Parlamento Europeo exige más sanciones para la dictadura Ortega-Murillo
El documento además condena la decisión orteguista de deportar y despojar de la nacionalidad a más de 300 nicaragüenses y será sometida a votación el próximo 15 de junio
El documento además condena la decisión orteguista de deportar y despojar de la nacionalidad a más de 300 nicaragüenses y será sometida a votación el próximo 15 de junio
Diputados del Parlamento Europeo debatieron este martes, 13 de junio, un proyecto de resolución en el que urgen más sanciones para la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo y sus cómplices, que siguen sometiendo al pueblo nicaragüense a una “brutal represión”. Además, condenan el despojo de la nacionalidad de más de 300 nicaragüenses, exigen libertad para las más de 40 personas presas políticas que mantiene el orteguismo, y urgen el respeto a los derechos humanos y el restablecimiento de la democracia en el país.
La Unión Europea (UE), desde octubre de 2019, mantiene sancionadas a 21 personas y tres instituciones cómplices de la dictadura orteguista, entre estos: la vicepresidenta y vocera del orteguismo Rosario Murillo y sus hijos Juan Carlos, Camila y Laureano Ortega Murillo, además de la Policía Nacional, el Consejo Supremo Electoral (CSE) y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor).
Todos estos sancionados no pueden viajar a ningún país de la UE, tienen inmovilizados sus bienes en Europa y no pueden hacer negocios con los ciudadanos y empresas europeas, pues estos tienen prohibido poner fondos a su disposición.
Josep Borrell, representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, estuvo presente durante el debate de la resolución, que será sometida a votación el próximo 15 de junio, y aseguró que comparten la “preocupación por la situación que ha continuado” en Nicaragua en materia de derechos humanos, reiterando que a postura que mantienen es “clara y ha sido coherente a la hora de condenar la represión sistemática de los ciudadanos nicaragüenses”.
“Reiteramos nuestro compromiso con los ciudadanos nicaragüenses, con la defensa de la democracia y de los derechos humanos. Continuaremos dando seguimiento a la situación del país”, indicó.
La eurodiputada María Soraya Rodríguez Ramos, del Grupo Renovar Europa, durante el debate recordó que las sanciones impuestas cumplieron dos años desde que fueron aplicadas, y extendidas hasta octubre de este año, y desde entonces las cosas en Nicaragua “no han hecho más que empeorar”.
La funcionaria denunció que, en febrero pasado, más de 300 nicaragüenses fueron víctimas de muerte civil, impuesta por el orteguismo, que les despojó de sus nacionalidades, les confiscó sus bienes y les canceló sus títulos profesionales.
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“Tenemos que hacer más por Nicaragua y en está resolución lo pedimos. Hay que dictar más sanciones, hay que sancionar a Ortega, a los jueces que están dictando estas sentencias contrarias a los máximos principios de derechos humanos a nivel internacional, hay que abrir las vías de la jurisdicción universal en los países de la Unión Europea para acabar con la impunidad y, en la próxima cumbre Unión Europea-CELAC se tiene que pronunciarse concretamente sobre la violación a los derechos humanos en Nicaragua”, apuntó Rodríguez Ramos.
La diputada Tilly Metz, del Grupo de los Verdes, también señaló que en Nicaragua “la situación de derechos humanos empeora día a día”, razón por la que, apuntó, demandan que se “revoque la decisión de despojo de nacionalidad, se ponga fin a la persecución de la disidencia en el país, y se libere a todas las personas que siguen encarceladas por motivos políticos”.
Además, abogó por “más sanciones” para el orteguismo, que incluyan a “jueces”, que están dictando y apoyando condenas, confiscaciones, y despojos de nacionalidades.
El diputado Leopoldo López Gil, del Grupo Partido Popular Europeo condenó las acciones del régimen Ortega-Murillo, recordando que estas incluyen, además del despojo de las nacionalidades, el cierre de más de 3,000 oenegés, la persecución de periodistas, religiosos, estudiantes, y el cierre de medios de comunicación.
La eurodiputada y vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charanzová, del Grupo Renovar Europa, apuntó que desde 2018 la represión que ha impuesto el régimen orteguista “se recrudece”, incluso contra representantes de la UE, uno que el año pasado fue expulsado de Nicaragua y otro que fue rechazado para asumir en la sede en Managua.
“Activar la cláusula democrática con Nicaragua no debería de ser un debate ¿cuántas resoluciones hacen falta para que suspendamos el acuerdo con Nicaragua”, increpó la funcionaria ante el representante de la UE.
El eurodiputado Hermann Tertsch, del Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos, también recordó que en tan solo año y medio el Parlamento Europeo ha impulsado cuatro resoluciones, incluyendo la resolución en debate, por la brutal represión en Nicaragua, e insistió en que en todos estos debates de la situación en ese país se ha abogado por la aplicación de la cláusula democrática, que, apuntó, “no debería ser un debate”, cuestionando «¿Cuántas violaciones hacen falta para que suspendamos ese acuerdo?».
El parlamentario Gabriel Mato, del Grupo Partido Popular Europeo, también resaltó la necesidad de más sanciones contra el orteguismo y apuntó que la UE «no puede quedar retratada con la dictadura en la próxima cumbre Unión Europea-CELAC», abogando porque se «coordinen esfuerzos con otros gobiernos democráticos para aislar internacionalmente más a está dictadura».
El eurodiputado Mato también cuestionó «¿Cuánto más debemos esperar para activar la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación Comercial que Nicaragua debe cumplir?», resaltando que organismos internacionales defensores de derechos humanos, como la Organización de Naciones Unidas (ONU), incluso han señalado al régimen orteguist de crímenes de lesa humanidad, de violentar todo tipo de derechos y libertades en el país.