En un "juicio secreto" y lleno de ilegalidades, la justicia orteguista declaró culpables a los presos políticos Yader Parajón y Yaser Muhamar.
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Desde que a Yader Parajón lo detuvieron arbitrariamente el 4 de septiembre de 2021, Miguel Parajón, su papá, va a dejarle comida y agua todos los días a la Dirección de Auxilio Judicial Evaristo Vázquez (DAJ), mayormente conocido como el centro de torturas “el Nuevo Chipote”. En ocasiones la policía orteguista le acepta la comida, otras veces no.
No importa si a Miguel le da una crisis de salud, como le suele ocurrir porque es un señor de la tercera edad, siempre se moviliza a «el Nuevo Chipote» para saber del único hijo que tiene, ya que la dictadura asesinó a su hijo mayor, Jimmy Parajón, el 11 de mayo de 2018 durante las protestas ciudadanas contra la dictadura Ortega-Murillo.
Yader Parajón, “su muchacho”, a como le suele llamar es la única familia que le queda. Sin embargo, la jueza orteguista Ulisa Yahoska Tapia Silva lo declaró culpable por el supuesto delito de cometer «menoscabo a la integridad nacional» el pasado primero de febrero; en un juicio de tan solo una audiencia, a puertas cerradas y con un fuerte despliegue de antimotines alrededor de la DAJ, donde se llevó a cabo sin garantías, ni condiciones de legalidad.
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“Yo ya no sé qué hacer. Mi chavalo es inocente, no ha hecho nada malo, él no tiene nada que pagar con esta gente. El delito es que está en contra de ellos (la dictadura) y como fue estudiante de la UCA (Universidad Centroamericana) es el problema que tenemos. Al otro (hermano) lo mataron y desde entonces lo tacharon. Solo mierdas inventan. Ya lo enjuiciaron los Ortega y solo está esperando la sentencia, pero le van a poner los años que ellos quieran. Aquí estamos todos agarrados por los Ortega, él dice «yo mando aquí , yo tengo las armas y nadie me va a decir nada» ¿A dónde agarro yo? ¿A dónde agarra mi muchacho?”, manifiesta Miguel Parajón.
La sentencia del juicio se dará a conocer el 4 de febrero, sin embargo, la Fiscalía solicitó la pena máxima para el delito que se le imputa falsamente, que son de 10 a 15 años, según la abogada y defensora de derechos humanos, Vilma Núñez. Durante los “juicios secretos” se prohibió la entrada a familiares y periodistas, y a la defensora de Parajón, Eliescar Vallecillo, se le prohibió cualquier comunicación, señala Núñez.
Desde su última captura, Parajón ha sido objeto de torturas según comunicados de familiares. Lo último que supo Miguel Parajón sobre su hijo, es que está mucho más delgado y que se encuentra en una celda de castigo de 2×2 metros, totalmente sellada y tiene permanentemente luces encendidas para privarle de su sueño.
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En el mismo juicio también se declaró culpable a Yaser Muhamar, quien fue detenido el 6 de noviembre, un día antes de los comicios fraudulentos. Se le acusa por los supuestos delitos de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” y por “propagación de noticias falsas”.
La Asociación Madres de Abril (AMA) denunciaron la impunidad y la nueva ola de crímenes de lesa humanidad que el régimen Ortega Murillo contra las personas presas políticas, y particularmente contra Miguel Parajón y Yader Parajón, miembros fundandores de la asociación.
«Nos solidarizamos con todos los familiares de presas y presos políticos, pero hoy en particular, con don Miguel Parajón y su hijo Yader Parajón, miembros fundadores de la Asociación Madres de Abril (AMA). Quienes no han cesado de exigir justificia por el asesinato de Jimmy Parajón (hijo y hermano respecticamente) el 11 de mayo de 2018, tras el ataque de fuerzas policiales y paramilitares a la UPOLI. Su justa demanda de Justicia, Verdad, Reparación y no repetición es la razón por la cual el régimen ha detenido a Yader Parajón», se lee en su pronunciamiento.
«Don Miguel Afirma: «Yo soy el papá de Jimmy que fue asesinado. A nosotros nos persiguen por pedir justicia. Yo quiero que mi muchacho aparezca porque es el único que me queda, al otro me lo mataron. Me encuentro desesperado»», señala AMA.
Las madres de abril también denuncian las ilegalidades con las que el juicio de Yader Parajón se llevó acabo, es decir, secuestro, incomunicación y detención arbitraria de cinco meses. Y exigieron el regreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Mecanismo de seguimiento de Nicaragua (MESENI), Misión de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), y una nueva misión del GIEI para la investigación y documentación de los crímenes de lesa humanidad.
Para Núñez, directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), los juicios son una nueva etapa de la represión y no tienen ninguna validez, ya que contuvieron imputaciones delictivas falsas, no se cumplió ningún procedimiento, por lo que estuvieron desprovistos de cualquier legalidad que compromete la integridad del juicio.
“No podemos decir que se realizó un juicio como se ha publicitado, sino que asistimos a una nueva etapa de la represión que le dio continuidad a todas las ilegalidades, arbitrariedades y tortura persecutoria desde que anunciaron el momento de las capturas, que también fueron ilegales y continuaron con su permanencia de tratos crueles, inhumanos y degradantes”, explica la defensora.
Según Núñez fue “prácticamente una prolongación de todas esas ilegalidades y que son actitudes persecutorias. Los muchachos que fueron procesados asistieron a una nueva sesión de tortura psicólogica, tanto para ellos como para sus familiares, e incluso para la gente que está dándole seguimiento a la situación”.
El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca más + denunció que el juicio fue absolutamente arbitrario, inconstitucional, intimidatorio y nulo. Y señaló que el Ministerio Público además de haber lesionado la dignidad de las personas detenidas, es un instrumento represivo que adopta facultades más allá de las que otorga la Constitución Política, el Código Procesal Penal del país y su propia ley orgánica.
Los juicios se realizarán en todo el mes de febrero, donde las próximas personas procesadas serán: Ana Margarita Vijil, Dora María Téllez, Léster Alemán, Alexis Peralta, Miguel Mora, Suyen Barahona, Miguel Mendoza, José Antonio Peraza, María Oviedo, Mauricio Díaz e Irving Larios, entre otras personas presas políticas.
