La distribución de gastos de los hijos e hijas es injusta entre padres y madres, pues las madres son las que asumen la mayoría de los costos de manutención.
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Los C$1,340 córdobas mensuales que “Isabela” recibía de pensión alimenticia por parte del padre de su hija de un año, no eran suficientes ni para cubrir la mitad de los gastos totales que generaba la menor. Así que relata debía asumir la mayoría, pese a que en ese momento no contaba con trabajo fijo, y sus ingresos los conseguía planchando ropa y trabajando esporádicamente como contadora.
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El dinero que le daba el papá de su hija, solo ajustaba para comprar un tarro de leche jumbo de C$560 córdobas, una caja de cereal de C$210, una bolsa de pañales de C$320 y una bolsa de galletas de C$52. De eso, le sobraban poco más de C$100 córdobas que los guardaba para cualquier emergencia.
Aunque la niña en realidad ocupaba más de un tarro de leche, una caja de cereal, una bolsa de pañales y una bolsa de galletas al mes, Isabel poco podía hacer con los C$1,340 córdobas mensuales que recibía. No obstante, ese fue el monto asignado durante el juicio de alimentos, ya que la Ley 870 (Código de Familia) establece como pensión el 25% de los ingresos netos del padre cuando es un solo hijo/a, sin tomar en cuenta el contexto económico de los menores y de la madre.
En 2016, Isabela decidió demandar a su expareja para que este se responsabilizara de su paternidad, puesto que desde el nacimiento de la niña (cuando se separaron) hasta el primer año de vida, solo colaboró tres veces con mil córdobas o dos mil para su manutención.
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“Yo le había dicho a él que me apoyara con la niña porque él lo hacía a capricho y solo tres veces en el año lo hizo. Él donde trabajaba ganaba 16 mil córdobas, y yo estaba sin trabajo desde que la niña tenía tres meses, y solo la mantenía con mi liquidación hasta que cumplió el año. Cuando se acabó mi liquidación, lo amenacé con demandarlo y lo hice”, expresa.
Sin embargo, cuando Isabela le avisó de la demanda, él cambió de trabajo y pasó de ganar C$16 mil córdobas a ganar el salario mínimo, es decir, C$6,200. Así que durante el juicio de alimentos solo consiguió lo mínimo a favor de su hija. También lo demandó por un año de retroactivo, que fueron C$12 mil córdobas según el juez; pero el hombre solo pagó C$1,800 córdobas, y solo cumplió con 6 meses de pensión.
Al negarse a cumplir el derecho de la niña a pensión de alimentos, Isabela tuvo que solicitar una acta de no cumplimiento y una orden de embargo de salario. Si bien lo consiguió en septiembre de 2019, no sirvió de mucho, puesto que el padre de su hija se había arreglado con su empleador para que no le dedujeran lo correspondiente para la manutención de su propia hija.
“Yo le dije al administrador que las órdenes judiciales son de cumplimiento obligatorio, y lo amenacé con meter un escrito en los juzgados donde lo acusaba de incumplir con la orden. Al final aceptó darme el dinero, pero en diciembre fue la última vez que retiré. En enero de 2020 fui y me dijeron que él ya no estaba trabajando y no dedujeron el 25% de su liquidación”, indica Isabela.
Al final solo recibió cuatro meses de pensión luego del embargo salarial, pese el artículo 323 del Código de Familia prohíbe al alimentante renunciar a su trabajo para no cumplir con su obligación.
Ante las constantes negativas del padre de su hija y el desgaste que suponía hacer diligencias legales en las instituciones, Isabela decidió no continuar exigiendo la pensión de alimentos al hombre y seguir manteniendo a su hija sola, como siempre lo había hecho.
Hoy la niña tiene casi siete años, e Isabela la logra mantener con sus dos trabajos, el primero como cajera de una óptica y el segundo como vendedora en el mismo lugar, donde gana por comisiones. Para esto, trabaja en una jornada de 12 horas la mayoría de los días, desde las ocho de la mañana hasta las ocho de la noche, pero asegura que si no lo hiciera, no podría asumir los gastos.
“Marisol” es otra madre que no logra cubrir ni la mitad de los gastos de su hija de 11 años con la pensión alimenticia que recibe, pese a que el Código de Familia establece la igualdad de responsabilidades entre padres y madres.
Desde la separación con su expareja en 2018, recibe 5 mil córdobas mensuales, pero sus gastos totales en el hogar superan los 13 mil córdobas. Además, él no se hace cargo de los gastos que se supone deben ser compartidos como la vestimenta y la recreación. Así que Marisol debe asumir la mayoría de los costos vendiendo ropa y algunos productos para poder cubrir las necesidades de su hija y las de ella, puesto que no tiene empleo fijo.
“Y encima tengo que estarle recordando todas las quincenas que me pase el dinero, o no me lo pasa los propios días de las quincenas, sino hasta días después, y se me complica pagar los servicios básicos”, señala. A parte del monto mensuales, su expareja se hace cargo de la mensualidad del recorrido y del colegio, pero no de los gastos extras como proyectos escolares, ferias o retiros, que son obligatorios.
El dinero que el padre de su hija le da, no representa ni el 25% de sus ingresos netos como establece la ley, sino mucho menos. Actualmente él trabaja como ingeniero en un banco de prestigio de Nicaragua donde gana no menos de $700 dólares, y cuenta con dos taxis que generan C$500 córdobas cada uno diariamente.
“Él nunca me ha dicho sus ingresos reales. Nunca me lo dijo cuando estábamos juntos, ahora menos que estamos separados. Él solo en los taxis debería de darme C$7,500 realmente, sin contar su salario en el banco, que no sé cuánto es exactamente”, indica.
Según cuentas de Marisol, el 25% de sus ingresos totales serían C$13,800 córdobas mensuales en realidad, y no y los C$5 mil córdobas que le da.
Otra situación que Marisol destaca, es que durante cuatro años ha estado recibiendo el mismo monto por parte del padre de su hija, pero los productos en el supermercado así como de los servicios básicos han aumentado año tras año. “No me alcanza para nada. Yo sigo gastando lo mismo en el súper, pero los productos que consigo son menos. Ni siquiera compro cosas inútiles, sino que todo es necesario”, indica.
Lo que dice Marisol es verdad, los últimos cuatro años el costo de la vida en Nicaragua ha aumentado con creces, pero los ingresos de las familias se mantienen iguales. En diciembre de 2018 la canasta básica valía C$13,564.66 córdobas, según el Banco Central de Nicaragua, y hasta julio de este año, la misma valía C$17,842.77. Es decir, un aumento del 32%, C$4,278.11 córdobas de diferencia.
Esto mismo ocurre con las madres que han recibido el mismo monto durante años, así que ellas tienen que asumir esa diferencia, siendo una distribución de gastos injustas y no igualitaria, como señala el Código de Familia.
