Las personas LGBTIQ+ en Costa Rica experimentan niveles más altos de trastornos de salud mental con intentos de suicidios en las personas más jóvenes, señala el informe preliminar de la Relatora Especial de la ONU sobre el derecho a la salud, Tlaleng Mofokeng, durante su visita de 10 días a dicho país para evaluar el acceso universal a la salud.
Esto es resultado de la violencia, la discriminación y el rechazo generalizado que enfrentan las personas de la diversidad sexual en la sociedad costarricense, incluso dentro de sus familias y sus comunidades.
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Las disparidades de salud mental en las personas LGBTIQ+ comparado al resto de la población responden a los prejuicios y abusos generados por la exclusión de los sistemas de salud, sociales, educativos y las economías formales, en los cuales la mayoría de las personas sí disfrutan de protección profesional y personal, explica Mofokeng.
La relatora destaca su preocupación sobre la falta de penalización de las terapias de conversión, ya que esto expone a las personas de la diversidad a una violencia institucionalizada que queda impune. “Subrayo que este es un asunto de urgencia que debe abordarse”, señala Mofokeng.
Las terapias de conversión se refieren a diferentes intervenciones que tiene por objetivo cambiar la orientación sexual de una persona o su identidad de género. Y pueden basarse en intervenciones psicoterapéuticas, prácticas médicas o actuaciones basadas en la fe y la religión.
Sin embargo, estas son prácticas «inherentemente discriminatorias, crueles, inhumanas y degradantes y que, según el grado de dolor físico o mental infligido a la víctima, pueden equivaler a formas de tortura», de acuerdo a la ONU.
Estas se manifiestan muchas veces en abusos físicos, psicológicos y sexuales, electrocución, medicación forzada, aislamiento, confinamiento, entre otros métodos. Y es necesario su prohibición debido a lo extendidas que son sus ejecuciones.
La penalización del aborto en Costa Rica son de naturaleza discriminatoria, restringen la autonomía e interfieren con la relación médico-paciente, advierte Mofokeng. Esta es una forma de discriminación basada en el género y afecta el acceso a los servicios de salud para preservar la vida de las mujeres y complica el acceso a la información.
En Costa Rica solo se permite el aborto por motivos de salud y los requisitos para realizarse este procedimiento son altamente restrictivos, ya que se necesita la autorización de comités o paneles médicos y tiempos de espera obligatorios. Si las mujeres acceden de otra manera al aborto podrían enfrentarse a penas de cárcel entre uno y tres años.
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«La moralidad pública y las creencias religiosas no pueden servir de justificación para la promulgación o aplicación de leyes que den lugar a violaciones de derechos humanos», sostiene la relatora.
Mofokeng destaca que en Costa Rica prevalece un contexto de violencia sexual y basada en género contra las mujeres, que tiene como consecuencia embarazos no deseados, abortos inducidos, problemas ginecológicos, complicaciones obstétricas, infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH.
Además, las mujeres, niñas y adolescentes sufren afectaciones mentales como ansiedad, trastornos depresivos, aumento del uso indebido de sustancias y suicidios. Por lo que es necesario que el Estado costarricense elimine las restricciones penales relativas al aborto y garantice este servicio de salud.
«La obligación de respetar, proteger y cumplir el derecho a la salud requiere que los Estados se abstengan de aplicar prácticas discriminatorias como política de Estado; y de imponer prácticas discriminatorias relacionadas con el estado de salud y las necesidades de las mujeres», expresa Mofokeng.
Estas son algunas de las principales observaciones del informe preliminar del acceso universal a la salud en Costa Rica y hasta junio del próximo año la Relatora Especial presentará su informe final con recomendaciones claves frente al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
