaragua, y tras conocerse esa situación el régimen sacó una serie de estadísticas para hacer creer que desde las Comisarías de la Mujer se presta atención a la violencia.
Justo en esa semana fatal para las mujeres, entre el 2 y el 8 de mayo, según el régimen, un total de 12,317 madres de familias de los 153 municipios de Nicaragua, fueron visitadas por oficiales de las Comisarías de la Mujer que interactuaron a través de 8,468 asambleas comunitarias.
En este periodo, refieren recibieron 9 denuncias que “atentan contra la dignidad”, 5 delitos y 4 faltas penales. Solo en cuatro de los casos, los agresores fueron capturados por efectivos policiales.
Las organizaciones defensoras de derechos de la mujer consideran que la imposición de la «mediación», han desvirtuado objetivo de Ley 779. La mediación, una palabra que se menciona al menos 23 veces en el artículo 46 de la Ley 779.
“El llamado es a la sociedad nicaragüense para que no acepte más esos discursos fundamentalistas, conservadores que les dicen a las mujeres que se callen, que no protesten o que no denuncien para mantener una falsa armonía en el hogar», insiste la socióloga y feminista, María Teresa Blandón, en entrevista con La Lupa.
Para la socióloga y feminista, el problema es complejo y no ayuda el actual sistema legal del país.
«Si no hay una ley, porque la ley que teníamos, la 779, la desbarataron y si tenes falta de solidaridad cuando ves a una mujer víctima de violencia, el problema tiene muchas aristas”, enfatiza.
“Luisa” lamenta el cierre de organizaciones se dedicaban a la defensa y promoción de los derechos humanos, entre ellas, derechos de los niños, niñas y adolescentes, las mujeres y de pueblos indígenas en Nicaragua.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe sobre el Cierre del Espacio Cívico en Nicaragua, estima que de 3,390 organizaciones canceladas entre el 18 de abril de 2018 y el 31 de agosto de 2023, un 10%, es decir 156 organizaciones ejercían esa función.
“Ya aquí no hay organizaciones de mujeres y eso es una gran desventaja y un retroceso muy grande”, afirma “Luisa”.
